Víctimas exigen desclasificar documentos

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presenta este miércoles una solicitud ante la ONU que habla de la creación de una Comisión de la Verdad, la desclasificación de los documentos estatales, la reducción de personal y de sustento en las Fuerzas Militares, entre otros. 

El documento de tres páginas será entregado a Alessandro Preti, coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del PNUD; y a Bruno Moro, coordinador residente de la ONU ante Colombia.

Los representantes también recibirán las propuestas de paz del Congreso colombiano y llevarán ambos textos ante las partes de las negociaciones en La Habana, Cuba. 

Una de las exigencias del MOVICE que puede generar más revuelos en el gobierno es la de la información estatal. Las víctimas solicitan develar todos los documentos reservados, “especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que contribuyan a la construcción de la memoria del conflicto en Colombia y sirvan de insumo a los procesos judiciales”.

Además, piden que el Estado y los grupos armados ilegales reconozcan ante la Comisión de la Verdad (en caso de crearse) su responsabilidad en algunos hechos de violencia y le pidan perdón a las víctimas. 

Otro de los puntos presentados ante la ONU habla sobre incluir a otros participantes en el proceso de paz que se desarrolla en Cuba. “Rechazamos que dos actores del conflicto, a puerta cerrada, tomen decisiones por nosotros y definan el futuro de nuestra lucha sin contar con nosotros y nosotras”, explica el documento. 

Además, solicita que el MOVICE pueda revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y se prohíba la concesión de explotación minera a otras comunidades que no sean las restituidas. 

Dentro de las 11 exigencias, también se habla del reconocimiento de “la existencia de una política de Estado que ha propiciado las violaciones a los derechos humanos”, el regreso de los desaparecidos, medidas que aseguren la reparación colectiva y el retiro de los funcionarios públicos que están o estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos.