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Crisis en la Policía: todos perdieron

Qué hay detrás del escándalo en la Policía que llevó a renunciar a su director, al viceministro del Interior y a una de las periodistas más famosas del país.

20 de febrero de 2016
La semana pasada el exviceministro del Interior, el procurador general, la exdirectora de La F.m. y el exdirector de la Policía fueron los protagonistas de uno de los escándalos más sonoros de los últimos tiempos.

Si los escándalos en Colombia se midieran en la escala de Richter, el de Reficar alcanzaría 7,5 y el de la Policía va en 9. A lo que ha sucedido no le falta ningún ingrediente de magnitud, gravedad y morbo para sacudir al país: vida privada de personajes públicos, video de connotación sexual de una pareja masculina, crisis institucional, intrigas de poder y un intenso debate sobre hasta dónde llegan los linderos del periodismo.

Lo que empezó hace cuatro meses como una denuncia periodística hoy va en la renuncia del director de la Policía, del viceministro del Interior y de una de las periodistas más famosas del país.

En este escándalo, a diferencia de muchos otros, las cosas no son en blanco y negro, y no hay un gran responsable al estilo de las películas de James Bond donde alguien acaricia un gato blanco y nunca se le ve la cara.

Muchas preguntas sin respuesta han quedado en el aire: ¿la renuncia de Palomino tenía que ver con la ‘Comunidad del Anillo’? ¿Había una conspiración contra el director de la Policía? ¿Por qué Vicky Dávila publicó ese video? ¿Por qué renunció el viceministro del Interior? ¿Qué provocó la salida de Vicky de RCN? ¿Existe la tal ‘Comunidad del Anillo’ donde los policías pagan con favores sexuales a los congresistas para ascender en la institución?

La renuncia de Vicky Dávila

La dimensión del Poligayte también sacudió los cimientos del periodismo, y todo giró en torno a la publicación de un video. Se trataba de una conversación que tuvo lugar en 2008 entre dos hombres en un carro, uno de los cuales estaba grabando al otro sin su conocimiento. El que lo hacía era un alférez de la Policía, Ányelo Palacio, y el grabado era el entonces senador Carlos Ferro, quien hasta la semana pasada fue el viceministro del Interior.

El diálogo entre los dos es sexual y explícito. El alférez Palacio, quien estaba haciendo la emboscada, conducía las preguntas a terrenos cuasipornográficos para enredar a su contraparte. Ferro contestaba sin tener conciencia de que ese video cambiaría su vida.

Ningún medio se atrevió a hacer público el contenido completo, con excepción de La F.m. de RCN, que pasó el audio en vivo y, posteriormente, subió el video a internet. El morbo de la conversación volvió el video viral y tres horas después Ferro renunció al viceministerio. El escándalo no paró ahí y, superada la connotación amarillista, se comenzó a generar una ola de indignación contra quien lo hizo público, Vicky Dávila, la directora de ese espacio noticioso.

Pero no todo el mundo tenía claro qué llevó a la periodista a tomar esa decisión, que pasó de ser la chiva del momento a un búmeran contra ella. En realidad, no se trataba de un capricho. El origen de todo era que ella había recibido información por medio de un anónimo de que la Policía estaba interviniendo sus conversaciones. Según ella y sus fuentes, ese espionaje obedecía a las denuncias que ella venía haciendo desde finales del año pasado sobre la ‘Comunidad del Anillo’, una red de prostitución masculina dentro de la Policía. La teoría detrás de este circuito sería que cadetes y oficiales eran presionados para prestar favores sexuales a congresistas y a sus superiores, a cambio de una remuneración que podía ser en dinero o en ascensos dentro de la carrera.

La versión, a primera vista bastante exótica, fue tomando fuerza hasta que salió a flote un audio en el que una de las víctimas involucraba directamente con esa comunidad al director de la Policía, el general Rodolfo Palomino. Este negó categóricamente esas acusaciones, pero en medio del tsunami de la semana pasada acabó por renunciar para defenderse sin perjudicar a la institución.

Vicky Dávila consideró que el video grabado hace varios años entre un miembro de la Policía y Ferro constituía una prueba determinante de que existía esa red de prostitución, y que hacer público el contenido respaldaba sus denuncias. Para ella, se justificaba publicarlo porque el capitán había sido uno de los denunciantes originales de la existencia de la comunidad y Ferro le había negado que conocía al oficial. Pero hubo un problema: una vez analizado ese diálogo línea por línea, nada del mismo permite deducir algún tipo de acoso, chantaje, presión indebida o existencia de una red. Era, simplemente, una conversación morbosa entre dos adultos. Solo probaba que Ferro le había mentido al aire.

Al quedar claro que era un episodio privado, el tema pasó de la ‘Comunidad del Anillo’ al repudio por la publicación del video y a la solidaridad con uno de sus protagonistas y su familia. Ese video venía rodando en varios medios de comunicación desde hace más de dos años y nadie consideró que se pudiera publicar. Pero Vicky Dávila, indignada con el espionaje en su contra y frustrada por lo que consideraba la indiferencia del país al respecto, consideró que divulgarlo podía reivindicar y probar sus denuncias. La apuesta era arriesgada y le salió mal. Al día siguiente del escándalo, le tocó presentar la renuncia a su cargo de directora del espacio informativo en La F.m. de RCN.

La verdad es que en Colombia siempre había existido un gran respeto por la intimidad de las personas. El caso del defensor Otálora fue una excepción pero en este había una denuncia de acoso sexual, unos antecedentes de acoso laboral graves, y una relación de subordinación con la denunciante que podía justificar divulgar la foto editada.

En el caso del exviceministro Ferro se trataba de una conversación vulgar entre dos personas que se acababan de conocer, pero sin ningún tipo de implicación penal. Sin embargo, el daño a los afectados y sus familias ya estaba hecho. Y de ahí la reacción del país entero contra la publicación del video.

Entrometerse en la vida privada había sido siempre en Colombia un tabú, y por cuenta del escándalo de la semana pasada ese tabú va a regresar. La opinión pública está escandalizada con lo que sucedió y se ha generado una especie de autocensura nacional frente a filtraciones de esta naturaleza. Es bueno que eso haya sucedido, pero es lamentable el costo que tuvo que pagar la familia Ferro para que esos límites pudieran ser establecidos. La dignidad que mostró la esposa del exviceministro Ferro en la entrevista en Blu Radio y la solidaridad que manifestó con su marido para proteger a su familia constituyen la única nota positiva y la única actitud rescatable de todo este bochornoso episodio.

Por qué salió el general Palomino

El martes pasado, el general Palomino anunció su renuncia acompañado de su familia y del cuerpo de generales y altos oficiales. Una decisión inevitable por los cuestionamientos que se venían acumulando sobre su gestión y por el encrispado clima de opinión al que se había llegado.

Palomino había intentado dilatar el desenlace agarrado del salvavidas que, desde diciembre pasado, le había ofrecido el presidente Juan Manuel Santos cuando afirmó –dándole el beneficio de la duda– que las acusaciones contra el director de la Policía eran más un chisme que una denuncia con sustento.

La gota que rebosó la copa corrió por cuenta del procurador Alejandro Ordóñez, quien anunció una investigación a Palomino por tres supuestas faltas: enriquecimiento ilícito, chuzadas a periodistas y tolerancia frente a una red de prostitución en el seno de la institución.

La verdad es que una investigación disciplinaria no tumba a nadie y que lo normal es que los funcionarios salgan de sus cargos ‘empapelados’ en el Ministerio Público con varios casos pendientes. Sin embargo, la que anunció Ordóñez contra el director de la Policía produjo un knockout fulminante por varias razones: la gravedad de los cargos, la debilidad que le había dejado al general el largo periodo de señalamientos en los medios, y la posición radical de un procurador que está contra las cuerdas pendiente de un fallo del Consejo de Estado que definirá en los próximos días su permanencia en el cargo. A Ordóñez se le notaron las ganas de tumbar al general Palomino porque, además de creer que había mérito para investigarlo, se encontró un ‘papayazo’ para apuntarle al gobierno de Juan Manuel Santos, con quien en este momento tiene relaciones de tensión y profunda desconfianza.

Pero para Palomino la copa ya estaba llena. Su muy buena imagen de policía confiable y bonachón ante los colombianos, contrastaba con la de un hombre despótico y gritón en el cargo, cuyo estilo de liderazgo giraba mucho más en torno a exaltar su propia figura que a trabajar con el resto de los generales. Y, claro, eso permitió que se acentuara la pugna de poder en la primera línea de mando y que la fuerza ‘antipalomino’ entre los generales ganara más adeptos, incluido el general Luis Ramírez Calle, que renunció hace un mes y que también fue otra víctima de este escándalo.

Ese estilo narcisista de Palomino permitió que, silenciosamente, se agravaran los fenómenos de corrupción. El cáncer venía enquistado desde atrás pero bajo su mandato hizo metástasis. Gran parte se originó en el crecimiento desordenado de la Policía que empezó hace tres años. En ese entonces, el gobierno nacional puso en marcha el ‘Plan 10.000’, que consistía en incrementar anualmente los efectivos de la institución en ese número. El afán de cumplir con la meta condujo a la entrada de centenares de personas sin filtros suficientes.

Las consecuencias se vieron muy pronto. Entre agosto de 2013 y noviembre de 2015 más de 3.500 policías fueron retirados por investigaciones. De ellos, la Dijín de la Policía y la Fiscalía capturaron a más de 1.600 por hacer parte de bandas criminales o estar involucrados en diferentes delitos. Otros 1.600 salieron por la facultad discrecional y fallos disciplinarios.

El caos fue aumentando y llegó a su punto más alto en el último trimestre de 2015. Desde entonces se empezó a hablar de la insostenibilidad del general Palomino en su cargo. En ese entonces, el periodista Daniel Coronell reveló en varias de sus columnas que Palomino ejerció su poder para favorecer a su ayudante personal, un capitán, y a sus hermanos –también oficiales de la Policía– investigados por varias faltas. Además publicó que el general realizó varios negocios: compró tractomulas cuando fue jefe de la Policía de carreteras e hizo lucrativos negocios inmobiliarios.

A finales de octubre, Vicky Dávila puso de nuevo sobre el tapete una denuncia que habían realizado Noticias Uno y El Espectador más de dos años atrás sobre la posible existencia de una red de prostitución masculina de cadetes de la Policía y congresistas, conocida como la ‘Comunidad del Anillo’. La sórdida versión se basaba en las denuncias de cinco oficiales que afirmaron que hace muchos años fueron víctimas de esa red.

Palomino renunció por esa acumulación de factores: falta de liderazgo, fuertes divisiones internas, corrupción creciente y serios cuestionamientos a su conducta ética. Estaba hace rato contra las cuerdas. Solo faltaba el último jab a la mandíbula para que cayera a la lona, y el procurador se lo dio.

Las investigaciones en su contra avanzan y, luego de cuatro meses, la Fiscalía no ha encontrado pruebas que lo vinculen a la ‘Comunidad del Anillo’ o que demuestren que se haya enriquecido ilícitamente. Pero este capítulo no ha terminado.

¿Existe la ‘Comunidad del Anillo’?

La organización de servicios sexuales entre agentes de la Policía y congresistas, en principio, existió entre 2006 y 2010. Hasta ahora han salido unos seis testimonios de policías que han hecho distintas denuncias, incluida la que señala a un coronel –que en esos años era el enlace con el Congreso– a quien acusan de ser la cabeza de la red. Pero se han quedado en testimonios aislados y algunos de dudosa credibilidad. Sin embargo, el jueves pasado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aclaró las cosas al salir en distintas emisoras a reconocer su existencia. En cadena básica de RCN afirmó, por ejemplo, que “lo que se ha investigado apunta a que sí era una red. No tenía, por supuesto, conocimiento la Dirección ni de ese momento, ni la que salió, ni la que acaba de entrar, pero sí funcionó durante un tiempo, haciéndole gran daño a la institución. Ese fenómeno pareciera haber sido erradicado de la Policía hace casi ocho, nueve años. Hoy tengo esa tranquilidad”.

Las declaraciones del ministro causaron desconcierto ya que el propio gobierno había desestimado durante varios meses estas denuncias. Nadie quedó satisfecho con las afirmaciones de Villegas porque quedó la impresión de que tiraba la piedra y escondía la mano. Dejó en el aire muchas preguntas: ¿qué alcances tenía la ‘Comunidad del Anillo’? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Hubo investigaciones y llegaron a alguna conclusión? ¿Ha habido sancionados o retirados por esa conducta?

Cuando precisamente una de las acusaciones contra el director de la Policía era que pertenecía a esa comunidad, el propio ministro de Defensa, al aceptar en forma tardía que sí existió, dejó un mal sabor.

El país necesita saber qué dimensión tenía esa red de prostitución en la Policía. Porque aquí hay diferentes niveles de gravedad a la hora de entender qué pasó. Si la ‘Comunidad del Anillo’ corresponde a los testimonios trasnochados de unos agentes que tuvieron relaciones homosexuales consentidas con otras personas, incluidos congresistas, no hay lugar a ningún escándalo.

Si detrás de ese ‘anillo’ hubo una red que ofrecía servicios sexuales a altos oficiales y a congresistas, la cosa es mucho más grave. Pero si hubo una organización donde los miembros de esa ‘comunidad’ entregaban sus cuerpos a cambio de ascensos y privilegios laborales en el Congreso y en la Policía el escándalo es aún mayor.

Hasta ahora han salido varios testimonios que muestran que hubo varios episodios homosexuales en los que es muy difícil establecer si juntos configuran una red criminal organizada. Lo que ha salido hasta ahora se puede resumir en cuatro episodios. 1) La denuncia de la familia de una cadete que asegura que asesinaron a su hija hace diez años por descubrir la ‘Comunidad del Anillo’. La versión oficial es que la joven se suicidó por una decepción amorosa. 2) El ahora capitán Ányelo Palacio, amigo de la cadete, denunció hace dos años, es decir, ocho años después, que el coronel Castellanos lo había violado cuando era enlace de la Policía en el Congreso. El capitán Palacio es el mismo que grabó el video con el senador Ferro, y que provocó su renuncia al cargo de viceministro del Interior. 3) A finales de octubre del año pasado el coronel Reinaldo Gómez denunció en La F.m. que el general Palomino lo había acosado sexualmente hace 17 años. 4) En los últimos dos meses, tres oficiales salieron en La F.m. a decir que habían sido víctimas de acoso sexual y que la ‘comunidad’ sí existió. Incluso, varios de ellos afirmaron que tenía una especie de catálogo de la oferta de esos trabajadores sexuales, y hasta dijeron que los llevaban al Congreso con banderitas para que quienes los solicitaban los identificaran.

Estas últimas denuncias le dan un toque folclórico que desafía la imaginación. Pero, más allá de lo anecdótico, varias preguntas gravitan alrededor de esta ‘Comunidad del Anillo’. ¿Por qué los testimonios se conocen solo ocho o diez años después de ocurridos los hechos? ¿Por qué todo gravita alrededor de los mismos cinco o seis testimonios?

Lo cierto es que el ministro ya reconoció que sí existió. Y como las denuncias son tan graves y los personajes tan relevantes es definitivo que la justicia determine lo antes posible el alcance de esta red, quiénes están involucrados y en qué grado.

Lecciones del escándalo

Al final, el Poligayte deja un saldo con muchos perdedores. La Policía, cuya imagen sale mancillada en momentos en que el país más necesita a sus agentes. Cuando la seguridad ciudadana es el mayor desafío que hoy tiene el país y se avecina el posconflicto, la paz con seguridad que anhelan los colombianos recae en esa institución. Por esta razón su nuevo director, el general Jorge Nieto, tiene el gran desafío de devolver a los colombianos la confianza en su Policía.

El presidente salió desgastado por mantener a un Palomino que se volvió insostenible. El ministro de Defensa, por reconocer tardíamente la existencia de la famosa comunidad que habían denunciado los medios y en particular La F.m. El general Palomino, que vio anticiparse el final de una carrera de servicios que le había dado todo el sentido a su vida. El viceministro Ferro, quien apareció en Blu Radio y en Caracol de la mano de una esposa solidaria, pero perdió el cargo y su porvenir en la política. Y Vicky Dávila, una periodista enamorada de su profesión, que cometió un error que opacó sus valientes denuncias y una gran trayectoria periodística.

Esta vez, como en la célebre pirinola de Antanas Mockus, ‘todos perdieron’.