La Contraloría de Bogotá puso en marcha procesos de responsabilidad fiscal por más de 1.439 millones de pesos relacionados con contratos de malla vial en la localidad de Puente Aranda, los cuales estarían financiados por el Fondo de Desarrollo Local. Esto se da tras una serie de hallazgos detectados en auditorías realizadas durante los años 2024 y 2025.

El anuncio se dio durante la segunda jornada de control social adelantada en esta localidad por parte del contralor Juan Camilo Zuluaga. Adicionalmente, confirmó que se llevará a cabo Actuación Especial de Fiscalización (AEF), con el fin de revisar hasta el último detalle un contrato recientemente liquidado, correspondiente a obras de malla vial en la zona industrial del sector, específicamente en el tramo 1.
¿Qué es una Actuación Especial de Fiscalización?
La AEF es un tipo de auditoría que utiliza la Contraloría para intervenir de manera rápida y focalizada frente a situaciones específicas en una obra pública. Se trata de una acción de control fiscal breve, diseñada como un mecanismo de respuesta inmediata cuando se conoce un hecho relevante, como por ejemplo, a través de denuncias ciudadanas o información de medios, que puede afectar el interés general, la moralidad administrativa o los recursos públicos.

A diferencia de las auditorías tradicionales, la AEF no revisa todo el proyecto, sino que se concentra en problemas puntuales, como retrasos, sobrecostos o fallas en la ejecución, permitiendo una evaluación ágil y concreta del asunto.
En su desarrollo, la Contraloría hace visitas a la obra, revisión documental y análisis técnico, con el fin de establecer si hubo irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Como resultado, la entidad emite los hallazgos y, cuando haya lugar, se trasladan a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para el inicio del proceso correspondiente, así como para poner los hechos en conocimiento de otras autoridades competentes.

¿Cuál fue el valor de la incidencia fiscal?
La entidad, en diálogo directo con SEMANA, detalló las claves del más reciente hallazgo en la localidad de Puente Aranda:
En el informe de Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Cód. 112 PDVCF 2025, la Contraloría identificó un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $1.278.445.110,23, relacionado con el contrato de obra pública No. 263 de 2022. Este hallazgo se origina porque durante la ejecución del contrato se modificaron los precios unitarios inicialmente pactados, lo que derivó en el reconocimiento y pago de valores superiores a los que correspondían.
La entidad evidenció que estos ajustes no contaban con una justificación técnica, económica y contractual suficiente, lo que implica una afectación al principio de economía del gasto público.

Como resultado de este análisis, se determinó que ese mayor valor pagado constituye un posible detrimento patrimonial, motivo por el cual el hallazgo fue calificado con incidencia fiscal y se trasladó a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para el inicio del proceso correspondiente.
Es importante precisar que, una vez iniciado dicho proceso, los detalles específicos están sujetos a reserva, de conformidad con la normativa aplicable, hasta que se adopten decisiones de fondo por parte de la autoridad competente.
