Lo que dice el alcalde Juan Pablo Díaz Granados

"En Santa Marta hay un ambiente enrarecido políticamente fruto de algunas situaciones no bien observadas por la ciudad frente a políticas departamentales. El distrito tiene algunas dudas frente al Plan Departamental de Aguas, dudas en el sector de la contratación departamental y muchos interrogantes ante el proceso de valorización, sin la debida socialización en la ciudad. Todas las amistades del gobierno departamental, lo que han terminado haciendo es, lo digo con conocimiento de causa, financiando una campaña de desprestigio contra el distrito de Santa Marta.
 
La ciudad no es el mundo ideal, de eso somos conscientes, pero decir que el Centro Histórico no ha funcionado, no es cierto. Es un proceso en crecimiento que tiene tres años y las obras se han ejecutado en tiempos contractuales sin sobrecostos. El colector pluvial Bastidas – Mar Caribe, comenzó en 2002, hoy está financiado hasta la quinta fase y la inversión total es de 60 mil millones de pesos. (Con éste proyecto se resolverían las inundaciones provocadas por la vertiente nororiental, conocida también como Palangana).
 
El ambiente político está enrarecido porque hay una marcada campaña de desprestigio en la ciudad, amplificada por una emisora con la cual nunca tuvimos entendimiento, porque la ética no me permite hacerlo. Es de un amarillismo extremo, al punto que llegaron a decir que el programa de cultura ciudadana con Antanas Mockus era un negociado. Entonces los problemas de la ciudad, amplificados por esa emisora, dan la sensación de la ciudad pasa por una pésima situación.
 
Reconozco que la malla vial está mal, que el mototaxismo es un problema serio para la movilidad y que hay problemas con la informalidad por las ventas ambulantes y estacionarias. Pero las cosas han mejorado. Cuando llegamos al gobierno la ciudad era la 866 en desempeño fiscal en el país, hoy es la 31. Esta administración encontró un contrato de valorización por 150 mil millones de pesos, firmado horas antes de terminar el periodo del anterior gobierno. Esa concesión de valorización ha generado en la ciudad una gran polémica y este gobierno demandó, un tribunal nos dio la razón.
 
Es cierto, en Santa Marta hay problemas, pero no van a encontrar casos de corrupción ni despilfarro. Mi gobierno no había querido desembolsar la plata para el Plan Departamental de Aguas, porque tenía dudas en su ejecución y así lo manifesté a la viceministra anterior. Ese convenio se acaba de firmar hace unas semanas, pero porque el ejecutor de la obra va a ser Metroaguas, cuya junta preside el alcalde de la ciudad y se puede saber cómo se están invirtiendo los dineros. Si lo hacen mal, sabré quién es el responsable. Ya ocurrió con la construcción del alcantarillado de El Rodadero sur, donde Aguas del Magdalena hizo un contrato en 2007, la obra se siniestró y cuando tenía que estar lista en 2009, apenas están empezando. ¿Qué dice la gente en la calle? Que la culpa es del alcalde y de Metroaguas. Es decir, una obra que ha sido mal construida y que tiene varios incumplimientos, la ciudadanía se la atribuye al Distrito. Nos estamos quedando con el pecado y sin el género. Por eso no queríamos correr el riesgo de girar recursos para ampliar las redes en Santa Marta para que ocurriera lo mismo que en El Rodadero.
 
Es cierto, las expectativas con mi gobierno eran muy altas, como lo genera cualquier campaña política, pero tres o cuatro años no van a alcanzar jamás para resolver los problemas de Santa Marta. Por eso nos enfocamos en tres temas básicos: responsabilidad fiscal, mejoramiento de la movilidad con el plan de ciudades amables y en educación. Hemos tenido problemas en espacio público. Es legítima la marcha por los problemas del alcantarillado y la marcha arrancó por el descontrol de las aguas corriendo por las calles como si fuera un río, pero eso es una cosa distinta a que vengan al despacho del alcalde y le digan a uno que tiene que darle 300 millones de pesos para que hablen bien de la administración y del alcalde todas las mañanas.
Eso descompone y eso lo hace un programa de radio de 6.30 a 8.30 am. Eso descompone, altera y reta a cualquiera.
 
La suma de los malestares de la ciudad generó la marcha. Quienes salieron a la marcha esperaban 6.000 personas, pero en el mejor de los casos hubo 1.000. Es muy difícil tener contentos a los taxistas, a los mototaxistas y a los buseteros, entonces la gente que está descontenta se suma a la marcha. ¿Donde advertimos la falla de la marcha? Dejaron meter en ella, sin saber, unos elementos que la ciudad no veía desde el año 2006. En esa oportunidad los paramilitares la paralizaron dos días.
 
Cuatro días antes de la marcha la policía advirtió que ese fenómeno estaba ocurriendo y lo dijeron en un consejo de seguridad. ¿Cómo se sabe que la marcha fue manipulada o influida por sectores armados? Aparecieron unos panfletos y una persona se atribuyó la organización de la marcha. Pues lo vamos a denunciar penalmente por los daños y las pérdidas que ocasionaron al comercio y al transporte.
 
Si la gente quería marchar por el alcantarillado o por las aguas que bajan de los cerros, que lo hagan, pero les dijimos que no lo hicieran el 20 de enero porque iba a haber presencia de gente armada. Intimidaron a los transportadores. La noche antes de la marcha aparecieron hombres en moto en diferentes sitios de la ciudad, en el mercado público, diciéndole a los comerciantes: 'Si usted abre, aténgase a las consecuencias'. Ese día el comercio no abrió, el mercado tampoco, pero La gente no se solidarizó con la marcha. La gente en el mercado había dicho públicamente que no iban porque la marcha la ‘paraquearon’. La ciudad no puede seguirle el juego a un terrorismo mediático por un problema que no se ha resuelto. Y es que el gobierno no ha cedido a las exigencias de un medio de comunicación. Eso es un secreto en voz alta a nivel local.
 
Y hay otro ingrediente: el gobernador cree que yo lo mandé a suspender. Está convencido de eso y ha financiado desde la gobernación a Alejandro Arias (un abogado que dirige un programa de opinión), quien tiene un contrato de 300 millones de pesos a través de una ONG en la gobernación.
 
Cipriano López, Hubert Ramírez y Víctor Rodríguez también son contratistas de la gobernación. Hemos guardado silencio, pero le dije a Marcos Mejía, exsecretario del interior departamental y cercano al gobernador, que si ellos demuestran que tengo algo que ver con lo que le está pasando al gobernador, renuncio a la alcaldía. Pero también le dije que yo sí tengo cómo demostrar que el gobierno departamental está financiando esas estructuras con contratos en el hospital Troconis, en la gobernación al periodista Cipriano López, al abogado Alejandro Arias en la secretaría de educación y en la Ruta del Sol II. Y son ellos los que están trabajando para desprestigiar al gobierno distrital. Eso a lo que ha llevado es a que tengamos un micrófono encendido todas las mañanas. Quienes me atacan están al servicio del departamento del Magdalena".