Zonas de reserva campesina: otra fórmula para restituir las tierras

Dentro de las promesas de cambio del actual gobierno, la de volver a los campesinos al campo y restituir las tierras arrebatas por los grupos violentos que les quitaron lo único que tenían ha despertado particular interés.
 
“Tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento de la Política Integral de Tierras el pasado 3 de septiembre. 
 
“El mercado de capitales de inversión no debe mirar a los campesinos como vendedores de tierras baratas, sino como prósperos propietarios que pueden asociarse en buenos términos con importantes inversionistas”, fue otro aparte de ese discurso.
 
Las cifras dicen que en Colombia se usan 4,9 millones de hectáreas para actividades agrícolas, cuando para estos fines se pueden destinar 21,5 millones de hectáreas. Mientras tanto, se usan 38,6 millones de hectáreas para la ganadería, cuando apenas son útiles para esta actividad 20 millones de hectáreas.
 
Pocos días después de aquel discurso presidencial, fue el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien presentó ante el Congreso el proyecto de ley de restitución de tierras. 

En ese acto, Restrepo reconoció que “el conflicto destruyó las condiciones productivas de las regiones afectadas y provocó una migración campesina en la que se suman la pobreza y la violencia como detonantes relacionados”. El despojo, según estudios académicos, provocó el abandono de 5,5 millones de hectáreas.
 
El Ministro también advirtió que “la gran mayoría de los desplazados que perdieron tierra no desea retornar a sus lugares de origen, pero todos aspiran y tienen derecho a la compensación, pues el 95 por ciento quedó bajo la línea de pobreza, dependientes de la asistencia estatal, crecientemente costosa mientras se mantenga el ‘estado de cosas inconstitucional’ declarado por la Corte en el 2004”. 
 
Muchos son los motivos para no volver a las tierras arrebatadas. Entre los más evidentes se pueden encontrar el miedo a recibir represalias en la propia finca que fue usurpada y luego restituida, y las dificultades para empezar de nuevo un proyecto de vida sostenible económicamente.
 
El temor no es para menos. La experiencia de restitución de tierras, hasta ahora, ha terminado con lamentables acontecimientos. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 39 líderes de desplazados que reclamaban sus tierras han sido asesinados. El año pasado se presentaron 300 amenazas de muerte a personas que pedían que les devolvieran sus fincas.
 
¿Qué hacer para que los campesinos regresen al campo sin convertirse en objetivo de los violentos?
 
Existen en Colombia las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una figura de ordenamiento territorial que busca entregarles a campesinos de escasos recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando.
 
La idea es que agrupaciones de campesinos vivan y trabajen en ellas y que cada uno sea propietario de un terreno.
 
En este momento, hay seis ZRC en Colombia. Están en Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo).
 
En los últimos ocho años, la figura fue desacreditada. El gobierno de Álvaro Uribe suspendió la existencia de la ZRC del valle del Río Cimitarra (ACVC) y varias solicitudes están embolatadas en el Incoder esperando su aprobación.
 
“Después de tantos años de preferir el silencio, ahora que vemos oportunidad de cambio en la política, salimos otra vez a defender la existencia de las ZRC”, dijo a Semana.com Arcángel Cadena, de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Guaviare.
 
Él y representantes de las otras cinco ZRC conforman un comité de impulso creado el pasado 31 agosto. Quieren proponerle al Gobierno que tenga en cuenta esta figura en sus planes sobre tierras.
 
Las bondades
 
“El problema de los compañeros víctimas es que estaban solos. No tenían articulación con ninguna organización. Los campesinos agrupados no es que seamos más fuertes, pero, como somos muchos, sí podemos hacernos notar más fácilmente para exigir respeto”, comentó Miguel Cifuentes de la ACVC.
 
Es más, las ZRC que existen ahora surgieron en zonas de conflicto. “En esos territorios, la gente ha elaborado proyectos de vida y experiencias de resistencia al conflicto armado”, contó la abogada Yenly Méndez de la ONG Humanidad Vigente.
 
Para ella, que está acompañando el comité, llevar a los campesinos en grupo a vivir en aquellas zonas de conflicto puede ayudar a solucionar el problema.
 
Resulta que la Ley 160 de 1994 dice que en estas zonas, los propietarios tienen límites en la extensión de sus territorios que deben ser definidos por el Incoder. Así, por ejemplo, si un grupo de campesinos quiere crear una ZRC de 1.000 hectáreas, el Estado tiene la potestad de decir que cada propietario puede tener máximo 200 hectáreas.
 
“Eso le pone límite a lo que siempre ha generado desplazamiento en el país, que es el latifundio creciente. Es decir, en la ZRC no puede existir una finca con más área de la permitida. Si las leyes aceptaran lo contrario, habrá personas que empiecen a comprar y el problema de la tierra terminaría siendo el mismo”, enfatiza Cifuentes.
 
Para crear una zona de éstas, los campesinos deben organizarse y diseñar un plan de desarrollo en el que establezcan cómo harán para vivir dignamente allí, cómo se sostendrán económicamente y cómo satisfarán sus necesidades de servicios básicos. El Estado tiene que darles el apoyo que necesiten para que tengan infraestructura, salud, alcantarillado, energía, en fin, todo lo que les permita estar bien.
 
“Justamente ahí está la solución al conflicto armado porque es donde están las causas estructurales: la tierra, la producción agraria, el acceso a servicios básicos...”, concluyó la abogada Méndez.
 
“Nos preocupa”
 
Sin embargo, expertos que han analizado la figura han sugerido modificaciones que, para los campesinos, implicarían radicales diferencias.
 
Entre lo que se ha contemplado está la posibilidad de eliminar el límite de propiedad de la tierra dentro de las reservas. La posible consecuencia si esto llega a ocurrir es que no se le ponga coto a la concentración de la propiedad, que, como lo explicó Cifuentes, es una de las causas del desplazamiento.
 
Otra preocupación surge porque el Gobierno tiene el poder de definir la prioridad de las tierras que les devolverá a las víctimas. Entonces podría ocurrir que las tierras que se les entreguen a los campesinos sean alejadas de los centros urbanos o no tengan vías de comunicación que las hagan accesibles, y eso dificultaría su facilidad para prosperar económicamente.
 
La sugerencia es que los retornos se hagan en terrenos donde se pueda hacer comercio fácilmente y, ojalá, con campesinos organizados y con planes de desarrollo que conformen ZRC. Esto, para los proponentes, debe contener también “el fortalecimiento de la economía campesina y no el enfoque agroempresarial”, que consiste en gigantescos cultivos de productos de exportación que, en la mayoría de las veces, aporta poco alimento para el consumo interno.