Uribismo denuncia ante la ONU la violación de 11 derechos

Varios emisarios del Centro Democrático sorprendieron este lunes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza). Entregaron un voluminoso fólder de más de 2.000 folios en el que relacionaban con todo detalle los hechos por los cuales consideran que en Colombia son víctimas de una persecución política por el hecho de ejercer oposición al Gobierno.

Aunque en el país la tesis de una persecución contra el uribismo ha sido rechazada por el Gobierno y es vista por el grueso de la opinión pública como una teoría descabellada, fue Óscar Iván Zuluaga, jefe del partido, quien envió una comunicación a este organismo multilateral en la que reclamó, además, un acompañamiento especial al proceso judicial que se adelanta en su contra por sus presuntos vínculos con el hacker Andrés Sepúlveda (condenado por haber chuzado a los negociadores oficiales en La Habana).

En la comunicación, Zuluaga da cuenta de hechos presuntamente violatorios de derechos que están consagrados en la declaración universal de Derechos Humanos, en el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la convención americana de Derechos Humanos.

Son, en total, 11 derechos presuntamente violados a los dirigentes y militantes del Centro Democrático desde cuando se conformó esta organización política.

Entre ellos se cuentan la violación a los derechos de participación política, entre ellos libertad de expresión, asociación y derechos políticos. Violación al derecho de garantías judiciales, en especial la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

Además se incluyen violación a la presunción de inocencia y al derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, así como el derecho a la doble instancia.

Los uribistas también sustentan que en Colombia se les ha violado la prohibición de no discriminación por opiniones políticas. Violación a la prohibición de apología al odio nacional. Violación al derecho de no injerencias arbitrarias e ilegales a la vida privada, familiar, domicilio, correspondencia y ataques ilegales a la honra y reputación. También dicen que se les ha violado la protección debida del derecho a la vida y seguridad personal.

Carlos Holmes Trujillo, excandidato a la Vicepresidencia y quien oficia como el jefe de asuntos internacionales, fue el encargado de informar esta, la primera estrategia del uribismo para hacerle frente a lo que ellos llaman persecución.

Aunque Trujillo fue prudente en no mencionar presuntos responsables, Semana.com conoció que en el fólder se responsabiliza directamente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral y a la “organización terrorista” FARC.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un organismo intergubernamental encargado de la promoción, la defensa y la protección de los derechos humanos, no actúa con carácter sancionatorio sino con carácter cooperativo y recomendatorio. Precisamente, los uribistas buscan un pronunciamiento, un acompañamiento especial a su ejercicio político y -por qué no- que se recomiende algún tipo de medidas cautelares.

Esta especie de demanda, según la calificó el propio Trujillo, es la primera de las acciones que el uribismo adelantará en el exterior. Uribe y tres de sus congresistas viajarán esta semana a Washington a hacer este mismo tipo de denuncias. Una semana después, otra delegación de parlamentarios, que también encabezará el expresidente, irá a Berlín (Alemania) y Bruselas (Bélgica).

Desde el mismo momento de la campaña del año pasado el uribismo ha alimentado la tesis de la persecución, pese a ello participó en las elecciones y aunque no alcanzó el triunfo consiguió resultados sorprendentes.

Sólo en el momento en que Uribe se fue al bando de la oposición hace este tipo de denuncias, pese a que estuvo ocho años den el poder donde hubo situaciones de mayor gravedad que podrían ser consideradas persecución, caso de las ‘chuzadas’ del DAS. Quizá por esta razón, en Colombia poco caso se le hace a su tesis de la persecución política, y ahora buscan que, en el exterior, sí le den credibilidad al asunto.