El caso del primo del Presidente, prueba de fuego para medir la independencia del fiscal Mario Iguarán

Mario Uribe, el primo del presidente Álvaro Uribe Vélez, fue congresista de la República hasta el mediodía de este jueves, cuando presentó su renuncia ante la Secretaría General del Senado. Con su decisión, esquiva la Corte Suprema de Justicia que lo había llamado para que respondiera en el caso de la parapolitica y deja su suerte en manos del fiscal general de la Nación, Mario Iguarán.

No es el primer caso. Pero seguramente su proceso será seguido con lupa porque antes de que Iguarán llegara a este cargo se desempeñaba como viceministro de Uribe en la cartera del Interior y de Justicia. En ese momento era un hombre de absoluta confianza del Jefe del Estado, él mismo que hoy dice que siente gran “tristeza” como “persona” por las circunstancias que corre su familiar y de las que él espera, sin embargo, salga inocente.

Uribe, ex congresista, y Uribe, presidente, están unidos no sólo por estrechos vínculos de afecto, sino por su historial político iniciado hace varias décadas en Antioquia. El camino lo recorrieron juntos hasta llegar a los escalones en donde actualmente se encuentran.

Uribe es el fundador del partido Colombia Democrática, creado en 2003 de acuerdo con los requisitos exigidos por la reforma política. Fue su presidente. Y desde los inicios, sus declaraciones y sus actos fueron controvertidos. Recibió, durante la campaña para las elecciones del año pasado, candidatos que habían sido ‘purgados’ de otros partidos uribistas. En particular, a Rocío Arias y a Eleonora Pineda, que después fueron excluidas en medio de versiones sobre presiones realizadas por la embajada de Estados Unidos. Ahora se informó que el testimonio de Eleonora -al igual que los de Salvatore Mancuso- lo tienen contra la pared.
 
Junto a Mario Uribe, los otros dos senadores elegidos el año pasado por el partido –Miguel de La Espriella y Álvaro García– y el representante Eric Morris están detenidos por presuntos vínculos con los paras. Lo cual, en plata blanca, significa que casi toda la bancada está vinculada: sólo está al margen el representante William Vélez.

En el campo político, el senador Uribe también ha generado controversias. Fue ponente de la primera versión de la Ley de Justicia y Paz y uno de los artífices de la reforma constitucional que permitió la reelección de su primo Presidente.
 
Además, en momentos en que circularon rumores sobre un posible fallo de la Corte Constitucional en contra de esa enmienda, llegó a decir que los ciudadanos debían votar de todas maneras por la reelección. En boca de alguien tan cercano al primer mandatario, esa declaración generó un gran debate. Siempre, a pesar de todo, se la jugó de frente por su primo Presidente. 

La decisión de Uribe, ex senador, cambia el esquema de su defensa. La Corte Suprema opera con un sistema inquisitivo. Los mismos magistrados toman las decisiones en las diferentes etapas de un juicio: abren el proceso, determinan si los acusados permanecen o no en libertad, hacen la investigación y, finalmente, dictan la sentencia definitiva.

La Fiscalía, en la justicia ordinaria, solamente define si llama a juicio a un acusado, pero la sentencia queda en manos de los jueces. En este sistema, además, las decisiones son apelables. Además, los jueces que finalmente toman dictan sentencia son aquellos que trabajan en las zonas de influencia en donde posiblemente se cometió el delito. De tal manera que si el proceso contra Uribe llegara a las mayores instancias, al final, sería un juez que vive en una región en la que este es considerado el gran jefe político el que dicte su veredicto.

Esta situación ha creado suspicacias en este complejo proceso. Es natural que si la Fiscalía decide acusar a los congresistas, entrarían a actuar jueces de sus regiones para dar el fallo final sobre su culpabilidad o su inocencia.
 
Lo cual genera prejuicios sobre la capacidad de los parlamentarios para ejercer presión, sobre la dilación de los procesos en el tiempo y sobre las conocidas demoras de la justicia ordinaria para actuar. En el caso de Dragacol, para citar sólo un ejemplo, las investigaciones llevan siete años y todavía no hay sentencias definitivas.

El caso de Mario Uribe no es el primero. El giro de la parapolítica hacia la Fiscalía empezó el pasado 27 de marzo. La sesión plenaria del Senado fue interrumpida en forma sorpresiva con la lectura de una carta del senador Álvaro Araújo, actualmente preso en la cárcel La Picota de Bogotá por decisión de la Corte.
 
En ese momento, su objetivo principal era anunciarle a la presidenta de la corporación, Dilian Francisca Toro, que renunciaba a su curul. Con esa decisión, Araújo buscaba dejar de lado el fuero que establece la Constitución para los congresistas acusados de haber cometido algún posible delito: el privilegio de ser juzgados por la máxima entidad de la justicia, la Corte Suprema.
 
Al perder esa prerrogativa, empezó a someterse al mismo procedimiento que tendría que seguir cualquier ciudadano: presentar sus argumentos ante la Fiscalía General para que avalúe si debe llamarlo a juicio o no. En su caso, la Fiscalía siguió adelante y decidió llamarlo por los mismos delitos que habia investigado la Corte.

En su momento, la carta del ex senador Araújo estaba llena de quejas. Argumentaba que le hacía el quite a la Corte, en contra de su voluntad inicial, porque había llegado a la conclusión de que en esa dependencia no tenía garantías.
 
Dijo también que la sala penal, que estudiaba su proceso, no había practicado pruebas solicitadas por él (básicamente recibir algunos testimonios), que se apresuró a meterlo a la cárcel sin oírlo previamente y que había escuchado testigos en su contra sin su presencia.

Mario Uribe apeló a unos argumentos similares. Primero, que fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema sin antes haber sido escuchado en versión libre y, segundo, que su defensa había pedido un aplazamiento del llamado a indagatoria y fue rechazada por el tribunal.

La jugada de los parapolíticos es vista en muchos escenarios sencillamente como descarada. Ya que hacerle el quite a ser juzgados por la Corte es un hecho atípico, pues precisamente esta corporación los juzga con todas las garantías por su condición de parlamentarios.
 
La Corte y la Fiscalía actúan con dos sistemas totalmente diferentes. En realidad, que la Corte Suprema juzgue a alguien es sólo una posibilidad excepcional. Su papel natural es actuar como última palabra en los casos de los ciudadanos que ya han sido juzgados, en primera instancia, por jueces y, en segunda, por Tribunales Superiores.
 
Pero la Constitución establece un fuero especial para los congresistas y para los más altos funcionarios del Ejecutivo y del Poder Judicial: que los juzguen los magistrados de la Corte. Un privilegio, justificado en la majestad de los altos cargos, porque se trata de un cuerpo colegiado –y no de un juez que actúa en forma individual– y por el alto nivel profesional, ético y técnico que suelen tener los magistrados de la Corte Suprema.
 
En el caso de los congresistas, este privilegio les fue otorgado por la Constitución de 1991 en reemplazo de otra figura, muy controvertida, que contemplaba la Carta de 1886: la inmunidad. Ningún senador o representante podía ser juzgado, a menos que así lo estableciera la mayoría de sus colegas en el Congreso.

En voz baja, en ocasiones, y a pleno pulmón, en otros casos, los congresistas, sin embargo, creen que la Corte no los juzga con equidad sino que ya los tiene entre ojos y los va a declarar culpables. Argumentan que por tratarse de la máxima autoridad, no existe otra ante la cual se puedan apelar sus fallos. Sólo hay una instancia.

Independientemente de estas consideraciones, el giro del escándalo tiene mala presentación y debilita el funcionamiento de la justicia. Frente a la comunidad internacional, que sigue con lupa el proceso, los cambios en las reglas de juego despiertan sospechas de manipulación y tropicalismo.
 
Sin embargo, desde el punto de vista de los intereses de los acusados, el cambiazo de la Corte por la Fiscalía tiene toda la lógica del mundo. No están violando ninguna norma y se están acogiendo a procedimientos legales en los que tienen más juego.

Sin embargo, en el caso del primo del Presidente, las cosas no serán tan corrientes. Y no sólo para él, sino especialmente para el fiscal Mario Iguarán, que tendrá a toda la opinión publica de ahora en adelante mirándolo sin perder detalle para determinar su verdadero carácter. Es decir que no se trata de una renuncia al fuero nada más. Está en juego el futuro judicial del primo del Presidente. Y también la gestión del Fiscal General de la Nación.