Antioquia
Niño de 12 años falleció por bloqueos del paro minero en Antioquia
El menor necesitó atención urgente en un hospital del departamento.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, denunció por medio de sus redes sociales que un menor de 12 años perdió la vida como consecuencia de los bloqueos que se registraron en las carreteras del departamento, en el marco del paro de mineros.
La víctima fue identificada como Davinson Mira. Él se encontraba en una zona alejada del municipio de Yolombó y requería atención urgente en el centro médico que está ubicado en la zona urbana. Sin embargo, los obstáculos que encontró su familia imposibilitaron el traslado.
Tuvieron que pasar tres días para que fuera visto por un especialista. A pesar del esfuerzo de sus seres queridos, perdió la batalla. La salud se complicó y no se pudo salvar. Así las cosas, con base en el registro de la Gobernación, ya son tres vidas perdidas producto de la protesta.
Así lo manifestó Gaviria Correa en la tarde de este viernes: “Tercera víctima mortal del paro. Dolor en el alma por el fallecimiento de Davinson Mira. Debió ser trasladado de urgencia al hospital de Yolombó, pero el bloqueo violento lo impidió por tres días”, redactó en su cuenta de Twitter.
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Luego expresó solidaridad con la madre del menor que intentó todo para salvarlo. Al parecer, ella contactó a las personas que estaban cerrando la vía para que le dieran permiso y así brindarle auxilios al menor en el pueblo, pero se habrían negado. Este hecho ha generado conmoción en Antioquia.
Junto a él, otros dos hombres han muerto en los últimos días por la manifestación que pretende tumbar las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra la minería. Uno de ellos colisionó con el tronco de un árbol que fue derribado por los violentos y el otro murió en enfrentamientos.
Por otro lado, el Gobierno nacional se volvió a sentar con los mineros del Bajo Cauca y nordeste antioqueño que están en cese de actividades desde el pasado 2 de marzo. La negociación no ha sido fácil porque hay puntos que las partes no están dispuestas a cruzar. Sigue la tensión en la mesa de diálogo.
El más reciente encuentro se realizó en la ciudad de Bogotá este jueves y duró varias horas. Los trabajadores informales fueron escuchados por las cabezas visibles de los ministerios del Interior, Ambiente y Minas. También estuvieron presentes representantes de la oficina del alto comisionado para la paz.
El objetivo principal de la contraparte es frenar las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra la extracción ilícita de yacimientos por 45 días. En ese tiempo las autoridades tendrían que hacer una formalización exprés de los mineros que hoy trabajan al margen de la Constitución.
Sin embargo, las autoridades les ofrecieron un subsidio para parar la minería en tanto no gocen de un certificado para arrancar oro de la tierra. Los protestantes dijeron que no hubo especificaciones del monto ni evaluaron las consecuencias para su bolsillo, por lo que la rechazaron de inmediato.
Saúl Bedoya, vocero de la movilización, alegó que el Gobierno pretendió que los mineros firmaran un cheque en blanco para acabar con el paro sin tener en cuenta las bases de la manifestación. Ellos insisten que la única salida es tener garantías de seguridad para extraer los materiales.
Se refieren a la supuesta intranquilidad que les genera el Ejército y la Policía Nacional, quienes tienen la orden de acabar con las grandes maquinarias que se dedican a la minería ilegal en el Bajo Cauca y cualquier territorio donde se descubran, principalmente de grupos delincuenciales.
Al parecer, el ministro Alfonso Prada les negó esa posibilidad: “La respuesta ha sido que no, que no puede ser que un Gobierno se deslegitime ante semejante exigencia”. Eso implicaría darle vía libre a la extracción sin limitaciones amenazando los ecosistemas del Bajo Cauca antioqueño.
Se les advirtió a los representantes del presidente Gustavo Petro que esa posición podría causar un estallido en las comunidades de la subregión. Sin embargo, indicaron que la organización no respalda las alteraciones del orden público que se puedan llegar a presentar próximamente.