Vivito y coleando

Exactamente cuatro años después de ocurrida la masacre de Santo Domingo (Arauca) el caso ha resucitado como un Lázaro. Colin Powell le insufló vida en su reciente visita a Colombia y la Corte Constitucional lo puso a andar.

En su reunión del 4 de diciembre el secretario de Estado de Estados Unidos le manifestó al presidente Alvaro Uribe su preocupación por el manejo que se le ha dado a la investigación judicial que busca esclarecer qué sucedió en ese caserío de Tame el 13 de diciembre de 1998.

Aquel día, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, explotó un camión estacionado en la única calle de Santo Domingo que causó la muerte de 17 personas, seis de ellos niños, e hirió de gravedad a más de 25 personas.

Según los habitantes del caserío la explosión fue provocada por una bomba lanzada por uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que apoyaban los combates entre guerrilleros de las Farc y soldados a aproximadamente un kilómetro de Santo Domingo.

Según los mandos militares la explosión fue ocasionada por una bomba colocada en el camión por miembros de la guerrilla que se escudaban en la población.

Tanto la Fiscalía General de la Nación como la jurisdicción penal militar iniciaron una investigación para establecer qué fue lo que pasó. Cada entidad consideraba que era el órgano competente para dirimir el caso. La Fiscalía argumentaba que la masacre constituía un delito de lesa humanidad y que por lo tanto debería ser juzgado por un juez ordinario. Los militares, por el contrario, consideraban que los presuntos delitos atribuidos a los pilotos de la FAC guardaban relación con el apoyo que ellos prestaban a los combates de ese día y que por lo tanto debían ser juzgados por sus propios tribunales.

Le tocó, entonces, al Consejo Superior de la Judicatura definir el conflicto de competencias que surgió. Y el 18 de octubre de 2001 falló a favor de que los pilotos fueran juzgados por un tribunal penal militar.

El caso, sin embargo, no paró allí. Alba Janeth García, una de las personas heridas ese día, instauró una tutela contra la decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Luego de dar varias vueltas la tutela llegó hace poco a la Corte Constitucional.

La Corte, que ya es la última palabra en este caso, decidió que es la Fiscalía General la que debe estudiar el caso y no la jurisdicción penal militar. Para llegar a esa conclusión se basó en dos argumentos. El primero era que no existía todavía certeza sobre quién realmente había sido el responsable de las muertes ya que los dictámenes periciales eran contradictorios. Y según la Constitución, en caso de duda, debe primar la jurisdicción ordinaria.

Según las pruebas realizadas por la Escuela de Ingenieros Militares, del DAS y de Medicina Legal la explosión del camión fue causada por un artefacto de fabricación casera cargado con metralla, lo que respaldaría la versión del general Héctor Fabio Velasco, en el sentido de que fueron las Farc las que colocaron allí la bomba.

Sin embargo un informe sobre los hechos realizado por el FBI, a petición de la Fiscalía General y que fue publicado en septiembre de este año, contradijo la versión militar. La Oficina Federal de Investigaciones concluyó que la explosión del camión fue ocasionada por bombas o granadas aire-tierra lanzadas desde una aeronave con un dispositivo cluster diseñadas en Estados Unidos. Su tesis reforzaba los dictámenes periciales del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía colombiana.

A juzgar por las últimas declaraciones de Powell esta versión de los hechos gozó de toda la credibilidad de Washington. Es más, después de la publicación del informe del FBI la embajadora, Anne Patterson, recomendó suspender la asistencia financiera de su país a la Unidad de Combate Aéreo Número 1 de Palanquero, a la que pertenecían los pilotos presuntamente responsables. Si se acata su recomendación se vería afectado este comando, una de las columnas vertebrales de la Fuerza Aérea, que le ha dado una importante ventaja militar al Estado frente a las Farc.

El segundo argumento de la Corte Constitucional para devolver el caso a la Fiscalía era que de establecerse que los militares, en efecto, habían lanzado la bomba, el asunto excedería, en todo caso, las funciones militares. Por lo tanto los miembros de la Fuerza Aérea perderían su fuero penal militar.

"Si existiera certeza sobre la autoría de los delitos por parte de miembros de las Fuerzas Militares, los mismos, por su naturaleza y sus características, en cuanto fueron cometidos en forma masiva y singularmente cruel contra pobladores civiles ajenos al conflicto armado (?) serían contrarios a las funciones que la Constitución Política le asigna a las Fuerzas Militares", afirmó la Corte en su sentencia, publicada la semana pasada.

Esta decisión, que sin duda significa un giro en el caso, y las declaraciones de Powell le imprimen a la investigación judicial de esta masacre, una de las miles que siguen en la impunidad, una dinámica inusitada, pues el gobierno de Estados Unidos presionará para que se llegue al fondo del asunto y pronto, antes de que el Congreso apruebe el próximo paquete de asistencia militar a Colombia.