Fiscalía llama a indagatoria a 21 firmantes del ‘acuerdo de Ralito’

Los 21 ex congresistas y dirigentes políticos de la Costa Atlántica que se reunieron en julio de 2001 con los cuatro más grandes jefes del paramilitarismo en el país tendrán que rendir indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, que indaga si incurrieron en el delito de concierto para delinquir.

El ente investigador, que no tiene fuero para investigar a los otros siete asistentes a la cita porque su condición de congresistas les da fuero especial para que su caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia, pretende establecer cuáles fueron las causas que llevaron a los dirigentes políticos a acudir a una cita convocada por Salvatore Mancuso, Jorge 40, Diego Vecino y alias Don Berna y a suscribir el ‘acuerdo’. Según el Fiscal General, Mario Iguarán, la idea es escucharlos para saber si se beneficiaron con las acciones militares de los jefes de autodefensa contra candidatos y electores de la región durante la campaña para Congreso de 2002.

Entre las personas que serán escuchadas por la Fiscalía antes de Semana Santa están los ex congresistas Freddy Sánchez, Luis Carlos Ordosgoitia –ex director del Inco- y Eleonora Pineda, así como el ex alcalde Sabas Balseiro. Pineda ha reconocido que acudió a la reunión sin presiones y –según ella- para buscar alternativas de paz con las autodefensas. Entre las personas llamadas a la Fiscalía también figura el periodista Antonio Rafael Sánchez, quien hace un mes se presentó por voluntad propia ante la entidad para que escucharan su versión.

Además de estar expuestos a una pena de tres a seis años en caso de que se les halle culpables, los dirigentes regionales también son claves en el proceso por la ‘parapolítica’ dado que sus testimonios pueden servir para procesar a los congresistas que están a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre su situación. Juan Manuel López Cabrales, Miguel De la Espriella, William Montes, Reginaldo Montes y José de los Santos Negrete, quienes también firmaron el polémico documento han argumentado que lo hicieron por presiones de las autodefensas y hasta que no tenían conocimiento sobre el contenido del texto.

El documento fue suscrito en momentos en que el proceso de paz de San Vicente del Caguán atravesaba una fase de dificultad y, a según algunos analistas, buscaba torpedear dicha negociación.

Aunque la Corte no ha llamado a indagatoria a los legisladores, varios de ellos ya habían sonado por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Miguel De la Espriella y Juan Manuel López Cabrales, por ejemplo, protagonizaron hace más de un año un enfrentamiento delante del presidente Álvaro Uribe, quien le pidió a las autoridades que los investigaran por haberse señalado mutuamente de tener nexos con el paramilitarismo.