Uribe ofreció curules sin condiciones a ‘paras’ y guerrillas

El pasado parece seguir siendo el peor aliado del expresidente Álvaro Uribe en su cruzada contra el proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en La Habana.

La semana pasada en el Congreso se revelaron los múltiples intentos que adelantó su gobierno en el empeño de llevar a la guerrilla a la mesa de diálogo, incluso con múltiples ofrecimientos. Ahora, el senador Roy Barreras (La U), escarbó en el referendo que impulsó Uribe en el año 2003, y encontró un capítulo relacionado a la participación en política de los miembros de grupos armados ilegales que decidieran desmovilizarse.

La propuesta con que el entonces mandatario quería garantizar la reincorporación de los ilegales era tan “audaz, generosa y hasta agresivo” que el senador oficinista la calificó como un “mico” que quería meter en el texto del referendo.

En el numeral sexto de Ley 796 de 2003, por la cual se convoca a un referendo y se somete a consideración del pueblo una Reforma Constitucional, decía lo siguiente:

Parágrafo. Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del gobierno, este podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.

El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al Presidente de la República.

Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal.

La lectura textual de este artículo, según Barreras, significa una propuesta “bastante audaz”, porque no solo ofrece circunscripciones especiales a los desmovilizados, nombramiento de congresistas directos por parte del presidente, y se podrán nombrar, incluso, sin tener en cuenta antecedentes penales ni inhabilidades vigentes.

“Uribe iba a entregar todo a cambio de nada”, explica el senador, pues el ofrecimiento se produjo antes de una negociación con grupos ilegales. La propuesta fue aprobada por el Congreso, pero después la Corte Constitucional la tumbó por no estar ajustada a la Constitución.

Paradójicamente el magistrado que tumbó ese artículo en el año 2003 fue el entonces magistrado Eduardo Montealegre, el mismo que hoy, como fiscal general, ha defendido una tesis también audaz sobre las penas que deberían pagar guerrilleros desmovilizados, a tal punto que ha defendido la idea de indultos y amnistías hasta por delitos de lesa humanidad.

Roy Barreras recuerda que esta propuesta no era exclusiva para las FARC y el ELN, sino que incluía a las autodefensas que en ese entonces era el único grupo armado ilegal que se encontraba en un proceso de paz con el gobierno.

El senador también advierte que hay grandes diferencias entre las curules que ofrecen actualmente el presidente Santos y la que pensó en su momento Uribe. La principal, que las circunscripciones de paz acordadas en La Habana “serán elegidas mediante voto popular”.

El expresidente Álvaro Uribe no tardó en responder las nuevas acusaciones de Barreras. Y para ello utilizó un texto de su exministro Fernando Londoño, quien fue el padre del referendo que Uribe puso a consideración de los colombianos y que fue derrotado en las urnas.

Con este documento aseguró que “entre la propuesta de Santos y la nuestra hay diferencias abismales”. Textualmente este es el pronunciamiento del jefe del Centro Democrático:

Primera: las circunscripciones del 2.003 se establecerían por una sola vez y por una sola vez se podrían nombrar directamente representantes, diputados o concejales.

Segunda. Los grupos armados con quienes se haría el acuerdo, ya estarían desmovilizados, es decir sin armas y a discreción del Estado.

Tercera: El Presidente podría eximir a esos grupos de determinadas inhabilidades. Pero no podría decretar amnistías ni indultos, facultad del Congreso que no se tocaba.

Cuarta: no se tocó la inhabilidad del Congreso mismo para amnistiar o indultar por delitos distintos de los políticos. Luego los candidatos a esas circunscripciones o los representantes, diputados o concejales escogidos por el Presidente, por una sola vez, en ningún caso podían haber sido condenados por delitos distintos de los políticos. Ni hablar de delitos atroces o de lesa humanidad.

“En suma, la propuesta del 2003 se refería a grupos armados ya desmovilizados, para que pudieran elegir o ser nominados a corporaciones públicas por una sola vez y siempre y cuando no hubieren cometido delitos distintos de los que llamamos políticos, vale decir, de rebelión, sedición o asonada”. Firma Fernando Londoño.

A pesar de estas explicaciones el texto escrito e incluido en una de las preguntas del referendo no da lugar a mayores interpretaciones.