Cuando todo el país esperaba que en la mañana de este lunes el expresidente Álvaro Uribe llegara a la Fiscalía para declarar por sus denuncias de supuesta financiación ilegal de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010, apareció en Cali para informar que no iba.
Eso sí, pidió que el fiscal general y el vicefiscal se declaren impedidos en el caso. “Antes de suministrar información a la Fiscalía, solicito al señor fiscal (Eduardo Montealegre) que considere declararse impedido, lo mismo que al señor vicefiscal (Jorge Fernando Perdomo), y que se tramiten los respectivos impedimentos”, sentenció.
Era obvio que tanto Montealegre como Perdomo no se iban a declarar impedidos. Sin embargo, parecería estar claro que Uribe utilizó una técnica dilatoria en este episodio por lo que aún flota en el ambiente su afirmación de que a la campaña de Santos de hace cuatro años le entraron 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Lo hecho por Uribe parece una estrategia bien calculada para que en el imaginario colectivo continúe la idea de que así fue. A solo 13 días de las elecciones, ha logrado poner a buena parte del electorado a dudar.
De paso deslegitimó al fiscal Montealegre y metió en el asunto al procurador Alejandro Ordóñez. Uribe es un ciudadano que ostenta la doble condición de expresidente y de senador electo. Ninguna le da derechos para elegir al investigador que a él le guste. No se trata de una petición inusual, sino que podría creerse que forma parte de un plan para expandir la discusión a otros escenarios sin que se resuelva nada.
Es una estrategia para darle largas a un asunto que, por lo visto, no se va a definir antes de la elecciones de este domingo 25 de mayo. Como es de presumir, el expresidente no va aportar pruebas en la Fiscalía.
Así las cosas y ante una acusación sin pruebas, pone también en una encrucijada a Montealegre. ¿Qué puede hacer hoy el fiscal? ¿Acusarlo por falso testimonio? ¿Dictarle una orden de comparecencia para que la Policía conduzca? ¿Acusarlo por injuria y calumnia? Aunque podría mirar con lupa y tomar una decisión paradójicamente cualquiera que sea desembocaría en más apoyo para Uribe, sin duda el colombiano más popular de la última década.
Sea lo que sea, hasta ahora, Uribe se muestra victorioso. Ha logrado que el país siga en la discusión de una hipotética narcofinanciación a la campaña de Santos de hace cuatro años y que en algunos casos, incluso el asunto del hacker Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, miembro activo de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, ocurrido hace solo una semana, pasara de agache.
En cualquier otro escenario, la captura de uno de los hombres que maneja las redes sociales de una campaña que es acusado de espionaje y la abrupta salida del director general de la misma por, entre otras cosas, llevarlo de incógnito para enlodar a un Jefe del Estado, como pasó con Luis Alfonso Hoyos, hubiera acabado con ella.
En este caso no. Uribe ha logrado mantener en igualdad de condiciones ambos temas, lo que lo confirma como un extraordinario comunicador capaz de dictarle la agenda a los medios de acuerdo a sus intereses.
Si se llegara a confirmar que el caso del ingreso de los 2 millones de dólares a la campaña de Santos de hace cuatro años fue un invento de Uribe, sería un verdadero golazo en el campeonato de la guerra sucia con fines electorales.