En un operativo entre la Fiscalía y la Policía, se dio la captura y judicialización del médico general José David Castro Giraldo. Se le acusa de cometer actos de abuso sexual contra dos niñas en las instalaciones de una Entidad Promotora de Salud (EPS) ubicada en la zona de El Tunal.
La Fiscalía General de la Nación reunió pruebas sobre los actos sexuales y otras conductas inapropiadas que el médico general habría cometido contra sus pacientes menores de edad.
La Fiscalía informó en un comunicado que el profesional atendía a niñas en consulta y supuestamente dificultaba que los padres y cuidadores pudieran ver lo que sucedía. Además, les daba diferentes tareas para distraerlos durante el examen físico, con la intención de aprovechar ese momento para realizar acciones en contra de la formación y libertad sexual de las menores.
En el curso de la investigación se han identificado dos víctimas de 7 y 10 años, quienes acudieron en compañía del papá y la abuela, respectivamente. En los dos casos, el actuar del profesional de la salud fue similar.
“Habría impedido que los familiares de las pacientes vieran de cerca y con detalle la valoración médica, por lo que no pudieron advertir lo sucedido”, señaló el ente acusador.
Las agresiones se supieron más tarde, cuando las niñas se sintieron capaces de contarles a sus cuidadores lo que había pasado.
Debido a estos eventos, que sucedieron en febrero y julio de 2025, Castro Giraldo fue arrestado en una operación conjunta con la Policía Nacional en la zona de Antonio Nariño, al sur de Bogotá.
Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Este caso se suma al de un hombre que, en calidad de padre, tío y abuelo, agredió a ocho mujeres de su familia, en una acción sistemática que repitió por 26 años.
La investigación de la Fiscalía fue clara, aunque llegó tarde, porque las denuncias se mantuvieron en silencio debido a las amenazas del agresor, quien indicó a sus víctimas que debían soportar los abusos y no contarlos.
“Los hechos investigados comenzaron en 1998 y se prolongaron hasta 2024. Durante este tiempo habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático”, señaló la Fiscalía por medio de un comunicado.