Apoyo militar a las AUC, vieja denuncia sin oídos

Los detalles narrados por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño Sandoval, y sus aportes a la expansión del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la región de Urabá, Córdoba y Chocó son viejas denuncias que en su momento no tuvieron oídos. Por eso, a las víctimas que estaban este martes en la Fiscalía las revelaciones del desmolizado no las sorprendió. Por el contrario, ellos -aseguraron- sabían bien esas páginas de la historia. 

Mancuso expuso cómo Del Río y Carreño Sandoval participaron de manera directa en la expansión y consolidación de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por Carlos Castaño, cuando se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de las brigadas XVII, asentada en Carepa, y la XI, con sede en Montería.

Si bien todas las denuncias de la época eran rechazadas por los gremios empresariales, los mismos militares y funcionarios de Estado de alto nivel, la fuerza de la prueba llevó al juez Pedro Díaz a proferir en una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001.
 
La detención se basó en las pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación al general Del Río por su participación en el asesinato y desaparición de más de 1.200 personas durante los años 1996 y 1997, cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVII. No obstante, fue ex carcelado el 6 de agosto del 2001 y el 9 de marzo de 2004 el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación.

Quien pasó de bajo perfil fue el general Orlando Carreño Sandoval. Sobre su paso por la Brigada XI no existen investigaciones en sus nexos con el paramilitarismo, así como tampoco cuando reemplazó a finales de 1997 a Rito Alejo del Río en la Brigada XVII. Su paso por la Fuerzas Armadas lo llevó a ser Comandante del Ejército Nacional, cargo al que llegó en noviembre de 2003 y del cual salió a finales del 2005. Hoy aspira a ser gobernador de Santander.

Sin oídos

Uno de los documentos más detallados que complementa lo afirmado por Mancuso es el texto Pasión y muerte de un informante, del sacerdote jesuita Javier Giraldo, citado además en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia adelantado por el senador Gustavo Petro el 17 de abril pasado.
 
El prelado hizo un recuento del proceso y posterior muerte del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, por describir las relaciones entre los militares de diversas guarniciones en Antioquia y las Auc.

De acuerdo con sus declaraciones, “el General Rito Alejo Del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona y de allí se comunicaba con el “Mono Mancuso”, líder paramilitar. La oficina de dicho General era frecuentada por paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares entraban sin problema a la Brigada XVII donde el General Del Río les daba confianza; dicho General más bien le temía a los soldados regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para matarlo”.

En una segunda declaración ante la Procuraduría, realizada el 23 de febrero de 1999, Giraldo Yepes dio más detalles contra Rito Alejo Del Río: “El General Del Río era el que daba las órdenes a los comandantes de batallón y sus directrices eran trabajar con los paramilitares y hacer “legalizaciones”.
 
Él mismo era escoltado por paramilitares y a la Brigada entraban los principales líderes de éstos, como Mario Pragas, Mancuso, “Negro Fino”, “Jota Jota”, “Cero Cero”, “La Zorra”. Afirma que el General les decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía ser “A-1” (o sea de máxima prioridad)”.

Giraldo Yepes también señaló al entonces coronel Martín Orlando Carreño Sandoval, en esa época comandante de la Brigada XI, con sede en Montería, y luego de la XVII, de Carepa. “Él también apoya a los paramilitares. Los líderes paramilitares de Valencia y Tierralta iban a la Brigada a ofrecer trabajo para los soldados y el General Carreño le pedía al Mayor que escogiera los mejores”, aseveró el soldado.

Pero la de Giraldo Yepes no fue la única voz que se escuchó en contra de los dos generales comprometidos en las declaraciones de Salvatore Mancuso. En el informe de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conceptuó que “en virtud del alto nivel de interacción entre las fuerzas paramilitares y las tropas del Ejército dentro de su jurisdicción, la Comisión considera que, salvo que se esté tratando de una palpable inefectividad y falta de control sobre sus tropas, es claro que el General Rito Alejo del Río debía tener conocimiento (...) de la presencia de los paramilitares en el área y de la cooperación entre sus hombres y aquellos grupos”.

“A pesar de las múltiples quejas acerca de la colaboración entre el Ejército y los paramilitares en la jurisdicción de la XVII Brigada y la evidente seriedad de la situación, el Ejército nunca investigó la conducta del General Rito Alejo del Río en este aspecto. De hecho, el Ministerio de Defensa recientemente transfirió al General a una importante posición: Comandante de la XIII Brigada, una unidad militar que incluye a Bogotá bajo su jurisdicción. Es más, la propaganda oficial del Comando General del Ejército hace una referencia favorable de 1997 como el año de la "pacificación" de la región de Urabá”, indició la Comisión.

La Comisión hizo notar que en casos de actividades conjuntas entre paramilitares y militares, en especial aquellas operaciones que se llevan a cabo con el conocimiento de los superiores, los miembros de los grupos paramilitares actúan como agentes estatales. “Por ello, la Comisión está obligada, por lo tanto, a juzgar de acuerdo con la normatividad sobre los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y advierte que las violaciones que estos cometan se toman por violaciones del Estado colombiano”.
 
El Departamento de Estado de Estados Unidos también hizo algunas referencias en sus informes sobre derechos humanos. En el documento correspondiente a 1998, el Departamento de Estado advirtió: “Los comandantes militares locales y los grupos paramilitares llegaron a acuerdos tácitos en algunas regiones, y los grupos paramilitares operaron libremente en algunas zonas que se encontraban bajo control militar. Las autoridades asignaron dos oficiales de alto rango quienes tienen vínculos con los grupos paramilitares a posiciones de alto liderazgo, entre ellos el Brigadier General Rito Alejo del Río Rojas”.

Otro informe de la época, llamado Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario, divulgado en 1998 por la organización no gubernamental norteamericana Human Rights Watch (HRW), da cuenta de las relaciones de Rito Alejo Del Río con los grupos paramilitares de la región de Urabá a partir de las declaraciones del coronel Carlos Alfonso Velásquez, jefe de estado mayor a las órdenes del general Del Río en la Brigada XVII y altamente condecorado por su persecución de los miembros del cartel de la droga de Cali, quien “informó a sus superiores de que su oficial superior apoyaba a los paramilitares en Urabá”.

“Como mínimo, no existe en el Señor Brigadier General Comandante de la Décimo Séptima Brigada un convencimiento de que la Delincuencia Organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá,” informó Velásquez a sus superiores, según HRW.

A raíz de sus denuncias, conocidas por el entonces general Iván Ramírez, comandante de la Primer División del Ejército, Velásquez fue investigado y relevado de sus tareas diarias de jefe de estado mayor y, finalmente, retirado del Ejército el 11 de enero de 1997 con el argumento de haber cometido actos “contra la subordinación, contra el servicio y el compañerismo”.

Hoy, con los señalamientos de Salvatore Mancuso ante los jueces de Justicia y Paz, el general Rito Alejo Del Río recobra su protagonismo en la expansión del paramilitarismo en Antioquia, Chocó y Córdoba, y reviven las denuncias del pasado que, en su momento, no tuvieron oídos que escucharan.

*El autor de este artículo es miembro de la Agencia de Prensa IPC de Medellín, organismo que le ha hecho un detallado seguimiento a los procesos de violencia en Colombia.