Volando bajo

El pasado 18 de julio la oficina de prensa de la Casa de Nariño divulgó un lacónico comunicado en el que se informaba que el presidente Andrés Pastrana había llamado a calificar servicios a seis altos mandos de la Brigada de Aviación del Ejército, entre ellos a su comandante el coronel John Marulanda Marín. El texto contenía los nombres de los otros cinco oficiales, pero no explicaba los motivos que había llevado al gobierno a tomar esa drástica medida.

A partir de ese momento comenzaron a circular por los pasillos del Ministerio de Defensa y del Palacio presidencial los rumores sobre las verdaderas causas de la salida de los oficiales. Se dijo que los funcionarios de la Contraloría habían encontrado irregularidades administrativas, que un soldado adscrito al Batallón de Aviación había denunciado transporte de droga en los helicópteros que movilizaban las tropas y otras cuantas versiones más.

El comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora, decidió salirle al paso a las conjeturas y en un comunicado enfático aseguró que “no es cierto que la junta asesora haya tomado la decisión del llamamiento a calificar servicios de oficiales por supuestas celebraciones irregulares de contratos y malos manejos administrativos ni por ningún otro motivo que pueda implicar responsabilidad penal o disciplinaria”.

Con esta declaración los altos oficiales querían ponerle punto final a las especulaciones. No obstante, el ambiente siguió enrarecido pues ni las explicaciones del general Mora ni las de Presidencia aclaraban del todo las razones de la decisión fulminante de sacar a tantos oficiales de una brigada que tiene la delicada misión de llevar a los soldados a la zonas de guerra.



La investigación

Casi un mes después de la destitución de los seis oficiales, por fin se ha comenzado a correr el velo de lo que ocurrió tras bambalinas en la Brigada de Aviación del Ejército.

La Contraloría General de la Nación inició hace tres meses una inspección de los cuarteles de las Fuerzas Militares, en un trabajo de fiscalización rutinaria que cumple como fiscalizadora del gasto público. En ese recorrido por las dependencias militares, uno de los investigadores pidió hablar personalmente con el general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares.

En la reunión, el funcionario de la Contraloría le reveló que la Brigada de Aviación había celebrado contratos con empresas que parecían no cumplir los requisitos para contratar y que inclusive parecían compañías ficticias, de papel. También le dijo al general que tenía graves indicios de posibles sobrefacturaciones en la compra de repuestos para esa misma brigada que sumaban alrededor de los 1.600 millones de pesos. Así mismo dijo que en el depósito de repuestos de Melgar existían faltantes sin aparente justificación.

Antes de finalizar su reunión con el comandante, el funcionario le comunicó que días atrás dos hombres lo habían abordado en la calle, lo habían encañonado con un revólver para obligarlo a subir a un Mazda rojo que partió raudo. Una vez dentro del vehículo —relató el funcionario— los hombres que lo habían retenido le ofrecieron 200 millones de pesos, que según ellos le enviaba uno de los oficiales del Batallón de Aviación en una tula que estaba en el carro, para que no siguiera investigando. Le contó que rechazó el dinero y los desconocidos lo dejaron en la Avenida Primero de Mayo, al suroriente de Bogotá.

El sólo relato del funcionario parecía sacado de una novela de suspenso, y frente a hechos tan graves, Tapias decidió proteger a los funcionarios que estaban inspeccionando los cuarteles militares para que pudieran adelantar su labor. También le comunicó por escrito al Fiscal General lo que había conocido y le pidió adelantar una investigación para establecer qué era lo que realmente estaba ocurriendo.

No obstante, la novela no paró ahí. Días después regresó al despacho del general Tapias el investigador con un soldado adscrito a la Brigada de Aviación que tenía otra historia. Según el soldado, una noche en la que había prestado servicio en un hangar de aviación, un oficial le había solicitado que colaborara para cargar un helicóptero que iba a salir al otro día con destino a una zona de guerra para aprovisionar de comida a los soldados en combate. Cuando se disponía a meter una caja en la aeronave, ésta cayó al suelo y de su interior salió un polvo blanco muy parecido a la cocaína.

El general Tapias ordenó entonces a la justicia penal militar ponerse al frente del tema para establecer qué tan ciertas eran las denuncias del soldado que por esos días estaba cumpliendo su servicio militar como bachiller. En las primeras indagaciones se ha podido establecer que el soldado ha tenido una serie de incongruencias en su relato y no ha podido aportar una sola prueba que permita respaldar su denuncia.

Mientras tanto la investigación de la Contraloría sigue su curso. Esta semana el contralor Carlos Ossa Escobar, entregará un detallado informe a la Fiscalía de lo que encontraron sus funcionarios dentro del Batallón de Aviación. De acuerdo con el alto funcionario existen algunas pruebas que posiblemente podrán determinar sobrecostos en la adquisición de repuestos para las aeronaves.

Acerca de la salida de los seis oficiales del Batallón de Aviación, la alta comandancia se ha reafirmado en la tesis que nada tiene que ver esa decisión con la investigación que está adelantando la Contraloría. “El Ejército tiene la facultad discrecional de llamar a calificar servicios a oficiales y suboficiales que tengan más de 15 años de labores cumplidas en la institución. Y eso fue lo que ocurrió en este episodio de la aviación del Ejército”, señaló un alto oficial a SEMANA.

Es claro que todavía no se ha escrito el último capítulo sobre el tema. Ahora el turno le corresponderá a la Fiscalía, que una vez reciba el informe de los funcionarios de la Contraloría evaluará, si es necesario, iniciar acciones penales o, por el contrario, el tema quedará cerrado. La comandancia del Ejército abrió las puertas de sus cuarteles para que se investigue a fondo si hay o no irregularidades en la institución. Pero también ha pedido a los investigadores que se aporten pruebas sólidas para evitar conjeturas en un tema tan delicado, en el que puede poner en la picota pública a un Ejército que hoy enfrenta una guerra abierta contra la subversión.