¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz?

A cuatro años de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, dos informes cuestionan los resultados y el éxito del proceso que desmovilizó entre 2003 y 2006 a 40 mil paramilitares. El gobierno y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación creen que son “falsos, imprecisos y confunden a la opinión pública”. Mientras expertos internacionales que han participado en otros procesos de paz coinciden en que este proceso es uno de los más completos del mundo.

Las cifras oficiales y no oficiales sobre los resultados del proceso no parecen ser el problema. La controversia parece surgir cuando de uno y otro lado se preguntan ¿ha sido exitoso el balance de verdad, justicia y reparación integrales?

El balance que hace el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice: ‘Sin justicia y sin paz, verdad fragmentada, reparación ausente’ , concluye que la Ley 975 de 2005 ha fracasado en su objetivo de llegar a la verdad, penalizar a los autores de crímenes de lesa humanidad, y reparar integralmente a las víctimas del conflicto.

Por otro lado, el informe presentado por la Ong Human Rights Watch: ‘Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia’, señala la preocupante situación de los “herederos de los paramilitares”, como ha preferido llamarlos, pues estos siguen ejecutando masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión. Actividades que no difieren de las que cometían hace unos años las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

El Ministerio del Interior y de Justicia emitió horas después de la publicación del informe de HRW, un comunicado en el que reiteraba que “el paramilitarismo en Colombia está extinguido y sus jefes en la cárcel. Lo que actualmente se presenta es el surgimiento de las denominadas ‘Bandas Criminales Emergentes’ derivadas del narcotráfico”, y advierte que las cifras que publica HRW están sesgadas y no fueron verificadas con las fuentes oficiales del gobierno.

A su vez, 47 expertos internacionales en el tema de desarme, desmovilización y reintegración y consolidación de la paz, que participaron en la Gira de Cooperación Técnica Sur Sur, que finalizó el sábado 6 de febrero, coincidieron en que el proceso colombiano es uno de los más completos del mundo; y recomendaron que la Política Nacional de Reintegración se convierta en una Política de Estado, independiente de los Gobiernos.

Estas percepciones evidencian que uno de los puntos más complejos de todo este proceso es que sigan existiendo paramilitares o, como dice el gobierno, estructuras criminales que siguen amenazando a la población civil. Ya sea que se nombren como bandas criminales o como restos de viejas estructuras paramilitares, lo que alarma en ambos informes es el número de desmovilizados reciclados en dichas estructuras.

Las cifras presentadas por el Movice muestran un porcentaje cercano al 10 por ciento, e incluso, la Policía Nacional estima que son cerca de 7.200 los ex miembros de las AUC que componen las bandas de Los Urabeños, Los Rastrojos, el Erpac, Los Paisas, Los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio, Renacer, y las Águilas Negras (que no ha sido reconocida por el gobierno).

El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, tiene otro punto de vista. Para él el vaso está medio lleno, pues “el 98 por ciento de los desmovilizados no tienen ninguna relación con estos grupos delictivos y sólo el 13 por ciento de los integrantes de las bandas criminales son desmovilizados. Nosotros sabemos, por la evidencias, que ese no es un fenómeno paramilitar”.

Eduardo Carreño, representante de las víctimas del Movice, señala también que son 5.300 los desmovilizados recapturados por nuevos delitos y denuncia que 2.034 han sido asesinados en las ciudades, sin que se hayan iniciado investigaciones, hasta hoy, para encontrar los culpables. Además, le preocupa que existan 19 mil paramilitares en limbo jurídico, que no están acogidos a la Ley de Justicia y Paz, y que están sin ningún proceso judicial en su contra.

Quienes sostienen que el desmonte del paramilitarismo en Colombia ha fracasado basan su argumentación en varios puntos. El primero de ellos es la extradición a Estados Unidos de 23 líderes de las AUC sin un acuerdo firmado de cooperación de justicia entre los dos países, que garantice que sean juzgados por crímenes cometidos en Colombia y no únicamente por narcotráfico. Varios, como Mancuso, se han negado a seguir declarando sus crímenes porque no pueden comunicarse con sus hombres en Colombia; y otros, porque no tienen garantías para sus familias, como el caso de 'Don Berna' y 'Jorge 40'.

Otro punto que refuerza su tesis es la ausencia de sentencias -hasta la fecha- en contra de los postulados a la Ley. La única sentencia condenatoria, contra Wilson Salazar Carrascal alias de “El Loro”, fue anulada el 31 de julio de 2009 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Y la que más alarma a los críticos del proceso es la reorganización de estructuras criminales en cabeza de ex jefes de mandos medios de las AUC, como concluyó el informe del Movice y como sugiere el de HRW.

Según Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr), no es justo que se condene al fracaso un proceso que ha permitido, como en ningún otro lugar del mundo, sometido a un proceso de justicia transicional, alcanzar la verdad histórica y judicial a la que se ha llegado con la Ley de Justicia y Paz en cuatro años, donde se han sometido a la justicia a los máximos responsables del conflicto por los crímenes más graves.

“Si este proceso no se hubiera iniciado no conoceríamos la verdad sobre la masacre de Trujillo, ni la del Salado; ni tampoco tendríamos la verdad judicial de 46 mil delitos que están siendo investigados por la justicia; ni tendríamos a 80 políticos investigados, procesados y, algunos, condenados por sus relaciones con paramilitares”, declaró Pizarro.

Esta interpretación de Pizarro pone por encima a Colombia a nivel internacional con respecto a otros procesos de Paz donde el número de desmovilizados no llega al 10 por ciento de los que se han sometido a la justicia o donde no han sido incluidas a las víctimas para repararlas.

Frank Pearl piensa que la eficacia de la Ley de Justicia y Paz no puede medirse únicamente por las condenas y recuerda que la Corte Penal Internacional se demoró siete años para expedir la primera condena. “Aquí hay un volumen de trabajo impresionante: hay 1.968 versiones libres que se han iniciado, hay 35 mil 664 crímenes y delitos que no se conocían y que hoy están documentados, otros 17 mil 292 crímenes y delitos que no se conocían y que ya han sido confesados, y hay 41 mil víctimas relacionadas con esos delitos”.

Sobre las críticas de las extradiciones de los paramilitares, Pizarro asegura que estos jefes están colaborando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien les ha ofrecido rebajas de pena si colaboran con la justicia en Colombia, y que ya se han retransmitido las declaraciones de los extraditados y muchas víctimas han podido escucharlos.

La fiscalía tiene 278.334 víctimas registradas y en versiones libres se han declarado 25 mil homicidios. Ambos informes señalan que menos de la mitad de los postulados a la Ley de Justicia y Paz están participando de las versiones libres, y esto deriva en que no todas las víctimas serán reparadas por los crímenes que cometieron los paramilitares.

Eduardo Pizarro controvierte esta afirmación señalando que el hecho de que se hayan registrado 278 mil personas como víctimas no quiere decir que todas lo sean. “Además, no cuentan las víctimas de la guerrilla. En este momento hay 46 mil delitos en manos de la justicia”.

En cuanto a la reparación de las víctimas con bienes entregados por los paramilitares, también hay cuestionamientos de las partes críticas del proceso. Acción Social se niega a recibir muchos bienes, sobre todo fincas, y “el proceso que se adelanta con ellos es de extinción de dominio para luego subastarlos”, declara Carreño.

Sobre este tema Pizarro señala que con la reparación por vía administrativa (decreto 1290 de 2008) se han reparado cerca de 11 mil víctimas con 200 mil millones de pesos en efectivo; pero explica que hay dos tipos de bienes: urbanos y rurales. “Los urbanos que han sido entregados no tienen ningún problema porque las lonjas los alquilan, pero los rurales nadie quiere administrarlos por los altos riesgos de perder la inversión. La única forma de reparar con ellos a las víctimas es monetizándolos”.

Eduardo Carreño concluye que lo único positivo de este proceso es que con la información de las versiones de los paramilitares se han podido identificar 530 personas desaparecidas, en 1.200 fosas comunes.

En este mismo sentido, HRW destaca el reconocimiento de las víctimas y la memoria histórica que se ha conocido con las versiones libres de los paramilitares; pero insiste que en materia de justicia y los esfuerzos del Estado para desarticular las mafias, no ha sido suficiente.

Como contraste al balance negativo que hacen ambos informes respecto al proceso de desmovilización, los 47 expertos provenientes de Angola, Etiopia, Filipinas, Camerún, Burundi, Ruanda, India, Suráfrica, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Italia y México, dicen que la sociedad en su conjunto debe respaldar el proceso. Según ellos, la reconciliación de la sociedad con los desmovilizados es vital para la consecución de la paz. En ese mismo sentido, Frank Pearl confía en que la política de desmovilización funciona y eso lo demuestra la confianza que expresan en ella los expertos.

“Colombia hoy es un modelo para el mundo en materia de reintegración de ex integrantes de grupos armados ilegales. Aquí hay un proceso de una magnitud enorme y eso ha generado una presión muy grande sobre las instituciones; el presupuesto de la Fiscalía, de la Unidad de Justicia y Paz, se ha multiplicado por cuatro y no es suficiente, tenemos que hacer más. No podemos cantar victoria, pero aquí hay un trabajo serio y vamos por buen camino”, concluyó el Alto Comisionado.

Más allá de las diferencia de cifras que hay entre críticos y defensores de la Ley de Justicia y Paz, la verdadera distancia que entre unos y otros se presenta pareciera que consiste en la percepción de si realmente el proceso ha aportado a la construcción de la paz.
 
Quizá sea muy pronto para hacer balances exitosos o negativos; pero el gobierno no debe descartar, por opositoras, las observaciones que desde el otro lado pueden aportar a un proceso de paz valorado positivamente por la comunidad internacional.