Tribunal frena venta de Cafesalud

La venta de Cafesalud por 1,45 billones de pesos al consorcio Prestasalud, que fue anunciada con bombos y platillos el pasado 24 de mayo, se acaba de frenar. Las preocupaciones de la Procuraduría por la venta de la EPS más grande del país hicieron metástasis en la justicia. El tribunal Superior de Cundinamarca acaba de dictar como medida cautelar la suspensión de la venta de la EPS, hasta tanto no se realice.

La acción judicial fue presentada por el senador Jorge Enrique Robledo, quien aportó como única prueba las consideraciones presentadas por la Procuraduría al proceso de venta. Con ponencia de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno se ordenó suspender temporalmente el proceso de enajenación "hasta tanto, esta Corporación adelante un examen exhaustivo de las pruebas que deben aportar los accionados previo traslado de la solicitud para que ejerzan su derecho a la defensa".

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Por tanto, no escapa a la vista de esta autoridad judicial las observaciones y consideraciones que realizó la Procuraduría sobre la revisión y evaluación de ofertas dentro del proceso de venta de Cafesalud EPS, en las que expone su preocupación respecto de los procedimientos llevados a cabo para la enajenación.

Dentro de los peros del ente de control están la supuesta falta de experiencia en materia de aseguramiento en salud de las entidades que conforman el consorcio Prestasalud. De otro lado, el tribunal encontró presunta vulneración de los derechos colectivos por la falta de una prestación real y efectiva del servicio de salud de los afiliados.

"El consorcio al no constituir una nueva persona jurídica sustenta su propuesta a partir de la experiencia, condiciones y requisitos de cada uno de sus integrantes, situación que va en contravía de las exigencias que en la mayoría de los casos se requiere en la contratación pública y privada, por cuando el proceso de venta de Cafesalud y Esimed no se exige que cada uno de los integrantes cumpla con la experiencia específica debida", se lee en el documento.

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Además, el Ministerior Público advirtió, antes de la venta, que le causaba preocupación que "tan sólo una de esas ofertas es integral", lo que se traduce en que exista en términos fácticos "un único proponente integral" y por tanto no se cumpliría con la pluralidad que debe tener un proceso contractual en Colombia, afectando la competencia y "la materialización de una puja económica que favorezca financieramente los recursos del proceso de liquidación de Saludcoop y consecuentemente los del Sistema de Salud".

Otra de las preocupaciones es el riesgo de generar una integración vertical. Respecto a la advertencia de la Procuraduría en este aspecto, fue la Superintendencia de Salud quien salió a dar la cara, contestando que existe una regla prevista en la Ley 1122 que establece montos máximos de concentración, pero que esta era una legislación que opera desde las EPS hacia sus prestadores, lo que no aplicaba para este caso en el que se trataba de una red de prestadores que asumían el aseguramiento de sus usuarios.

Así las cosas, para el tribunal resulta garantista decretar la medida cautelar "pues la venta de la mayor EPS del país, de la que depende el acceso de más de 5.7 millones de afiliados al servicio de salud, así como la prestación real y efectiva de un servicio esencial vinculado con la vida de la gente, pesa mucho más que la necesidad de realizar la enajenación de manera inmediata".

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Ante la decisión del tribunal el consorcio se pronunció para "reafirmar" su compromiso en el proceso de venta. Aseguraron que se someterán a las decisiones de las autoridades judiciales, aunque dicen "tener la confianza de que esta situación se resolverá satisfactoriamente en beneficio de los usuarios".

Por su parte, la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverri, le dijo a este portal que acatan y respetan la decisión del tribunal y que procederán a "darle respuesta y toda la documentación para demostrar que es una venta limpia".

Como consecuencia inmediata de la decisión, la liquidadora asegura que se afectará el proceso de empalme que se estaba realizando ante la inminente venta. Y, que en caso de que la venta se caiga definitivamente, "habría un colapso en el sistema pues se dejaría de recibir 1,45 billones de pesos".

"La verdad no creo que haya más interesados en la venta, ha sido un proceso difícil. Yo creo que los organismos van a ratificar la venta y creo que es la mejor decisión pensando en los usuarios", dijo Echeverri.