Fiscalía envía a la Corte otra acusación contra el senador uribista David Char Navas

Un nuevo lío de un congresista con la justicia copa la atención de los barranquilleros. Se trata del caso del senador uribista David Char Navas, quien deberá responder a la acusación de que él le solicitó a un grupo de personas que tenían graves problemas con la Dian la suma de 1.000 millones de pesos con el argumento de que tras recibir ese monto él podía solucionarles el problema. Por eso, la Fiscalía le envió a la Corte Suprema de Justicia copia del expediente y las denuncias para que lo investigue. Esta es la segunda investigación que adelanta esta corporación contra el político ya que también figura en el escándalo del computador de ‘Jorge 40’.
 
El pasado 5 de abril de 2006, la Fiscalía Quinta Delegada de DH y DIH, envió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el Acta No. 1 de estructuración de una campaña política al Senado, la cual consta de cinco folios y que trata de una reunión para acordar los términos sobre los cuales se trabajaría la candidatura de David Char.

En ese documento, hallado en la diligencia de allanamiento, registro y captura de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, se señalaba la manera como colaborarían en cada uno de los municipios los alcaldes, concejales, hospitales, colegios y líderes del Atlántico en la campaña del entonces aspirante, hoy senador.

El pasado 10 de noviembre el Fiscal 12 Especializado de la Unidad Nacional Anticorrupción, al resolver la situación jurídica de los sindicados por el denominado caso de la ‘Dian paralela’, envió copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue las acusaciones que existen contra el senador David Char y contra el Director de Impuestos Nacionales, Néstor Díaz Saavedra,, a quienes se les sindica de haber solicitado a los procesados 1.000 millones de pesos para detener la investigación por una defraudación a la Dian estimada en más de 7.900 millones de pesos.

Este último proceso se originó al detectar la división de cobranzas de la administración de personas naturales unas irregularidades en la Dian Barranquilla, donde se presentó la alteración de los reportes de cuentas de unos contribuyentes a quienes se cancelaron deudas sin ningún soporte.

Unos funcionarios y ex funcionarios montaron una oficina paralela a la Dain en Bogotá con el fin de defraudar y falsificar los procesos de cobro que adelanta la entidad. Lo que hacían era identificar grupos de deudores morosos a quienes informaban sobre el estado de sus cuentas, posteriormente les advertían sobre un cobro coactivo sino pagaban sus deudas por concepto de IVA, retefuente y renta, y finalmente se les acercaban diciéndoles que pagando 30 por ciento de la deuda ese grupo que actuaba en distintas dependencias se las borraba del sistema.

En la oficina montada en Bogotá las autoridades hallaron que los implicados habían instalado programas de uso exclusivo de la Dain, los que sólo pudieron adquirir sustrayéndolos fraudulentamente al sistema oficial. A los responsables de estas conductas les encontraron bases de datos exclusivas de la Dian y unos programas para la depuración contable, también de uso exclusivo. Al tener copias de los programas podían alterar y controlar las deudas de los contribuyentes, borrándolas o disminuyéndolas y expidiendo resoluciones ficticias. Pero, como no hay crimen perfecto, los malhechores, así los denomina el fiscal al calificar el sumario y llamarlos a juicio, en el ardid que tenían montado cometieron errores en las resoluciones que los liberaban de obligaciones y aunque en el sistema podía aparecer borrada la deuda, en los archivos permanecía porque los soportes no estaban radicados en los documentos físicos ni en la de notificaciones.

En la acusación inicial estuvieron involucradas cerca de 300 empresas, que resultaron doblemente perjudicadas, pues no sólo perdieron el 30 por ciento pagado a los embaucadores, sino que ahora enfrentan sanciones y además deben pagar el total de la deuda con sus respectivos intereses.

Tras varios meses de peritazgos, investigaciones e indagatorias, la Fiscalía dictó resolución de acusación por concierto para delinquir, cohecho propio y falsedad material en documento público contra 11 personas, quienes se encuentra bajo detención preventiva.

¿Qué tiene que ver el senador David Char en esta oscura trama de corrupción?

Al detectarse los registros de los falsos pagos a las deudas de los contribuyentes gestionadas por la ‘Dian paralela’, la subdirección de cobranzas las anuló y esta oficina de estafadores no pudo cumplirles a sus clientes. Comenzaron los reclamos de quienes habían pagado para que les borraran o redujeran sus deudas y en este momento los implicados intentaron una arriesgada acción de salvamento de lo que habían hecho hasta el momento: realizar una gestión “por arriba”, con el fin de aguantar la investigación y salvar los pagos que ya habían recibido de algunos clientes.

Para poder hacer la operación de salvamento acordaron realizar una colecta de 1.000 millones de pesos que debían recaudar entre todos los implicados con destino, según el expediente, al  Director de Impuestos Nacionales, Néstor Díaz Saavedra.
 
Siempre, según el expediente, el contacto con el Director de Impuestos Nacionales lo hizo el senador David Char, quien viajó a Bogotá para entrevistarse con el alto funcionario de la Dian, quien exigió la suma de 1.000 millones de pesos para “legalizar”los pagos y depurar las cuentas de quienes habían pagado.

Los miembros de esta asociación sólo alcanzaron a hacer un abono de 200 millones de pesos, para lo cual recurrieron a préstamos, empeños, ventas e hipotecas. Dineros que fueron entregados a un fiscal comisionado para recibir los dineros, pero no alcanzaron a lograr sus propósitos de detener la investigación interna y la penal, ni tampoco su cometido de corromper a funcionarios de alto nivel de la administración para seguir con sus actos ilícitos.

En conclusión, la Fiscalía envió copia de las acusaciones contra el senador David Char Navas y el Director de Impuestos Nacionales, Néstor Díaz Saavedra, para que se les investigue sí solicitaron a los implicados 1.000 millones de pesos para detener la investigación. Se trata de un nuevo caso de evidente corrupción.