Desapariciones en La Escombrera: JEP, la Unidad de Búsqueda y el rol de don Berna en los primeros hallazgos de víctimas

El martes 20 de mayo, cuando una antropóloga de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) trató de ingresar a La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, no se lo permitieron.

Las razones están consignadas en una carta, conocida por SEMANA, que el magistrado de la JEP Gustavo Adolfo Salazar envió a William Hernández Barreto, fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de ese mismo organismo en Medellín.

“Como consecuencia de la medida cautelar y para garantizar los fines de su adopción, el ingreso al área protegida está restringido y solo lo podrán realizar quienes hayan sido previa y expresamente autorizados”, dice el escrito.

La medida le echó más fuego a la ya deteriorada relación entre ambos organismos, la cual se había agravado el lunes 19 de mayo cuando la JEP sacó a la UBPD de la agenda de una audiencia para el fortalecimiento presupuestal, programada para el 13 de junio de 2025.

Por medio de un comunicado, la UBPD lamentó lo sucedido y aseguró que “continuará impulsando las acciones de incidencia que ha venido desarrollando a nivel nacional e internacional, con el propósito de gestionar los recursos financieros necesarios y suficientes para garantizar, con equidad y sin discriminación, el derecho a la búsqueda”.

En diálogo con SEMANA, María Victoria Fallon, defensora del grupo interdisciplinario por los derechos humanos que acompaña a víctimas ante el sistema interamericano de derechos humanos, calificó el choque de preocupante.

“Es un gran error lo que está haciendo la JEP porque deja a las víctimas en una situación de bastante desamparo”, dijo.

Pero ese no es el origen del distanciamiento entre las dos entidades encargadas de mantener viva la esperanza de justicia y tranquilidad en las víctimas del conflicto que buscan a sus seres queridos.

“Es un tema de egos por el afán de mostrar resultados que comenzó el 18 de diciembre de 2024”, dijeron, bajo la condición del anonimato, dos personas consultadas por separado por SEMANA.

Ese día, según las fuentes, luego del histórico hallazgo de dos cuerpos por antropólogos de la UBPD hacia las 10 de la mañana, un alto funcionario de la JEP ordenó paralizar la recuperación de los restos y tuvieron que esperar hasta horas de la noche, cuando se realizó una rueda de prensa.

“Estaban las familias, las víctimas, ahí, con la incertidumbre del hallazgo y las hicieron esperar; además había periodistas muy cerca de los restos, sin ningún protocolo”, recalcó una de las fuentes.

Incluso, cuentan, que la espera impactó tanto a un grupo de mujeres que estaba ahí y llevaba varios días acompañando la búsqueda, en lo que denominaron una vigilia de custodia, que una de ellas enfermó y cuatro días después murió.

“Uno se va desgastando, cada día es peor. El 18 de diciembre que encontramos los primeros cuerpos, Luz Ángela Velásquez se enfermó y a los días murió”, dijo Margarita Restrepo, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, cuyo rostro se hizo famoso por aparecer en los murales de ‘Las cuchas tienen razón’.

Margarita busca a su hija Carol Vanessa Restrepo, desaparecida el 25 de octubre de 2002.

El encontronazo que más sorprendió a algunas de las fuentes consultadas se dio el 30 de enero, luego de que, opinan las fuentes, la JEP pasara por alto las recomendaciones dadas desde la UBPD de mantener en privado datos de las dos víctimas ya identificadas, que fueron revelados en un comunicado.

“Hoy la JEP ha cruzado la línea de la ética pisando la ilegalidad, causando con su actuar una fractura en la confianza de las familias hacia la UBPD, que es realmente el mecanismo creado para la búsqueda humanitaria. Las familias de las personas desaparecidas encontradas en diciembre en La Escombrera pidieron EXPRESAMENTE a la JEP y a la UBPD que se guardara su identidad y la de su ser querido porque querían elaborar su duelo lejos de los medios de comunicación”, dijo María Victoria Fallón en ese momento.

Sin embargo, hay un dato conocido por SEMANA que se comenta en voz baja en los pasillos de la UBPD que podría ser tomado como un combustible más de la ruptura institucional.

Resulta que la UBPD es un organismo humanitario dedicado a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas cuyo alcance no es judicial, contrario a lo que pasa con la JEP. Es decir, la primera apoya para encontrar a las víctimas de ese delito y brindar paz a sus familias; la segunda, principalmente, trata de establecer un modus operandi para dar con los máximos responsables e intentar que estas conductas no se repitan.

Y esa misionalidad de la UBPD, según fuentes consultadas por SEMANA, abrió las puertas para que informantes se acercaran a entregar la ubicación de algunos cuerpos, como el de Natalia Andrea Cartagena, reclutada por grupos armados ilegales en la comuna 13 de Medellín a los 16 años, en octubre de 2001, y quien fue encontrada veinte años después en Santo Domingo, Antioquia, a unos 70 kilómetros de Medellín.

También abrió la puerta para las primeras acciones como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, que lideró la llegada de grupos armados al margen de la ley, como el bloque Cacique Nutibara de las AUC a la comuna 13.

SEMANA conoció información inédita que asegura que Luz Janeth Forero Martínez, directora de la UBPD, viajó a comienzos de diciembre de 2024 a la cárcel de Butner, en Carolina del Norte, una de las más peligrosas de Estados Unidos, para reunirse con Don Berna.

SEMANA se comunicó con Forero, quien aseguró que no puede responder sobre esto porque hace parte de información reservada de la investigación.

Quien sí le admitió a SEMANA que don Berna entregó información a la UBPD fue su abogado, Michell Pineda.

“Dentro de las labores de gestoría de paz, están claras las gestiones de colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, nosotros ya articulamos visitas de esa oficina con el señor Murillo, las cuales fueron materializadas y dieron éxitos, al punto de que se encontraran los primeros desaparecidos en La Escombrera”, dijo.

Aunque fue tajante en aclarar que la orientación brindada sobre unos mapas llevados desde Colombia por la UBPD no fue la única información útil para los hallazgos en la fosa ubicada en la comuna 13 de Medellín.

María Victoria Fallón aseguró que, aunque no conoce de la información brindada por don Berna, cree que puede ser posible, y aclaró: “Este polígono de búsqueda en el que se está trabajando se definió a partir de las declaraciones de varios paramilitares, por ejemplo Móvil 8, y de un croquis que entregó la familia de Arles Edison Guzmán, en 2003”.

Esos datos, indicó, los entregó una persona de la comuna 13 que aseguraba que algunos amigos suyos que eran paramilitares le habían dicho dónde había sido enterrado Guzmán, cuyo caso ella llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el cual el Estado colombiano fue condenado por la violación de derechos humanos en la operación Orión.

Al preocupante choque entre la JEP y la UBPD se le suma un ingrediente más.

“Sentimos que la JEP está más articulada con la Alcaldía de Medellín que con la UBPD, que en conjunto con la JEP eran los que se estaban buscando”, dijo Margarita Restrepo.

Como ejemplo puso la rueda de prensa del miércoles 21 de mayo cuando desde la Alcaldía de Medellín, en La Alpujarra. El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, y el alcalde Federico Gutiérrez hablaron de acelerar la intervención forense en La Escombrera a partir de junio.

“Están politizando el proceso, no somos una organización política, somos una organización de defensa de los derechos, hacemos velar los derechos y él mandó a borrar los murales, que se han internacionalizado, eso es politizar la memoria”, opinó Margarita Restrepo.

Su opinión es similar a la de otras voces que aseguran que la JEP se está pegando un tiro en el pie al utilizar como tribuna la Alcaldía de Medellín para pedir al gobierno de Petro los recursos necesarios para la búsqueda en el segundo semestre de 2025 y para 2026.

SEMANA intentó conocer una opinión de la JEP sobre el choque con la UBDP y no obtuvo respuesta, aunque alguien cercano a ese organismo dijo que se debe solamente a diferencias técnicas y, como se ha dicho desde la entidad misma, “se está trabajando en una salida”.