¿Vale la pena vender Ecopetrol?

Aunque en un principio se dijo que era una propuesta del Consejo Gremial, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, aclaró que esta es una iniciativa suya y no de toda la organización. Su argumento es que con esto se buscaría “garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, así como continuar con el impulso a la infraestructura”.

Otros dirigentes gremiales como Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, salieron rápidamente a expresar su rechazo y desacuerdo con la propuesta para el nuevo presidente electo Iván Duque. “La propuesta de vender Ecopetrol que aparece en palabras del Consejo Gremial Nacional no ha sido debatida, y menos acordada en esa organización. Vale aclarar también que no estoy de acuerdo con la idea”, aseguró Mac Master en un tuit.

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Sin duda, al ser la petrolera estatal la principal empresa del Estado y “uno de los grandes patrimonios” de todos los colombianos, la idea resulta totalmente controvertida.

Para quienes defienden la venta el petróleo es una industria con los años contados ante la irrupción de las energías convencionales y el aumento de la movilidad eléctrica, por lo que sería conveniente “intercambiar” un activo no estratégico por otros que tendrían un impacto mayor para la economía como la infraestructura.

No obstante, para quienes se oponen a la privatización de la petrolera estatal es como vender la gallina de los huevos de oro. Cabe recordar que al ser la nación el dueño del 88,49 por ciento de las acciones de Ecopetrol, recibe anualmente miles de millones en dividendos. En el 2013 representaron cerca un 20 por ciento de los ingresos de la Nación y más de un 15 en los años 2012 y 2014. No obstante, ante el impacto de la caída en los precios del crudo solo representaron el 0,6 por ciento en 2016 y de ahí el gran ajuste que ha tenido que hacer el país.

Para Jorge Humberto Botero, quien preside el gremio de los aseguradores, se trata precisamente de disminuir la dependencia que tiene la economía colombiana del petróleo y darle un impulso definitivo a la agenda de infraestructura que ha adelantado el gobierno actual y que, con seguridad, el entrante deberá continuar y fortalecer.

Según el documento, para manejar el producto de la venta de las acciones de Ecopetrol y evitar los efectos nocivos que traería sobre la tasa de cambio - como una revaluación que acabe con la industria nacional - se crearía un fondo de inversión en el exterior, que sería manejado por el Banco de la República.

El periodo de desacumulación del fondo sería de 10 años, con el fin de repartir los recursos entre varios gobiernos. Además, con el fin de que no se conviertan en recursos para funcionamiento, se propone que se destinen para continuar con el fortalecimiento patrimonial de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Esta entidad que fue creada con el producto de la venta de Isagen por 6,5 billones de pesos y que ha sido clave para financiar los proyectos de vías 4G ha sido una experiencia exitosa.

“Hay que seguir el ejemplo de Noruega que ha podido aprovechar sus recursos naturales y promover el desarrollo económico de largo plazo”, afirma Botero en su documento.

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Sin embargo, no es tan sencillo. El mismo documento explica que además de ayudar a financiar proyectos de infraestructura física, habría que sustituir el flujo de ingresos que la Nación dejaría de recibir por concepto de dividendos durante el periodo de vigencia del fondo. Esto significa, que de la totalidad de la venta solo alrededor de la mitad se podría destinar a infraestructura pues el resto sería para cubrir el déficit fiscal. Veamos.

Según estimaciones preliminares realizadas por Fasecolda, el valor actual de Ecopetrol puede estar entre los 130 y los 160 billones de pesos, dependiendo del precio del petróleo, volumen de producción, tipo de cambio, reservas, inversión, tasa de éxito exploratorio y costo de capital, entre otras cosas. Esto es, entre un 13 y 16 por ciento del PIB.

No obstante, de estos hipotéticos recursos por la venta habría que seguirle girando a la nación alrededor de 7,5 billones de pesos anuales, que es lo que ha recibido la nación en promedio en los últimos años por concepto de dividendos de Ecopetrol.

Con esto, al cabo de los diez años “se habrían trasladado cerca de 83 billones de 2018 al Gobierno para cumplir la regla fiscal y 81 billones para infraestructura haciendo uso de los 150 billones de la venta y 16 billones de rendimientos a lo largo del tiempo, suponiendo un rendimiento anual del 2 por ciento”.

Para muchos analistas, esto es mucho menos de lo que ha recibido la nación en dividendos en los últimos veinte años y por eso no tiene sentido la propuesta.

No obstante, la controversia muestra los grandes desafíos que tendrá la economía colombiana y el próximo gobierno. Esto es, recuperar una senda de crecimiento mayor en medio de un panorama fiscal bastante complicado, así como disminuir la dependencia que tiene la economía y las finanzas públicas del petróleo. Las soluciones no serán fáciles.

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Sin embargo, vender la principal compañía del estado para duplicar la inversión pública e infraestructura sin antes hacer las reformas y ajustes que requiere el país parece un despropósito para muchos.

Primero, porque no hay garantía de que los billonarios recursos que se obtengan terminen bien invertidos y que por el contrario estos ingresos extraordinarios terminen financiando mayor gasto, como siempre ha sucedido en el país.

En Noruega, ahorran estos ingresos como si fueran extraordinarios. Con el fondo lo que se propone es estabilizarlos en un rango durante un periodo de tiempo (¿y nos olvidamos del ajuste del gasto?). El documento no detalla qué viene después de esos 10 años pues supone que el mayor crecimiento económico traerá mayores impuestos.

Segundo, porque si bien tenemos la necesidad de diversificar la economía esto no puede hacerse “vendiendo” literalmente la participación del Estado en el sector petrolero. Hay que desarrollar otros sectores y pensar en infraestructura social.

Probablemente, la venta total no sea una opción viable. Sin embargo, otros consideran que podría pensarse en una nueva democratización. Por esta vía ya se vendió alrededor del 11 por ciento de la compañía y hay autorización para vender hasta el 20 por ciento. Otros hablan de que hay muchas otras empresas que podrían venderse. De hecho, es algo que está contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo donde se esperan recursos por privatizaciones por alrededor de 2 billones anuales. Sin duda, hay más opciones que contemplar antes.

Además, antes de pensar en vender la petrolera sería necesario ajustar el gasto estatal, recortar los beneficios y subsidios que no contribuyan a mejorar la equidad, ajustar el gasto pensional para que siga beneficiando solo a los que más tiene, mejorar y equilibrar la tributación y disminuir la corrupción, entre otros cambios. Venderla sin hacer esto sería para muchos analistas matar la gallina de los huevos de oro sin ningún propósito.