La paradoja de Santos

Hace unos años, cuando Fabio Echeverry era presidente de la Andi, solía decir que la economía iba bien, pero el país iba mal. Esa paradoja era algo difícil de entender pero en todo caso hizo carrera. Ahora se podría acuñar una frase no menos paradójica: que el país va bien, pero el presidente va mal.

En circunstancias normales la elección de un presidente depende fundamentalmente de la economía del país. De ahí la famosa frase de la jerga política de Estados Unidos para explicar cualquier victoria o derrota electoral: “Es la economía, estúpido”.

De acuerdo con este precepto, el presidente Santos debería estar bien posicionado en las encuestas y tener asegurada la reelección en la primera vuelta. Uno de los misterios de la política colombiana en la actualidad es por qué esto no está sucediendo.

En términos macroeconómicos Colombia en este momento va muy bien. Ha habido mejoras en la mayoría de indicadores. En los últimos cuatro años, el país ha crecido en promedio 4,6 por ciento, por encima de muchas de las economías de la región. Como consecuencia, el recaudo de impuestos también ha aumentado y el año pasado superó la cifra histórica de los 100 billones de pesos.

La inflación, una variable que es responsabilidad del Banco de la República y que afecta el bolsillo de ricos y pobres, está controlada. El 2013 cerró en menos del 2 por ciento, la cifra más baja en 50 años.

El déficit fiscal está bajando en concordancia con el mandato de la regla, un auto- control que se ha impuesto el propio país para tener sus finanzas en orden. El déficit del gobierno central cerró el año pasado en 2,4 por ciento del PIB y el consolidado en 0,9 por ciento. Las reservas internacionales también están en niveles récord, en la actualidad bordean los 45.000 millones de dólares, lo cual representa un colchón de seguridad para cualquier eventualidad cambiaria.

Pero más importante que las variables anteriores es tal vez la del empleo, tema que aparece una y otra vez como la primera preocupación de los colombianos. En ese frente el récord de la administración Santos es destacable. En los últimos cuatro años, la tasa de desempleo ha venido bajando mes tras mes, y ya ha pisado en varias ocasiones, un dígito, la meta que se había fijado el gobierno. En la actualidad, esa cifra es del 10,7 por ciento.

La informalidad, según el Dane, ha descendido, aunque muy levemente. Del total de ocupados en las 13 principales ciudades, el 49,4 por ciento tiene un empleo informal. Hace cuatro años ese renglón estaba en el 51,6 por ciento. Aunque a primera vista es una reducción muy moderada, este ha sido uno de los indicadores más difíciles de bajar históricamente en el país.

En pobreza también hay buenas noticias. En 2013 el indicador bajó a 30,6 por ciento, 2 puntos menos que en 2012. Esto significa que el número de pobres disminuyó en 820.000 en el último año y la pobreza extrema –que ha sido uno de los huesos más difíciles de roer– también descendió. Durante los últimos tres años han salido de la pobreza 3 millones de colombianos y 1 millón de la pobreza extrema.

Una de las cifras que más atrae a los economistas y mayor atención despierta en el exterior es la tasa de inversión. Es decir, el porcentaje del Producto Interno Bruto que reinvierte el país. Ese indicador está hoy en el 27,7 por ciento, cuando hace diez años estaba en 15 por ciento.

En sectores clave para los colombianos como la vivienda, la controvertida decisión de regalar 100.000 casas acabó funcionando. Aunque en términos del problema estructural del déficit habitacional está lejos de ser una solución integral, las casas regaladas sí tuvieron el efecto positivo de reactivar el sector de la construcción y convertirlo en uno de los motores de la economía.

Desde el exterior los inversionistas están viendo a Colombia como un país muy atractivo. Por eso la inversión extranjera directa sigue rompiendo récords. En 2013, sumó 16.772 millones de dólares, a pesar de las circunstancias adversas de los mercados internacionales, y del reciente escepticismo sobre los emergentes. Otro aspecto que habla muy bien del buen momento económico es que las empresas colombianas se han volcado al exterior. Según el Banco de la República, el año pasado las compañías nacionales invirtieron 7.600 millones de dólares afuera, algo que hace apenas una década era impensable.

Como un reconocimiento del avance de la economía, en 2011 los tres calificadores de riesgo más importantes, Standard and Poors, Fitch y Moodys, le dieron grado de inversión a Colombia, lo cual aumenta la confianza frente a la comunidad financiera internacional. Todo lo anterior debe tener muy orgulloso al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

A todos estos resultados económicos se podría sumar como un activo el proceso de paz. Este, aunque lento, ha avanzado y de los seis puntos de la agenda, se han acordado dos. No es utópico pensar que si las cosas siguen caminando como van en 2015 se pueda firmar el acuerdo que han anhelado los colombianos por medio siglo. En circunstancias normales esta expectativa debería ser la bandera de un gobierno para reclamar el apoyo popular. En el país, sin embargo, esto no está sucediendo. Las negociaciones de La Habana, que son el producto de un proceso planeado y estructurado son percibidas con una alta dosis de escepticismo y en algunos sectores como una entrega clandestina a las Farc. La realidad es que aunque la firma de ese acuerdo no será la panacea ni va a solucionar los problemas de violencia, sí representará la conquista política de mayor alcance en las últimas décadas. Desde hace muchos años el país ha padecido los flagelos del narcotráfico, la inseguridad y el conflicto armado. Un acuerdo en La Habana no va a solucionar los dos primeros, pero sí va a desterrar el tercero y Colombia, sin guerra, va a ser un país diferente.

Según las más recientes encuestas, el apoyo de los colombianos al proceso de paz ha venido cayendo y la mayoría no está dispuesta a pagar los sacrificios que implicaría. Esto, en el fondo, constituye un triunfo del expresidente Álvaro Uribe, quien de tanto estigmatizarlo y asociarlo con la llegada del Castro-Chavismo ha logrado generar cierta desconfianza alrededor de un posible acuerdo. Uribe, quien nunca ha podido endosar su prestigio en votos a una tercera persona, sí ha sido muy efectivo como jefe de la oposición. Su antiguo mantra de trabajar, trabajar y trabajar, fue reemplazado por atacar, atacar, atacar, y sin duda alguna le ha resultado.

Pero el expresidente no es la única causa de la apatía que despierta este gobierno. A Santos le han adjudicado otras etiquetas de las cuales no ha podido despegarse. Una de esas es que aunque es un estadista muy bien preparado, es elitista y no tiene carisma ni conexión con el pueblo colombiano. La otra es que su gobierno se ha caracterizado por la politiquería basada en la repartición de la mermelada.

En relación con el carisma todo es relativo. Los presidentes colombianos, por lo general, han sido más estadistas distantes que líderes populares. Los dos Lleras, los dos López, Turbay, Barco y Gaviria no eran propiamente de lavar y planchar. Uribe rompió el molde no solo por carismático sino por caudillista. Su estilo de liderazgo era más emocional y más sintonizado con la nueva tendencia latinoamericana personificada por Hugo Chávez y Rafael Correa que, por lo general, están en la cresta de la ola. El carácter conciliador de Santos y su temperamento ecuánime y racional palidece con el populismo efectista que entusiasma a las masas y está en boga en la región. Es posible que ese magnetismo con la opinión sea un nuevo atributo para los futuros aspirantes a presidentes si no quieren sufrir, como Santos, con las encuestas.

Y en cuanto a la mermelada, sobre el presidente se podría decir que ha gobernado en la misma forma en que lo han hecho todos sus antecesores, sin excepción. El sistema político colombiano siempre ha tenido elementos clientelistas que los presidentes han usado para garantizar la gobernabilidad. Que Santos haya sido identificado con ese fenómeno obedece a que la gente se cansó de ese régimen político. Hay una combinación de apatía y rechazo. Escándalos como los carruseles de la contratación, los salud-coops, el fenómeno de los Ñoños, la tragedia que vive la Justicia y la corrupción en general se han traducido en un creciente escepticismo frente al sistema. Esto se ha visto reflejado en el voto en blanco y en el altísimo número de indecisos, lo que significa que en alguna forma le están pasando al gobierno la cuenta de cobro de ese malestar.

De lo macro a lo micro

El presidente ha atribuido esta especie de apatía de los ciudadanos frente a sus logros a una falla en la comunicación. Pero el problema no está en la comunicación. Para empezar, hay que reconocer que una cosa es lo que leen los economistas y expertos a partir de las cifras y otra lo que eso puede significar para los ciudadanos del común que viven sus propias angustias.

Cuando se pasa de lo macro a lo micro se encuentran muchas de las respuestas.

Por ejemplo, a pesar de que en los últimos años el trabajo formal ha aumentado en Colombia, todavía la proporción de informalidad es muy alta. Del total de la población ocupada, 10 millones son informales. Es decir, son trabajadores que están en una lucha día a día, buscando un contrato aquí y otro allá. A ellos no les tocan las cifras de los macroeconomistas, así esos datos indiquen que les espera un futuro mejor. Ellos viven el presente.

En igual sentido, habría que decir que si bien se reconocen los esfuerzos para sacar a 800.000 personas de la pobreza en el último año, no menos cierto es que todavía hay 14 millones de personas en esa condición. Claramente, a este grupo de la población poco le satisfacen las cifras macroeconómicas del país. Por lo demás, un dato que preocupa es el de la desigualdad ya que no se redujo el año pasado. El coeficiente de Gini, que permite medir la inequidad, no presentó ninguna variación a nivel nacional, y se mantuvo estable, de 2012 a 2013, en 0,539, todavía uno de los más altos del mundo.

Otro argumento no menos importante es que dada la mejora en la economía se ha creado una nueva clase media cada vez más exigente, consciente de sus derechos, que reclama y tiene legítimas demandas sociales. Esto, paradójicamente, es un resultado de la creciente prosperidad que ya ubica a Colombia como la tercera economía de América Latina después de Brasil y México. Esa nueva realidad hace que las aspiraciones del electorado aumenten y que se sientan insatisfechos con los logros obtenidos y por el contrario quieran más.

Hay otros temas mucho más de fondo que explican parte de la desconexión. El paro agrario que le tocó enfrentar a este gobierno fue muy mal manejado y quedaron muchos resentimientos. La Casa de Nariño no logró leer bien el problema de los campesinos para detenerlo a tiempo. Hizo falta que el presidente Santos se acercara más a ellos antes de que se agruparan en las llamadas dignidades, cuando este problema se complicó. Hay que reconocer que la solución al paro agrario les quedó grande a los ministros. Tuvieron que prometer de todo para apagar los incendios, y hoy todavía las cenizas amenazan con volverse a encender.

De igual forma sucedió con la reforma a la Justicia. Lo que empezó como una urgente necesidad de hacer un revolcón en la rama judicial, terminó en una transacción politiquera entre el gobierno, los congresistas y los magistrados que indignó al país. La afortunada caída de ese orangután fue el primer gran golpe de opinión a la popularidad de Santos y su gabinete.

En términos generales las expectativas con las que arrancó este gobierno fueron mayores a las realizaciones que hoy se ven. La política de tierras y el desarrollo rural, por ejemplo, se presentó en 2010 como gran programa bandera de esta administración. Se llegó incluso a pensar que este gobierno haría la gran revolución agraria por la cual pasaría a la historia. A pesar de que fue una gran apuesta política, cuatro años después, los resultados han sido muy moderados. La formalización de tierras y la restitución que fueron tan importantes en los dos primeros años del gobierno no han avanzado mucho. Y esto no es tanto por culpa de falta de voluntad del gobierno sino porque desde un principio eran proyectos que se enfrentan a la torre de Babel en que se ha convertido Colombia: demandas, contrademandas, amenazas, choque de competencias, corrupción, etcétera. En Colombia una restitución de tierras requiere un proceso jurídico que puede durar años y en el cual las chequeras y las pistolas de los malos tienen con frecuencia más peso que la ley.

En ese contraste entre lo macro y lo micro estarían también los temas estructurales que hicieron crisis como la salud y la educación. El pésimo estado de esos sectores es el resultado de décadas de descuido, de políticas equivocadas y mucha corrupción. Las soluciones estructurales en esos sectores, aun con políticas acertadas, también requerirán décadas y la continuidad de varios gobiernos.

En todo caso, la paradoja que está viviendo el presidente va en contra de su aspiración reeleccionista. En este momento Colombia es reconocida en el mundo como un país estrella, pero más de la mitad de los colombianos no sienten esa realidad. A la campaña de Juan Manuel Santos le quedan siete semanas para derrotar la percepción de los inconformes. Un reto electoral parecido se le presentó en su primera elección con la ola verde. Con un rápido cambio de estrategia logró darle un timonazo a una situación adversa y ganar ampliamente. Ahora le toca repetir ese milagro.