Verdades y mentiras

En una bola de nieve se han convertido las versiones de exparamilitares y narcos sobre presuntos colados y mentiras en las desmovilizaciones de los paramilitares. Han puesto a funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, como el exministro del Interior Sabas Pretelt y el excomisionado Luis Carlos Restrepo, a dar explicaciones ante las autoridades.

El excomisionado no ha tenido respiro desde que la Fiscalía lo citó, el viernes 11 de marzo, para que explicara las supuestas inconsistencias en la desmovilización de la hasta entonces desconocida compañía de las Farc Cacica La Gaitana, en 2006. Varios jefes paramilitares presos denunciaron cómo se habría 'inflado' el número de integrantes de bloques de las AUC al momento de la desmovilización pactada con el gobierno de Álvaro Uribe. Esto fue objeto de grandes debates en su momento, pero ahora revive por boca de los protagonistas.

Freddy Rendón, alias 'el Alemán', aseveró en una audiencia en Bogotá que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, de Diego Murillo, alias 'Don Berna', en diciembre de 2003, "fue un montaje para darles beneficios políticos a los jefes de la Oficina de Envigado y bajar los índices de violencia en Medellín". Otro paramilitar preso, Éver Veloza, alias 'HH', dijo cómo se habrían 'inflado' bloques como el Pacífico, según él, un grupo de unos veinte integrantes, y la del Cacique Nutibara, de 'Don Berna'. Juan Carlos 'el Tuso' Sierra también dijo: "En la desmovilización del Bloque Héroes de Tolová se presentó como paramilitares a los mototaxistas de Valencia, Córdoba, y hasta a empleadas del servicio doméstico".

A todo esto se sumó que El Espectador publicó un cable de WikiLeaks con un informe de la embajada de Estados Unidos en Colombia del 28 de junio de 2006, según el cual el director de la Misión de la OEA, Sergio Caramagna, dice "el ministro Sabas Pretelt culpaba al comisionado Restrepo de haber metido a 12.000 paramilitares más de los que el gobierno estimaba; y Restrepo responsabilizaba a Pretelt de prometer a los paras cosas que el gobierno no podía cumplir".

Todo esto ha revivido las dudas de hace unos años sobre qué tan 'inflada' fue la desmovilización de las AUC. Esta cobijó a unos 36.000 hombres de una fuerza calculada en 20.000, muchos de cuyos mandos medios se pasaron a las 'bandas criminales', que crecieron a partir de 2007.

Sin embargo, no debe perderse de vista que muchos de esos desmovilizados eran combatientes que hoy se encuentran en un proceso de reintegración a la vida civil que es clave preservar, más allá de los líos en la desmovilización colectiva. Además de los exparamilitares, hay 16.000 excombatientes, la mayoría de las Farc y el ELN, que se desmovilizaron individualmente. En este tipo de proceso, que se conoce como DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), son comunes los problemas en las fases iniciales, pero la decisiva es la última. De la reintegración depende que jóvenes cuya único oficio han sido las armas no vuelvan a las andadas.

En esto es enfático el encargado de ese programa, Alejandro Éder, alto consejero para la Reintegración, quien teme que por las irregularidades denunciadas se ponga en peligro un programa que, según él, tiene a 4.800 desmovilizados trabajando, a 10.000 recibiendo capacitación tecnológica y a 300 en la universidad. Aunque acepta que puede haber 'colados', Éder sostiene: "Todas las personas que están hoy en reintegración fueron debidamente certificadas y durante la desmovilización tuvieron que pasar por rigurosos procesos que se miraron con lupa, en los que participaron entidades del Estado con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA".

La reintegración es un proceso difícil. Se calcula que toma unos cinco años culminarla. Este año, la Consejería certificará a los primeros 1.000 desmovilizados que se 'graduarán' a la vida civil. Cada uno le cuesta al Estado 7,5 millones de pesos . Pese a una larga experiencia en desmovilizaciones, Colombia ha enfrentado no pocos líos. El programa estuvo inicialmente a cargo del Ministerio del Interior, pero por problemas de todo orden se decidió crear la Alta Consejería para la Reintegración, que lideró Frank Pearl entre 2007 y 2010.

De los 52.000 desmovilizados certificados que el programa ha recibido hasta hoy, cerca de 23.000 ya no están. En 2007, casi 11.000 que venían del programa del Ministerio del Interior nunca ingresaron al nuevo programa. Y, desde ese año, otros 12.000 han abandonado la Alta Consejería. Algo más de 1.700 fueron asesinados y otros 6.400 fueron capturados por diversos delitos; otros dejaron de asistir a las actividades. Hoy la Consejería se ocupa de 32.000 desmovilizados, más 1.500 o 2.000 que anualmente abandonan las filas de la guerrilla, según el Ejército.

Éder pide no relacionar a todos los desmovilizados con las 'bandas criminales', pues solo un 11 por ciento de los capturados por pertenecer a ellas son excombatientes (sin embargo, más de la mitad de los 63 jefes de Bacrim capturados viene de los paramilitares). En algunas regiones se habla de desmovilizados que cobran su mesada de 450.000 pesos una vez al mes, pero siguen delinquiendo. Éder alega que la tasa de reincidencia de los excombatientes del programa es mucho más baja que la de los presos del Inpec.

Le preocupa la estigmatización que estos debates generan: "Esto es una política de Estado que está ayudando a construir la paz. Los desmovilizados son jóvenes y van a estar con nosotros por lo menos por los próximos cincuenta años. Seguir relacionándolos con las Bacrim es hacer un gran daño al proceso de reintegración. Y no olvidemos que quedan miles por desmovilizar".

En eso tiene razón. Una cosa es que la justicia investigue -y penalice- toda irregularidad cometida durante la desmovilización de las autodefensas (y, si hace falta, que depure eventuales 'colados' en la reinserción) y otra es poner en la picota pública un programa de reintegración cuya importancia hacia el futuro es evidente.