Oro, violencia y muerte en Suárez, Cauca

El miércoles 7 de abril llegaron por la mañana nueve afrocolombianos a la vereda El Hato Santa Marta, del corregimiento La Toma, del municipio de Suárez (Cauca). Querían instalarse cerca de la orilla del río Oveja para extraer oro, cuando aparecieron tres hombres armados. “Nos dijeron que no podíamos estar ahí y dispararon”, dijo el único sobreviviente de la matanza, que huyó herido, llegó a la cabecera de la vereda y luego fue trasladado al hospital de Santander de Quilichao.

El sitio donde ocurrió la masacre de estas ocho personas queda a una hora del casco urbano de El Hato caminando por una trocha por la que no pueden viajar vehículos.

Semana.com conoció informes oficiales donde reposan denuncias de los pobladores de la zona que dicen que desde hace tiempo vienen siendo víctimas de amenazas.

Según los documentos, en los últimos meses, han aparecido nuevos actores armados en Suárez y La Toma. Mientras las Farc han hecho presencia constante en esa región, desde octubre del año pasado se han visto personas encapuchadas, con armas y haciendo retenes ilegales, que, de acuerdo con las mismas denuncias, parecen ser integrantes de otro grupo armado ilegal.

Los encapuchados pretendían conocer información de los pobladores del sector. En pocos días, los líderes empezaron a recibir amenazas por medio de panfletos o a sus celulares a nombre de un grupo que se identifica como ‘Águilas Negras-Nueva Generación’. Las intimidaciones aducían a la resistencia que estaban haciendo los mineros para desalojar los territorios y a la explotación de recursos que hacían.

El 4 de diciembre de 2009, a las 9:31 de la mañana, Licifrey Ararat, un líder minero del corregimiento de La Toma, recibió un mensaje de texto en su celular. “Hp no decidan por la comunida que si quieren en los recurs tienen 8 dias pasalir sigue la lista *** fin **” (sic).

La misma advertencia fue recibida por Yair Ortiz y Eduar Mina, dirigente del Consejo Comunitario de La Toma; Arley González, otro líder minero; Enrique Guetio, autoridad indígena, y Édwar Villegas, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Valle.

Estas amenazas y la presencia de hombres armados ya fue denunciada ante las autoridades. El pasado 17 de diciembre, durante una reunión en el Ministerio del Interior y de Justicia, los afectados y algunas ONG le contaron la situación a funcionarios de esa cartera, a representantes del de Minas y Energía, al igual que a enviados de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y de la Vicepresidencia de la República.

Ya antes de ese encuentro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) había escuchado durante una audiencia a algunos de los amenazados y a organizaciones civiles que le están haciendo seguimiento a la situación de Suárez.

Pese a todos esos antecedentes, el coronel Luis Danilo Murcia, comandante de la Brigada 29 del Ejército, dijo en los medios de comunicación que la reciente masacre se trató de “una venganza entre los mineros ilegales que trabajan en la zona”.

Otros malestares

La situación en la región es complicada, además, porque grandes empresas que quieren entrar a explotar el metal no han recibido aún la bendición de líderes mineros.

En La Toma, tradicionalmente y desde hace muchos años, una de las actividades económicas de la que viven los pobladores es la extracción artesanal del oro.

“Podemos decir que todo el corregimiento es de interés para los empresarios. En el Hato hay más vocación agrícola, pero de igual forma hay oro, sobre todo a la orilla del río Oveja. En todo caso, la vida en La Toma siempre ha girado en torno a la explotación artesanal del metal”, le dijo a Semana.com José Dover Lucumí, funcionario de la Alcaldía y habitante de La Toma.

También han sido objeto de denuncias por parte de los mineros, que ven en riesgo su sustento, decisiones tomadas por organismos como el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), que en solicitud hecha al alcalde de Suárez, Luis Fernando Colorado, ordenó el desalojo de éstas personas.

Mediante un oficio fechado el 31 de julio de 2009, le piden al mandatario que “…adelante de manera inmediata las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes a efecto de proceder al desalojo de los mineros ilegales que explotan de manera artesanal la minería en el casco urbano del municipio en mención, e impida el ingreso de nuevos mineros ilegales a este municipio, de la misma forma, le solicitan realice la recuperación técnico ambiental de las áreas intervenidas por dicha actividad, lo cual evitaría la ocurrencia de situaciones lamentables dentro de su jurisdicción, problemática que afecta la infraestructura vial y urbana de Suárez”.

Según explica el alcalde Colorado, esa petición se hizo porque los mineros estaban corriendo peligro, pues el terreno donde hacían la explotación es débil y podían ocurrir accidentes si continuaban allí.

“Todos ellos se fueron voluntariamente para Zaragoza y no hubo necesidad de que el Ejército ni la Policía acudieran a la fuerza”, comentó.

Precisamente, en la última edición de la revista Semana, fue publicado el artículo ‘La maldición del oro’, que cuenta que hace un año fue descubierta la mina Zaragoza en Buenaventura. “El balance es aterrador: la gente sigue igual de pobre, van 24 muertos, 20 heridos (por accidentes y violencia) y hay alarmas por una tragedia ambiental que puede afectar al puerto y a la línea férrea”, dice el artículo.

Por ahora, se dice que las ocho personas masacradas venían de aquella mina del Valle.
Las víctimas identificadas son: Yiber Ocoró, oriundo del municipio de Suárez, quien fue encontrado a unos 50 metros de los cuerpos de José Arnobio Mosquera, Wilfer Fernando Mosquera, Pablo Eleazar Ibargüen Mosquera, Henry Ibargüen Mosquera y Macedonio Ibarguen Mosquera. Deiver Mosquera Mosquera resultó herido en los hechos.

Desalojos desde siempre

La historia de La Toma cuenta que “a comienzos del presente siglo, una vez terminada la Guerra de los Mil Días, cuando los terratenientes ya unificados y con el apoyo de el gobierno intensificaron sus acciones para desalojar a los campesinos negros, muchos fueron expulsados, pero la mayoría se resistió a desocupar y no pagar terraje aunque tuvieran que esconderse”.

La resistencia de la gente que no quería irse generó enfrentamientos ocasionales con los grandes terratenientes, “quienes en general se apoyaron en el Ejército para intentar desalojar a los campesinos negros”, según la información que aparece publicada en la página oficial del municipio de Suárez.

“Así, las primeras décadas de este siglo fueron testigos de numerosos levantamientos de los pobladores negros en defensa de la tierra y a una vida digna, que dieron sus frutos, pues aunque no lograron reivindicar su derecho absoluto a la tierra, obligaron a los terratenientes a venderles”, dice la historia.

Después de tantos años, la relación entre oro y sangre no parece cambiar. Por ahora, si algo tienen que hacer las autoridades es encontrar a los responsables de esta nueva masacre y frenar un nuevo espiral de violencia, amarrado, parece ser, a la lucha por el control del metal.