Atlántico, zona de alto riesgo

Agencia de Prensa IPC – CCEEU*
Barranquilla

La presencia aún de grupos paramilitares que se escudan en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para continuar con sus actividades de control social, económico, político y militar convirtieron a Barranquilla y al departamento del Atlántico en una zona de alto riesgo.

Desmovilizados que se vienen rearmando, paramilitares que no se involucraron en el proceso de desmovilización, nuevos reclutamientos y mandos medios que tomaron el mando en reemplazo de sus comandantes, hoy encerrados en el Centro de Reclusión Especial de La Ceja (Antioquia), convirtieron las calles de la capital del Atlántico y de por lo menos 13 municipios del departamento en un territorio en alta tensión.

La geografía del riesgo es amplia: Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Sabanagrande, Baranoa, Luruaco, Santo Tomás, Campo de la Cruz, Tubará, Suan y Ponedera. En esas poblaciones, cada día trae consigo muertos, desaparecidos y desterrados.

Si bien el proceso que ahora se conoce como “el computador de Jorge 40” ha ido revelando la trama de cómo el Bloque Norte de las Auc, liderado por Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, logró el dominio del Atlántico y de buena parte de la Costa Norte, lo que se advierte hoy es que pese a la desmovilización final de este bloque el 10 de marzo de este año, la paramilitarización del departamento aún continúa, “y con más fuerza”, señalan fuentes judiciales que pidieron la reserva del nombre.

El ciudadano de a pie, así como el líder comunal, sindical, estudiantil y el activista de derechos humanos, son constantemente amenazados por grupos armados ilegales que siguen nombrándose como paramilitares. En la ciudad tienen tan clara la situación que no dudan en señalar que la desmovilización no se ve. “Aquí no se desmovilizó nadie, en las calles y pueblos siguen los mismos”, advierte una fuente gubernamental local.

Los testimonios de la gente son respaldados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que, el pasado 21 de septiembre, emitió el Informe de Riesgo N. 040-06 AI: “Estas estructuras paramilitares, luego de su proceso de desmovilización en el marco de las negociaciones con el Gobierno Nacional, han venido reconfigurando sus estructuras militares en unidades sicariales que generan amenazas y controles sobre la población y algunas entidades públicas, de manera soterrada y selectiva, convirtiendo el área metropolitana de Barranquilla en su principal epicentro para el accionar de sus operaciones delictivas en la Costa Norte colombiana”.

De acuerdo con cifras que manejan diversas dependencias de seguridad, se calcula que sólo en Barranquilla hay por lo menos 50 sicarios que actúan para los grupos paramilitares. El sicariato allí, que utiliza motocicleta y pistola 9 milímetros para sus delitos, es ahora una práctica tan recurrente como lo fue en Medellín a finales de los años 80 y comienzos de la década del 90.

El Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo explica que la reconfiguración de las estructuras paramilitares se ha venido conformando de las diferentes facciones de autodefensas y de ex combatientes de las Auc, bien que se han desmovilizado o también de aquellas estructuras disidentes que no se acogieron al proceso con el Gobierno Nacional.

“En ese sentido, se ha evidenciado la conformación de un nuevo frente denominado Pablo Luis Díaz Aroca, que al parecer está relacionado con el desmovilizado frente Tomás Felipe Guillén del bloque Norte de las Auc, y la aparición de otro grupo autodenominado Muerte a Sindicalistas (MAS)”, afirma la Defensoría.

Agrega el Informe de Riesgo N. 040-06 AI que estas nuevas estructuras “han continuado con el proceso de expansión y consolidación de los espacios de poder urbano, así como regular la dinámica social y política de sus habitantes, y garantizar la apropiación de los flujos de excedentes de la economía lícita e ilícita, a través del uso de la violencia selectiva para subordinar a su proyecto los intereses estratégicos de la población civil”.

Su accionar, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se expresa en el ejercicio de la amenaza, el terror y la violencia selectiva, contra el sector sindical, así como contra las organizaciones sociales, defensores y promotores de los derechos humanos, y periodistas y comunicadores. En este momento, 58 personas tienen esquemas de seguridad que dependen del Gobierno nacional.

Para la época del Informe N. 040-06 AI, se estimó en 590 personas la población en riesgo. Cifra que revela un creciendo paulatino, pues el 27 de mayo de 2005, el Informe de Riesgo N. 020-05 advirtió de amenazas contra 301 sindicalistas del Atlántico. “En lo que va corrido del 2006, el riesgo se ha incrementado. En este año, la Defensoría ha conocido que 30 personas han tenido que salir desplazadas forzosamente de la ciudad, mientras que otras 15 han tenido que refugiarse fuera del país”.

¿Quiénes mandan hoy?

Dos ex policías tendrían ahora, según diversas fuentes de seguridad, el mando de los grupos paramilitares que actúan en Barranquilla. Se trata de Miguel Villareal Archila, conocido con los alias de Salomón o El Flaco, y Wilmer Guerrero Ibáñez, alias Nacho Guerrero.

Ambos personajes no son desconocidos en el ámbito barranquillero, están vinculados al proceso penal por la devolución de dos toneladas de cocaína a grupos paramilitares de la Costa Atlántica en agosto de 2002. Hoy son prófugos de la justicia.

Villareal Archila es un subteniente retirado de la Policía que, en el pasado, ha sido identificado como jefe de finanzas de las Auc en el Atlántico. Hoy sería el líder de los nuevos grupos de paramilitares de la región, junto con Guerrero Ibáñez, quien llegó al grado de cabo en la institución policial antes de su desvinculación e ingreso a las Auc. “Ambos estarían manejando una estructura delictiva que les permite tener el control de la ciudad y de parte del departamento”, dicen funcionarios de seguridad.

Fuentes judiciales dicen que aquellos que se tomaron el poder tienen varios procesos penales desde hace cinco años, “lo que pasa es que, por su poder de intimidación, es difícil obtener pruebas en su contra”.

Las autoridades investigan en la actualidad la conformación de esta nueva estructura paramilitar y sus posibles nexos con miembros de la Policía, personajes del empresariado y la política regional.

Refinan los controles

Según los rastreos de los organismos de seguridad, los nuevos jefes han dividido la ciudad en sectores con el fin de mantener “mayor eficiencia en el control social y económico a través del cobro de vacunas a diversos sectores, la proliferación del pagadiario y la oferta de seguridad”.

La situación es de tal magnitud que un investigador de la Central de Inteligencia de la Policía no duda en reconocer que la práctica extorsiva de las vacunas “está en todas partes”, y cita municipios como Soledad, Sabanalarga, Sabanagrande y Malambo. “Está en todas partes”, insiste.

Los ejemplos abundan. Se ha establecido que los tenderos deben pagar 25.000 pesos semanales; los transportadores del servicio público de pasajeros cancelan al final del día hasta 5.000 pesos por servicios seguridad en las rutas; en el mercado de Barranquillita, a todo camión que llegue con alimentos le cobran 50.000 pesos, y regulan la entrada de productos del agro, como maíz, plátano y yuca, con la intención de aumentar o bajar los precios.

Pero donde también se evidencia un estricto control social es en el sistema pagadiario, una modalidad popular de préstamo de dinero en pequeñas cuantías que debe abonarse diariamente, con intereses hasta del 20%, y cuyos fondos estarían asociados al lavado de dinero. Muchas de las muertes que ocurren obedecen a retaliaciones por deudas no canceladas a tiempo.

En cuanto a la seguridad barrial, la gente expresa sus temores. “Los serenos (celadores) en los barrios ya no son los mismos de antes. Antes eran personas sencillas, modestas, con un bolillo. Pero los de ahora son en moto, de uniforme y ya les ve uno que son otra cosa”, narra un funcionario judicial.

Pero no sólo estas pequeñas actividades son la expresión de grupos ilegales asociados al paramilitarismo. Analistas en seguridad advierten de los grandes capitales “de dudosa procedencia” que está moviendo en la ciudad el mercado de la construcción.

“Hemos venido observando la aparición de diversas empresas que construyen casas entre 280 millones y 1.000 millones de pesos en una ciudad que se ahoga en la pobreza”, relata una fuente de seguridad, quien asocia estos movimientos a los negocios del narcotráfico que en la Costa Norte colombiana lo dominan organizaciones ilegales ligadas al paramilitarismo.

Frente a este panorama, la Informe de Riesgo N. 040-06, de septiembre 21 de 2006 concluye que “de no aplicarse medidas prevención y protección efectivas por parte del Estado, es previsible la ocurrencia de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos individuales y la utilización de métodos y medios para generar terror en esta población”.

*Agencia de Prensa IPC, con el apoyo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).