Controversia en Medellín: asentamiento indígena a las afueras de un colegio frena las clases

Más del sesenta por ciento de los estudiantes de un colegio público de Medellín están sin clases por cuenta de la crisis humanitaria que desató el asentamiento de indígenas en las inmediaciones de la institución. Los padres de familia no están dispuestos a enviarlos.

Cerca de 250 personas se plantaron en la sede de Héctor Abad Gómez, ubicada en el centro de la ciudad, porque no tienen dónde vivir. Ellas llegaron del departamento de Chocó por las críticas condiciones de seguridad y esperan retornar en el mes de mayo.

Improvisaron casas en la acera para protegerse del sol y el agua. Ante esta situación, les abrieron las puertas del colegio para hacer uso de los baños y el acueducto. Los acudientes reprochan que sus hijos no tienen por dónde caminar y alegan temas de higiene.

Estos indígenas son los mismos que se tomaron de manera violenta las instalaciones de la Alcaldía de Medellín. Aunque 250 han sido censados en ese sector, se sospecha que otros 550 estarían varados en la subregión hasta conseguir un regreso con garantías a su tierra.

Las autoridades contaron que se asentaron en ese lugar porque los propietarios de los inquilinatos donde se estaban hospedando, en la misma zona de Niquitao, los desalojaron por problemas de convivencia que habrían protagonizado con otros clientes.

Una riña, atendida por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, desencadenó la crisis. Sin embargo, la administración del inmueble solo exigió la salida de los que estuvieron inmersos en la discusión, pero la mayoría tomó sus pertenencias y se hicieron afuera.

“Miembros de esta comunidad invitaron a los demás integrantes a evacuar los inquilinatos y hoy están a la espera del retorno hacia sus resguardos”, dijo la Alcaldía. Se sospecha que cien menores de edad los están acompañando en el asentamiento del colegio.

Ahora bien, los acudientes de los alumnos que están matriculados en la institución le piden un plan de atención urgente a las autoridades para mitigar los supuestos riesgos que han identificado, pero están avanzando en las gestiones para que vuelvan a Chocó.

La Secretaría de Gobierno distrital contó que se puso a disposición toda la oferta institucional para costear el transporte de la comunidad en buses y el envío de sus enseres: “De igual manera, se hará entrega de ayuda humanitaria a los grupos familiares”.

Varias organizaciones que defienden los derechos humanos han advertido que esta población está expuesta a varios riesgos y tienen pocas posibilidades de alcanzar una buena calidad de vida, el objetivo que se pusieron cuando abandonaron sus tierras.

“Entendemos las necesidades de nuestros indígenas. Trabajamos con ellos para que tengan una mejor calidad de vida. En articulación con diferentes secretarías pactamos el retorno de 800 personas”, dijo el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez.

Una de estas ciudadanas falleció en extrañas circunstancias en la misma zona. Su cuerpo apareció a las inmediaciones de un inquilinato. El cadáver no tenía marcas violentas visibles, por lo que no se calificó como un homicidio. Sobre la mesa hay una hipótesis que toma fuerza.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación presume que la víctima tomó la decisión de acabar con su vida en circunstancias que están siendo materia de análisis. De momento, se desconoce las razones que la habrían impulsado al hecho.

Tampoco se dio cuenta de su identidad. La Personería de la capital de Antioquia detalló que era integrante de la comunidad indígena Embera Katio. El grupo de asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados está acompañando el proceso de esclarecimiento del suceso.