Cada vez se le ven más al gobierno las ganas de buscar que Álvaro Uribe siga en la Casa de Nariño sin interrupciones hasta el 2014. Y aunque varios de sus voceros dijeron que no iban a mover un dedo para conseguirlo, poco a poco el gobierno ha ido destapando sus cartas en ese sentido.
La semana pasada el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, dijo que “sería un mal mensaje del Congreso dejar hundir el referendo (reeleccionista) por falta de trámite”. El martes de esta semana, cuando se debatía en la plenaria de a Cámara el proyecto que permitiría que se convoque una consulta con el pueblo para que éste decida si quiere permitir a quien haya estado dos veces consecutivas en la Presidencia, aspirar a una tercera, el gobierno emitió un decreto casi a la media noche para que la Cámara sesionara extraordinariamente. Con esta decisión quedó claro que al gobierno le interesaba aprobar la iniciativa a como diera lugar.
Pero un día después de aprobado el proyecto que, según como dice su texto, le permitiría a Uribe aspirar a la Presidencia en 2014, vino lo que era de esperar: el Ministro Valencia dijo a los medios de comunicación que el Congreso sí podía modificar la iniciativa en los próximos debates y aprobarlo para el 2010. El jefe de la cartera política fue más allá y dijo que “al gobierno le gusta la iniciativa”. La respuesta fue interpretada como el destape inequívoco de los deseos del Presidente.
Pero, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene otra reelección inmediata? El camino es tortuoso y perturbará gravemente el funcionamiento institucional normal del país en un año que será de crisis económica. Pero hay tres obstáculos principales que se atraviesan a una eventual nueva aspiración de Uribe por la vía de referendo: que se mantenga la unidad en el uribismo, que la Corte Constitucional le de el visto bueno y que consiga el número de votantes necesario.
La unión uribista
A la discusión del proyecto de referendo reeleccionista le falta la aprobación en Comisión y en Plenaria de Senado. Y ahí es cuando el ministro Valencia dice que se le puede cambiar la fecha del 2014. Como quedó aprobado esta semana, el proyecto implica que nadie puede pretender quedarse tres períodos en el Palacio Presidencial, sino que por lo menos tendría que salirse un turno y aspirar de nuevo. Como lo quiere ahora el gobierno para acomodar la norma a la magnitud de la ambición de este gobierno, es permitirle a Uribe aspirar en 2010.
Entonces el primer reto es conseguir la fuerza suficiente en el Congreso para lograr que se apruebe el cambio de fecha. Y la cosa no será fácil. En Colombia, a diferencia de algunos de sus vecinos, la competencia política es dura y hay múltiples líderes buscando la primera magistratura y no están nada contentos de quedarse envejeciendo en la banca, mientras ven jugar a Uribe una y otra vez.
El primero, que ya anunció su candidatura, es Germán Vargas Lleras (director de Cambio Radical), quien hasta ahora jugó de aliado del uribismo, pero no parece dispuesto a tanta paciencia. Otros jefes políticos están también empezando a abrirse de la máquina uribista.
Las fracturas ya comenzaron a notarse este año cuando Cambio Radical decidió apartarse de la arrasadora mayoría uribista y al finalizar esta legislatura, la mayoría de proyectos de iniciativa gubernamental se hundieron. Los que pasaron, como la Reforma Política, lo hicieron después de un esfuerzo agotador en el que el Presidente acudió a toda la cúpula ministerial para presionar al Legislativo. El propio referendo reeleccionista se fue a horas extras, fue aprobado después de 17 horas de discusión y aunque pasó quedó para el 2014.
Ante el destape del gobierno que dejó ver sus ganas por la reelección, la oposición rechazó con vehemencia la falta de claridad del gobierno, y reiteró que el Congreso no puede modificar el texto del referendo. En esa posición se ha mantenido Cambio Radical, que ha expresado a través de sus voceros, que es mejor darle un respiro a la democracia.
La duda sobre sí se puede o no reformar la pregunta promete un debate interesante para el próximo año que se resolverá a favor que quien haga su mejor juego en el ajedrez político. Al gobierno lo acompaña un argumento sensato, que cuando la gente firmó para llevar el proyecto de referendo al Congreso estaba pensado en reelección inmediata y que ese es el espíritu que debe ser respetado. También tiene de su lado al presidente del Congreso, Hernán Andrade, que ha mostrado su fidelidad absoluta a los intereses del gobierno. Pero pueden flaquearle los aliados suficientes dentro del uribismo en la plenaria y tienen pesos pesados en la oposición liberal y del Polo que se van a hacer escuchar por todas las irregularidades institucionales con las que se ha pasado este proyecto.
La Corte Constitucional y las cuentas
No es descabellado augurar que, a pesar de todo, el proyecto sale avante en el Congreso gracias a la aplanadora uribista, que estira sesiones, modifica textos, cambia las reglas a medida que avanza el juego. (Y si le faltan dos o tres voticos pues siempre le queda recurrir a la yidispolítica que resultó ser tan efectiva en 2006).
Entonces deberá pasar un segundo escollo: que la Corte Constitucional apruebe el proyecto de referendo reeleccionista. El Alto Tribunal puede dar la razón a los promotores de la iniciativa que han sostenido que el espíritu de la recolección firmas que avalaron el proyecto era el de preguntar si la gente quería una nueva reelección inmediata. Por eso puede que le dé el visto bueno al cambio de fecha del 2014 al 2010.
Lo problemático, sin embargo, va a ser aprobar una iniciativa que desde el principio ha sido cuestionada por su falta de transparencia.
El cuestionamiento más grave de la iniciativa es que los promotores del referendo violaron los topes de financiación. Según la ley el tope para una campaña de referendo es de 334 millones de pesos, y cada donante solo puede donar un máximo de 3 millones 334 mil pesos o sea el 1 por ciento del total. Los promotores usaron más de 2 mil millones de pesos para recoger las firmas. Entre estos dineros hay donaciones -que según Luis Guillermo Giraldo, vocero de los promotores fueron préstamos-, de empresas que contratan con el Estado. Las explicaciones de Giraldo, a quien su falta de claridad en la financiación del referendo le costó su puesto en la secretaria del partido de la U, han sido insuficientes.
La contabilidad que ha entregado Giraldo es tan confusa, que el Registrador no certificó la legalidad de la financiación de la iniciativa, que es un requisito para que se pueda tramitar. En una comunicación emitida por el CNE, el pasado 16 de diciembre, en respuesta a un derecho de petición del representante Germán Navas (del Polo), la entidad dijo que hay una investigación en curso para definir si hubo o no una violación a la ley.
En otra, emitida por la misma entidad, con fecha el 4 de diciembre en respuesta a otro derecho de petición del representante liberal, Carlos Piederahíta, dice que la certificación del Registrador es un requisito por el que según la ley “se declara que se han cumplido los requisitos exigidos en cada una de las etapas de realización de los mecanismos de participación”. Es decir, la Corte Constitucional puede determinar que el trámite del referendo está viciado.
Aún así, la mayoría en la sesión plenaria de la Cámara votó favorablemente la propuesta. El representante Navas anunció que demandará por prevaricato a la mesa directiva y a los representantes que votaron la iniciativa.
Importancia de la transparencia
“La nitidez en el trámite de un proceso de referendo como éste es muy importante, porque lo que busca es un cambio en el sistema político, que define unas reglas de juego para permitir el acceso al poder”, dijo a Semana.com el analista político Fernando Giraldo.
Bajo el escudo de que es una iniciativa popular, el gobierno ha defendido la prioridad que tiene este proyecto y ha dejado a un lado la importancia de cumplir con la ley. El Ministro del Interior y de Justicia ha minimizado las críticas a la financiación del referendo diciendo que “hay que distinguir entre las responsabilidades administrativas y el valor político que tienen la más de 5 millones de firmas”. Este argumento ha tenido más peso ante el Congreso, que el de esperar a que sea el CNE el que decida si hubo o no un vicio de inconstitucionalidad para así continuar con su trámite. No es un tema menor el hecho de que se tramite una iniciativa saltándose las reglas del juego establecidas para los topes de dinero en las campañas.
El hecho de que en la financiación de campañas puedan participar empresas privadas es natural en una democracia. Pero hay regulaciones específicas para que quienes participen no tengan ventajas sobre otros. No es lo mismo promover un referendo con las uñas que con el respaldo de los grupos económicos, ni es lo mismo hacerlo con 2 mil millones de pesos que con 340 millones. Por eso existen los topes.
“En una democracia, lo que se busca es que el acceso al poder sea lo menos desigual en la competencia. La preferencia por la elección de alguien puede ser por su belleza, su apellido, inteligencia o carisma, entre otros factores que son subjetivos. Por eso la ley establece unos términos, los más objetivos posibles para esa competencia, porque los subjetivos no se pueden”, dijo el analista Giraldo.
Ante la aprobación del referendo, a pesar de la falta de transparencia en el origen de los recursos, surge la pregunta: ¿cuál sería la actitud del gobierno, si una persona que ha obtenido sus dineros del narcotráfico promueve un referendo y logra recoger las firmas? ¿Podrá justificar que se trata de una iniciativa popular y por tanto hay que darle trámite, sin importar las irregularidades “administrativas”?
De todos modos, ante la creciente injerencia del Ejecutivo sobre los otros poderes, se podría especular, que consigue el acuerdo de la mayoría de los magistrados y que, a pesar de todos los cuestionamientos, sentencien la legalidad del proyecto. Se convocaría entonces a un referendo popular para que sea el pueblo el que le diga si o no a las aspiraciones de Uribe en 2010.
Lealtad popular
Allí el gobierno enfrentaría el tercer obstáculo: ganar el referendo. El número de votantes necesario para que la iniciativa sea aprobada es de la cuarta parte del censo electoral, es decir más de 7 millones de personas. Además, más de la mitad deben votar por el sí. Un número sustancialmente menor que el que votó por Uribe en 2006, que fueron 7.397.835 de colombianos. Sin embargo, falta ver si al menos la mitad de ellos están dispuestos a mantener su lealtad por el Presidente.
La popularidad del Presidente, que se ha mermado muy poco con los escándalos de los falsos positivos y de la “Casa de Nari”, tendrá la prueba más dura en 2009: el bolsillo de los colombianos que sin duda se verá empobrecido por los vientos de crisis económica que soplan en el mundo.
Y tendrá el gobierno que superar estos tres grandes obstáculos, Congreso, Corte y pueblo, en el tiempo récord de un año largo. Las elecciones presidenciales tendrán lugar en mayo de 2010, y para entonces ya se deben haber surtido las tres etapas, y se debe contar con suficiente tiempo para expedir normas que le den algún viso de competencia justa entre los candidatos que se presenten contra Uribe en mayo de 2010.
Los múltiples obstáculos institucionales que debe sobrepasar quien busque perpetuarse en el poder en Colombia son sanas salvaguardas a la democracia colombiana, que por más maltrecha que esté por los embates de la violencia y de la corrupción. Por fortuna para los colombianos, aún hace valer su larga tradición histórica.
Es bueno que los ciudadanos comprendan que el fondo, detrás de todo este ruido político, el recambio en el poder, uno de los principios fundamentales de cualquier democracia moderna, es lo que está en juego.