El más reciente nombramiento del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, levantó una polvareda política, incluso en el seno del Pacto Histórico en el Valle del Cauca.
El exmandatario de los caleños, que hasta hace pocos días fue embajador en Palestina, cargo que nunca ejerció en terreno, tiene una vida política marcada por escándalos y sombras de presunta corrupción durante su administración de la capital del Valle.
“Leer esta noticia me confronta. En mi paso como concejala de Cali le hice oposición a Jorge Iván Ospina y cuestioné y sigo cuestionando la poca transparencia de su gobierno. La vida y menos nuestro gobierno puede darle oportunidades a quienes no le han servido bien al pueblo. Jorge Iván primero debe rendirle cuentas al pueblo caleño. No puedo estar de acuerdo. Por supuesto, le exijo a la actual bancada de congresistas que pongan el ojo y la lupa en la gestión de Jorge Iván. La salud debe ser un derecho y cada peso es un tesoro”, dijo el fin de semana la exconcejal y hoy congresista del Pacto Histórico, Ana Erazo.
Uno de los escándalos de Ospina en Cali se remonta al año 2022, cuando bajo su administración, Emcali habría contratado a dedo por 2.8 billones de pesos, así como convenios millonarios con otras dependencias para no licitar. Es decir, esos procesos, que fueron alertados por la Procuraduría, eran asignados a firmas puntuales.
Según la advertencia del ente de control, en Cali pasaron cosas muy graves como que entre enero de 2020 (desde que Jorge Iván asumió como alcalde) y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos de manera directa, prácticamente a dedo, por un valor superior a los $ 2.8 billones.
La cifra resulta escandalosa si se tiene en cuenta que, para ese momento, significaba el 57 % del total de contratos celebrados por la administración distrital en la ciudad de Cali.
Por si eso fuera poco, señala la Procuraduría, “se habrían celebrado contratos de empréstitos por $ 625.644 millones con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución”.
En ese mismo año, la Contraloría encontró en Emcali sobrecostos por superiores al 1.000 % para compra de televisores y otros elementos. “Lo que se ha podido detectar es que hay unos sobrecostos frente a lo que tiene que ver con diferentes ítems, sobrecostos que, en muchas oportunidades, oscilan entre el 350 % y más del 1.000 %”,explicó en su momento el contralor general.
El contrato adjudicado a unión temporal AMI 2022 por más de 215.000 millones de pesos fue firmado en julio de este año y se extendía hasta diciembre de 2028.Este acuerdo tenía como objetivo la instalación de medidores inteligentes de energía, pero incluía costos elevadísimos de diferentes equipos electrónicos y enseres.
Por ejemplo, el contrato pactaba la compra de televisores (cada uno) por cerca de 43 millones de pesos, sillas ergonómicas por más de 17 millones de pesos y un sistema de pantallas por más de 700 millones de pesos.
“Encontramos presuntas desviaciones en torno a los precios pactados en ítems que corresponden al suministro de equipamiento tecnológico y mobiliario (...) estos presuntos sobrecostos contrarían el estudio de mercado que hace parte de las actuaciones precontractuales de Emcali, entidad que recibió cotizaciones que muestran un desproporcionado pacto de precios”, sostuvo en su momento el contralor Hernán Rodríguez.
El embargo
Por ese y otros escándalos de presunta corrupción en Emcali, la Contraloría General ordenó el embargo el 1 de abril de sus cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento. De igual manera, se congelaron otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en una presunta red de corrupción que estaría dedicada al saqueo de los recursos públicos en la capital vallecaucana.
En su momento, el ente de control señaló tener en su poder expedientes de las posibles irregularidades en contratos que rodean los 700.000 millones de pesos, pero que podrían llegar a un billón. La Contraloría precisó que el detrimento superaría los 30.000 millones de pesos. Las autoridades se concentraron en dos frentes de investigación: un contrato presuntamente irregular para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un saqueo a la joya de la corona de la ciudad: Emcali. En este caso en particular, la Contraloría General ordenó embargar otras 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles tanto a contratistas como a exgerentes de Emcali.
En el primer caso, referente a las cámaras de seguridad, la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de 5.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones de pesos nunca se ejecutaron. En este, además, hubo una sospechosa e innecesaria intermediación en un convenio suscrito entre la imprenta departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.
Presunto carrusel de la contratación
Uno de los escándalos de presunta corrupción que más golpearon a la administración de Ospina en Cali llegó por cuenta de una denuncia de la exconcejal Diana Rojas en octubre de 2022. “Hemos denunciado ante los entes de control posibles irregularidades en la contratación del Parque Pacífico por 27.000 millones de pesos; el Centro de Bienestar Animal por 11.000 millones; la remodelación del estadio por 16.000 millones; la remodelación de la Plazoleta Jairo Varela por 4.200 millones; dos contratos de Cristo Rey por más de 50.000 millones; el Bulevar Cauquita por 27.000 millones; así como los dos contratos de vertimiento por 10.000 millones de pesos”, señaló Rojas en su momento.
Según la exconcejal, cuando llegó al Cabildo de Cali reveló tres contratos que fueron fraccionados para favorecer a una sola empresa. “Sacaron 18 contratos de menos de 90 millones de pesos y se los ganó un solo proponente. Estas denuncias fueron engavetadas”, dijo. Y además presentó ante la Procuraduría 18 denuncias que están en 12 secretarías. “Lo que se ve en Emcali no es un hecho aislado, es un proceso sistemático y organizado. Creo que hay un carrusel de contratación para entregar a unas personas contratos directos”, comentó Rojas.
La sombra de su hermano, Mauricio Ospina
En octubre del año 2022, SEMANA reveló en primicia el testimonio de cinco exsecretarios del gabinete del exalcalde Jorge Iván Ospina, quienes afirmaron que el hermano del hoy interventor de la Nueva EPS los obligaba a contratar con ciertas empresas.
De acuerdo con los testimonios, Mauricio Ospina los presionó en varias oportunidades para obligarlos a tercerizar jugosos contratos y vincular en sus dependencias a personas cercanas al destituido gobernador del Valle Juan Carlos Abadía.
En los audios, que tiene en su poder SEMANA, los denunciantes llegan a la misma conclusión: “Por favor, no publiquen mi nombre porque les tengo miedo, son gente muy poderosa y peligrosa”, al referirse a Mauricio Ospina, quien, además de ser hermano del mandatario, fue el gerente de campaña y líder del grupo de empalme a finales de 2019. “Él (Mauricio Ospina) llegaba con las hojas de vida para que le contrataran gente de él en todas las dependencias. Y luego llegaba y decía: yo sé que aquí van a contratar esto y necesito que revisemos esos temas. Así llegaba a cada una de las dependencias”, cuenta uno de los exsecretarios que salió del gabinete de Jorge Iván Ospina debido, según señala, a las presiones de su hermano.
“Él sabía de los contratos grandes y nos pedía que los contratáramos con personas en específico. Él tenía el presupuesto de todas las entidades, tanto de inversión como de contratación. Uno se hablaba con los compañeros: ¿a vos ya te visitó? (...) Su lema era ‘yo tengo unos amigos que pueden hacer eso’”, señaló el ex alto funcionario de la administración de Ospina. Recuerdó que el principal interés de Mauricio Ospina eran los contratos grandes, aquellos que involucraban generosos recursos públicos.
“Todo lo quería tercerizar muy a pesar de que nosotros contábamos con gente para realizar esas labores. Cuando uno le decía que no, inmediatamente venían las investigaciones, auditorías, las presencias de los funcionarios de Personería y Contraloría distrital. Eso era una locura. Nos abrían investigaciones exprés que eran cerradas al poco tiempo”. Los exfuncionarios consultados por SEMANA dijeron que todas estas acciones de Mauricio fueron puestas en conocimiento de Jorge Iván Ospina, quien les restaba importancia.
La imputación
El 29 de de enero del año 2024, la Fiscalía imputó al exalcalde y hoy interventor de la Nueva EPS por el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en el alumbrado navideño de 2020.
En la diligencia también fueron imputados el exgerente de las Empresas Públicas Municipales (Emcali), Juan Diego Flórez, y el exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicio Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 26 de agosto de 2020. El exmandatario y los otros dos exfuncionarios suscribieron de manera directa un contrato por 10.334.292.032 de pesos, mediante la modalidad de contrato interadministrativo. Sin embargo, la normatividad vigente indica que para este tipo de procesos contractuales debía abrirse una licitación pública, de tal manera que se garantizara la participación de otros oferentes y la escogencia de la propuesta más favorable.