¿Cómo está la "parapolítica" en Colombia?

BOGOTA (AP) — Súbitamente, el pabellón de la cárcel bogotana La Picota donde son recluidos los "parapolíticos", como se conoce a los políticos vinculados con los paramilitares, queda chico ante tantos detenidos.

"Creo que quedan libres sólo tres o cuatro cuartos", declaró Rubén Darío Quintero, un ex senador aliado del presidente Alvaro Uribe arrestado hace 14 meses. "Aquí somos unas 45 personas y si acaso cuatro o cinco no están detenidas por la parapolítica".

Cuando muchos en Colombia creían que las investigaciones de los nexos entre la clase política y los paramilitares habían menguado, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía apretaron de nuevo el acelerador de sus pesquisas y en los últimos días varios dirigentes políticos fueron enviados a prisión.

La reactivación de las detenciones de políticos --tres congresistas arrestados desde abril-- coincide con el recalentamiento de la campaña con miras a los comicios presidenciales de mayo del 2010 y confirma la vastedad de los lazos entre el paramilitarismo y la clase política.

Por un tiempo, la Corte y la Fiscalía parecieron dejar de lado esas investigaciones para concentrarse en asuntos que parecían más apremiantes, incluidas denuncias de nuevas ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército, pero funcionarios de ambas instituciones aseguraron a la AP que nunca dejaron de lado el tema y que siguieron calladamente la recolección de pruebas materiales y testimoniales.

"Estábamos recopilando pruebas... La parapolítica está más viva que nunca", expresó en diálogo telefónico el magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Las últimas tres detenciones son un tema delicado para el gobierno de Uribe porque dos de ellas involucran a políticos aliados a su gestión.

Sin ellos en el Congreso, y a pesar de que aquí las curules pueden ser asumidas por otro congresista del mismo partido, esa sintonía con el mandatario puede menguar en momentos en que el gobierno lucha por varios proyectos legislativos, como el referéndum sobre la reelección presidencial, que aún debe superar escollos legislativos.

Desde el inicio de las investigaciones en la Corte --noviembre del 2006-- a la fecha, 41 congresistas, elegidos en marzo de 2006, han sido detenidos.

De ellos, 10 fueron condenados y cinco absueltos. Otros 19 siguen en prisión a la espera de que los procesos en su contra sean resueltos por la Corte Suprema, la Fiscalía o jueces ordinarios.

Cuatro más ya recuperaron su libertad por pena cumplida.

Los tres restantes, entre ellos el ex senador Mario Uribe, primo segundo del presidente Uribe, están libres a pesar de que sus procesos aún no han terminado en los estrados judiciales.

Hay además al menos otros 40 senadores y representantes a la Cámara, elegidos también en marzo de 2006, cuyos procesos en su mayoría se encuentran en "investigación previa", que determina si hay méritos o no para un proceso formal, de acuerdo con datos de la Corte Suprema y la Fiscalía.

Entre detenidos y sometidos a investigación preliminar --en total 81 legisladores--, el congreso tiene cuestionados a casi la tercera parte de sus miembros: 102 senadores y 166 representantes.

Y de los 41 congresistas que han sido detenidos, 35 son de partidos aliados a Uribe y seis del Partido Liberal de oposición. El único partido que hasta hoy no ha sido salpicado por el escándalo es el Polo Democrático de izquierda.

El proceso no ha estado exento de polémica porque, en su gran mayoría, las acusaciones contra los congresistas se han basado en testimonios de ex paramilitares que dijeron haber ayudado en la elección de esos políticos para tener una representación legislativa que ayudase a hacer aprobar leyes laxas en el tratamiento de los jefes paramilitares cuando éstos se entregaran a la justicia.

Y al menos dos investigadores de la Corte han renunciado o han sido despedidos de sus cargos. Uno de ellos, Juan Carlos Díaz, dijo a la AP en agosto del año pasado que "las investigaciones de los primeros departamentos de la parapolítica fueron excelentes, pero se desmejoró un poco el trabajo" cuando se cayó en algo que él atribuyó a "la presión de dar resultados".

Muchos de los procesados niegan esa cercanía con el paramilitarismo y dicen que, contrario a la acusación, tuvieron sus mismos caudales de votos antes o después del auge paramilitar. Algunos admiten que se reunieron con jefes de esas bandas criminales, pero advierten que fue por causas distintas a una asociación ilícita: desde gestionar la liberación de un secuestrado, hasta entablar canales para un posible proceso de paz.

Ese fue el caso de Luis Carlos Ordosgoitia, quien presentó como parte de su defensa el testimonio del ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002). El ex mandatario aseguró que fue él quien lo envió a reunirse con paramilitares para explorar un posible diálogo de paz. Ordosgoitia fue absuelto por la Fiscalía en septiembre de 2008 tras permanecer 16 meses en prisión.

Otros, sin embargo, como Dieb Maloof, Jorge Luis Caballero o Alfonso Campo, admitieron esas alianzas y fueron favorecidos con rebajas en sus condenas por haber confesado. Hoy, los tres están libres tras haber cumplido sus penas.

El caso más sonado de las recientes detenciones fue el de la senadora Zulema Jattin, una aliada de Uribe que fue detenida el 11 de mayo por sus presuntos vínculos con los ex jefes paramilitares Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", y Salvatore Mancuso, ambos extraditados en mayo del 2008 a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

El nombre de Jattin apareció en un computador incautado en marzo del 2006 a un subalterno de "Jorge 40". Además, las autoridades dicen tener varias grabaciones en las que Mancuso habla de "pactos burocráticos" con políticos del departamento de Córdoba, al noroeste del país, entre ellos Jattin.

Procesar los datos del computador y oír testigos le ha tomado meses a la Corte Suprema, que apenas cuenta con 20 investigadores.

Según el abogado de Jattin, Pablo Elías González, la ex congresista no negó que conociera a Mancuso, pero sostuvo que lo hizo cuando ya el jefe paramilitar se había desmovilizado en 2003.

Jattin renunció a su curul al día siguiente de su detención para que su proceso fuera conocido por la Fiscalía y no por la Corte.

Incluida Jattin, 19 congresistas han renunciado a sus cargos en el parlamento, según cifra entregada por Omar Zarabanda, jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Ellos alegan que como las decisiones de la Corte --la única que puede procesar a congresistas que gozan de fuero especial en Colombia-- son inapelables, al renunciar a sus escaños pueden ser procesados por la Fiscalía y por jueces y así tener mayores recursos de defensa.

En abril y mayo, la Corte dispuso la detención de otros dos congresistas: Jairo Alberto Llanos, representante a la Cámara por el departamento de Caldas, y el senador Juan Carlos Martínez, del departamento de Valle del Cauca, ambos por supuestos nexos con grupos paramilitares.

Martínez es un aliado a Uribe, mientras que Llano es del opositor Partido Liberal.