Caso InterBolsa: Víctor Maldonado, libre por vencimiento de términos

En cuatro ocasiones había sido aplazada la audiencia de solicitud de libertad de uno de los presuntos cerebros del descalabro del Fondo Premium, de la comisionista Interbolsa, Víctor Maldonado, quien fue acusado de cometer los delitos de estafa agravada, captación masiva de dineros, no reintegro de dinero y concierto para delinquir. Finalmente, este viernes, la diligencia judicial se llevó a cabo y el juez 61 de garantías ordenó la libertad del empresario.

Para Iván Cancino, abogado de Maldonado, hace mucho tiempo se cumplieron los 240 días desde que se presentó el escrito de acusación -desde el 22 de mayo del 2015- sin que haya iniciado el juicio.

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Por esto, poco antes de las 9:00 a.m., el jurista empezó a enumerar, una a una, las veces que las audiencias que fueron aplazadas y resaltó que en ninguna ocasión él o su defendido tuvieron responsabilidad en esto. Según él, por su parte, no se han presentado dilaciones en el proceso y, por el contrario, han comparecido cumplidamente ante la justicia cada vez que han sido requeridos.

En las cuentas de Cancino, han pasado cerca de 600 días desde la presentación del escrito de acusación y su cliente sigue preso sin iniciar el juicio. En esos días, él incluye el tiempo que Maldonado estuvo en una cárcel de España, desde que fue capturado el 26 de marzo del 2015.

Pero la Fiscalía no lo considera así. La libertad por vencimiento de términos, según la fiscal del caso, Alexandra Ladino, corren a partir del momento en que la persona está presa por la jurisdicción penal colombiana, por lo que no se debe sumar el tiempo que estuvo en España.

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Víctor Maldonado fue extraditado a Colombia el 27 de noviembre del 2015 y desde esa fecha, según el ente acusador, él ha estado privado de la libertad 413 días. Sin embargo, según Ladino, la libertad no procede porque de este tiempo, 198 días se han presentado dilaciones por parte de la defensa. Así las cosas, para ella, han transcurrido 215 días desde la presentación del escrito de acusación.

Luego de contemplar todos los argumentos de las partes, el juez 61 de garantías determinó que se cumplieron los términos y por esta razón accedió a la petición del abogado y ordenó su libertad.

Después de conocerse la decisión, la fiscal del caso apeló la decisión y solicitó una medida restrictiva para que Maldonado no pueda salir del país, argumentando que “es necesario preservar los intereses de la administración de justicia y las víctimas”. Además resaltó que, a su parecer, en este caso “se han contabilizado mal los términos”.

Finalmente, el juez atendió la petición de la Fiscalía, al considerar que Maldonado utilizó la nacionalidad extranjera para no acudir a la justicia colombiana.

“Sí hubo una actitud elusiva de Víctor Maldonado, que se enfrentó a la autoridad colombiana. Da muestras de que podría ser posible que quiera evadir la acción de la justicia a través de medios convencionales para salir del país”, dijo el funcionario judicial.

Por estas razones, resolvió que el empresario deberá utilizar un mecanismo de vigilancia electrónica y que, además, no podrá salir del país.

A pesar de ser un exitoso empresario, Víctor Maldonado siempre sostuvo un bajo perfil. Solo hasta que estalló el escándalo del descalabro de InterBolsa los reflectores se posaron sobre él.

Pero una parte de su patrimonio se ha esfumado de sus manos, pues lo ha utilizado para reparar a las víctimas del caso, que son cerca de mil personas. En el caso específico del Fondo Premium, la deuda supera los 100 millones de dólares.

La solicitud de Maldonado se sumó a las peticiones concedidas a Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf, que fueron gerentes del Fondo Premium; Claudia Patricia Aristizábal de Renta Folio Bursátil (empresa vinculada a Premium) y Natalia Zúñiga de Valores Incorporados, quienes estaban cobijados por medida de aseguramiento. A mediados del año pasado, en una polémica decisión también fue dejado en libertad Alessandro Corridori, considerado uno de los cerebros del descalabro.

Por dilación de los procesos y entorpecimiento procesal, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió la intervención urgente de la Judicatura y calificó de “situaciones irregulares” lo que rodea las demoras en los dos procesos que se desprenden de este escándalo: el del Fondo Premium y el de InterBolsa.

La Fiscalía, que tiene dos procesos, el del Fondo Premium y el del Proceso InterBolsa, alertó porque la prolongación de las actuaciones tendrán como consecuencia las libertades de los implicados por vencimiento de términos, así como la inminente prescripción de delitos.