Las víctimas de Bojayá que no pudieron ir a votar

El triunfo del No en el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz del Gobierno y las FARC sembró de entrada un profundo temor entre los habitantes de Bojayá, Chocó. “Lo primero que pensó la gente fue ‘se nos volvió a venir la guerra’”, cuenta Leiner Palacios Asprilla, líder del Comité por los Derechos de la Víctimas de Bojayá.

El pasado 2 de octubre el 95,78 % de los pobladores de este municipio que fueron a las urnas (1.978 personas) le dijeron Sí al proceso de paz. Ese resultado llevó a Bojayá a los principales titulares de prensa. Los medios de comunicación resaltaron que las víctimas de uno de los peores capítulos de la guerra en Colombia le habían dicho Sí por unanimidad a la paz.

Las páginas de la prensa recordaron que el 2 de mayo del 2002, en medio de enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, un cilindro bomba cayó en la iglesia principal de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. Un total de 119 personas murieron y unas 6.000 tuvieron que desplazarse. Esos que sobrevivieron a esa instante de horror dijeron que Sí.

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Pero muchos otros, quienes también se cuentan en ese grupo de víctimas, no pudieron votar. Les fue imposible desplazarse hasta las urnas porque viven en zonas remotas y no tenían ni medios ni dinero para llegar hasta allí.

Por eso, ese mismo domingo por la noche cuando el país conoció que el No había sido el vencedor, los invadió una inmensa frustración. “Esa es la impotencia de la gente: son los más afectados por el conflicto, no pudieron votar y ganó el No. Estaban muy indignados”, dice Palacios. Y continúa: “Lo más triste es que si hubiera sido una elección para un puesto público, ahí sí habrían salido los políticos a transportar a la gente, a movilizarla para ir a votar. Pero como la paz no les interesa, no les genera plata, entonces no movieron ni un dedo”.

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Según datos de la Registraduría, en Bojayá estaban habilitadas 6.868 personas para votar, pero sólo el 30,37 % de ellas (2.086) asistieron a las urnas. Muchas de esas personas no tuvieron las condiciones necesarias para movilizarse ese día. En ese municipio, ese vacío histórico del Estado ha sido llenado habitualmente los políticos que quieren sumar votos. Pero esta vez, por la paz, esa maquinaria política no se movió.

También se quedaron sin votar muchos pobladores de Bojayá que salieron desplazados en el 2002 y ahora viven en Quibdó. “Para bajar desde Quibdó al punto de votación de Bojayá uno se gasta cuatro horas en panga rápida y sólo el pasaje de ida cuesta 80.000 pesos –cuenta Palacios–. Una persona en condición de desplazamiento por el conflicto armado ¿de dónde va a sacar esa plata? Le toca sacrificar su derecho a elegir”.

El domingo 2 de octubre Léiner Palacios y otros líderes reunieron 2’300.000 pesos para pagar la gasolina de dos pangas que transportaron a 38 personas desde Quibdó hasta Bojayá. Pero esa fue una excepción.

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“¿Qué pasó con las 32 comunidades indígenas que habitan ese municipio? -se pregunta Palacios-. La más cercana vive a tres horas en bote de los puestos de votación. Chanú, una de las comunidades más pobladas (de indígenas embera), queda a dos días de trayecto desde Bellavista. Se calcula que 1.800 indígenas no votaron porque no tenían las condiciones. Y ellos son las poblaciones más afectadas; aunque no hay combates, las FARC siguen haciendo presencia armada en sus territorios. La zozobra y el miedo no se han ido”. La misma situación vivieron las comunidades negras asentadas en sitios remotos.

La rabia, la desazón y la frustración que sintieron los pobladores de Bojayá el domingo 2 de octubre se ha ido transformando en unión y energía para continuar luchando por el Sí que dio la mayoría. La prórroga del cese al fuego bilateral restableció la tranquilidad. Y ahora están trabajando por movilizarse, por hacerse sentir. “La gente quiere salir a hacerse visible, quiere que el mundo se dé cuenta de que Bojayá quiere la paz. Nuestra posición es: si otros no quieren los acuerdos, nosotros sí. Que se implementen en nuestro territorio”, dice Palacios.

Él fue uno de los 2.065 pobladores de Bojayá que pudieron ejercer el derecho al voto, a pesar de vivir en Quibdó. Allí tuvo que irse a vivir el 8 de mayo del 2002. Apenas seis días después de la masacre, en la que perdió a 28 familiares, decidió desplazarse con su esposa y sus hijos porque no aguantó la zozobra. Desde ese momento se dedicó a trabajar con las víctimas.

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En las pasadas elecciones, Léiner Palacios Asprilla y otros líderes sumaron esfuerzos para que la gente de Bojayá pudiera votar. Ellos asumieron una responsabilidad que no es suya sino del Estado.

En las zonas más apartadas de Bojayá, claramente el Estado no garantizó la efectividad de este derecho. Y es posible imaginar que la misma situación se replicó en otras zonas periféricas del país, también en condiciones económicas débiles y con vías de acceso casi inexistentes. Todo ello está siendo documentado por Dejusticia con miras a un litigio sobre el tema.

*Artículo escrito por Carolina Gutiérrez, periodista de Dejusticia.