La nueva guerra de Uribe

Los reportes de hechos atribuibles a las bandas criminales emergentes en todo el país son escalofriantes y traen malos recuerdos. La problemática es de tal dimensión que el presidente Uribe vislumbra en riesgo el éxito de su política bandera: la seguridad democrática, que trajo tranquilidad a zonas asoladas por la violencia durante años.

En el Eje Cafetero, en los dos últimos meses, se han perpetrado cinco matanzas. Caucasia, en Antioquia, cuna de una de estas bandas, es un campo de guerra que reporta 73,7 muertos por cada cien mil habitantes en 2008, la tasa de homicidio más alta del departamento. En Cartagena, pistoleros a sueldo han asesinado a varios funcionarios. En Montería, Sincelejo, Santa Marta y Valledupar ocurren crímenes con móviles similares y la población está atemorizada por los panfletos que circulan con sentencia a muerte. En Tumaco, un municipio nariñense de sólo 150 mil habitantes, se registraron 235 asesinatos en 2008 y este año ya van 25. Mientras que en Bogotá la Policía está impactada con el accionar de comandos de sicarios profesionales que usan uniformes de la institución, sofisticadas armas y vehículos de alta gama para irrumpir en exclusivos sectores residenciales y asesinar ganaderos y terratenientes regionales. Episodios de este tipo dejaron en la capital siete muertos en las dos últimas semanas.

Este panorama sobrecogedor tiene como trasfondo común a las bandas criminales emergentes que abundan por todo el país, desplegando un espiral de violencia en torno al narcotráfico. Las autoridades las denominan con el genérico de ‘Bacrim’, y según un estudio de la corporación Nuevo Arco Iris 246 municipios sufren el asedio de estas estructuras.

Sumadas y puestas sobre el mapa, las Bacrim producen una gran mancha que ensombrece buena parte del país y políticamente constituyen un desafío en asenso para la política de Seguridad Democrática. Con las Farc doblegadas y reducidas por 15.000 deserciones, los jefes paramilitares extraditados y 30.000 combatientes rasos desmovilizados, Uribe acaba de reconocer que las bandas emergentes están ensuciando el brillo de su aclamada política. Por ello formuló una ofensiva para enfrentarlas y dejó claro que de ahora en adelante ese frente de guerra merecerá tanta atención como los otros.

El Presidente ordenó una arremetida sin precedentes para evitar que esa ‘culebra’ continúe creciendo. La semana pasada, al cabo de un consejo de seguridad, presentó el afiche diseñado por la Policía para visibilizar a los cabecillas de las principales bandas y prometió el pago de jugosas recompensas de hasta cinco mil millones de pesos, para quien colabore con información eficaz. “El objetivo del gobierno es poner todos estos bandidos presos”, afirmó Uribe. El gobierno estima que los jefes de las bandas cuentan con unos 3.700 hombres en armas.

Aunque las Bacrim empezaron a surgir a lo largo del país desde el mismo momento en que inició la desmovilización de los paramilitares en 2003, hasta esta semana el gobierno las miraba de soslayo como un problema menor, marginal. Y de cualquier modo incomparable con el fenómeno paramilitar. Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, por el contrario, en cada intervención encendían las alarmas hablando de estos grupos como una nueva generación de los paramilitares.

Los recientes informes de las misiones de Naciones Unidas y de la OEA en Colombia, contribuyeron para que el gobierno reconociera esta semana la gravedad del tema. “Independientemente de la caracterización que pueda hacerse de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización, la violencia que generan no puede ser considerada como una mera criminalidad común”, anotó sin mayores rodeos Naciones Unidas, mientras que en el informe trimestral la OEA habló de 28 zonas de afectación que comprenden 14 por ciento de los municipios del país donde se verificó la presencia de esas estructuras armadas ilegales. Estos preocupantes informes –con resonancia en el exterior– pusieron a pensar con cabeza fría al gobierno que respondió con una ofensiva feroz. No sólo se le puso precio a las principales cabezas de las Bacrim como Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’; Daniel Barrera, ‘El Loco Barrera’; Pedro Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’; Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’ y Diego Restrepo, conocido como ‘Diego Rastrojo’. El gobierno además propició una reunión entre el ministerio de Defensa y el Consejo de la Judicatura “para buscar una mejor coordinación” que permita el desmantelamiento de las bandas. A la vez solicitó al Ejército y la Policía mayores esfuerzos y dio inicio a una campaña de erradicación de 1.800 hectáreas de hoja de coca sembradas en el Bajo Cauca antioqueño.

Atendiendo esta directriz presidencial, el general Óscar Naranjo, director de la Policía, fijó su centro de operaciones en esa zona y desplegó un vigoroso operativo de persecución contra los jefes de esa región donde principalmente se mueven ‘Don Mario’, protegido por una máquina de guerra que alcanza los 600 hombres fuertemente armados y entrenados.

Las bandas criminales cuentan con experimentados combatientes que formaron en las filas paramilitares y que nuevamente fueron reclutados por los que hasta hace unos años eran sus mandos medios. Se trata de los lugartenientes de los temidos “señores de la guerra” y de capos, que con la desaparición de estos asumieron sus roles y vienen haciendo fortuna con el narcotráfico y dándole largas a una guerra que Uribe entendía como resuelta.

Los jefes

Es el caso de ‘Cuchillo’, que inició su carrera delincuencial en el ejército privado del capo Gonzalo Rodríguez Gacha y luego pasó a órdenes de Miguel Arroyave, jefe del Bloque Centauros de las Autodefensas, organización con la que ‘Cuchillo’ se desmovilizó en abril de 2006. Sin embargo, cuando el gobierno ordenó la reclusión de los comandantes paramilitares en la cárcel de la Ceja, Antioquia, se fugó y volvió a sus andanzas ahora como jefe supremo. Hoy está al frente del denominado Ejército Popular Anticomunista (Erpac), que delinque en los llanos orientales.

Algo parecido ocurre con Diego Pérez Henao, ´Diego Rastrojo´, reconocido lugarteniente del desaparecido capo Wílber Varela, alias ´Jabón´. A su lado, Pérez Henao se encargó de coordinar el negocio de la coca en Valle y Chocó y el manejo de la banda denominada Los Rastrojos.

Tras la captura de ‘Don Diego’ y la desaparición de otros capos se extinguió formalmente el cartel del norte del Valle pero sus estructuras criminales persistieron por cuenta de la sucesión de mando. La nueva era la lidera Luis Enrique Calle Serna, alias ´Comba´ quien junto a Diego Pérez Henao logró extender el dominio territorial de Los Rastrojos hacia Nariño, Cauca y Chocó.

En Nariño trabajan de la mano con reductos de paramilitares del bloque Central Bolívar, conocidos como Nueva Generación y Águilas Negras y en algunas zonas de Cauca en asocio con la guerrilla.

A diferencia de los paramilitares, las bacrim tejen cualquier tipo de alianza, su propósito no es contrainsurgente sino el de dominio territorial que les permita operar el negocio de la droga y obtener los mejores réditos posibles, a costa de lo que sea.

Aunque hasta ahora ninguna bacrim alcanza el dominio territorial de lo que fueron los bloque paramilitares ni han logrado copar las esferas políticas y sociales al nivel de aquellos, Uribe acaba de reconocer en estas bandas criminales otro enemigo que se atreve a mirarle a los ojos dispuesto a desafiar la política de seguridad democrática. Y por eso ordenó sonar las trompetas de guerra contra estas.