La guerra no abandona a Nariño

Los nariñenses confiaron en el proceso de desmovilización del Bloque Libertadores del Sur en julio de 2005. Pero días después las ilusiones fueron trastocadas por la decepción. Pobladores de municipios como Policarpa, Leiva, El Rosario y Cumbitara, en la región central, y de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, en el eje vial hacia la llanura del Pacífico, comenzaron a ver hombres armados, muchos de ellos ya conocidos desde antes de la desmovilización.

Unos hablan de falsos procesos de desmovilización y de intensos procesos de reclutamiento; otros, de incumplimientos por parte del Estado. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior se defiende, y señala que son grupos al servicio del narcotráfico que se hacen pasar por autodefensas para evitar la extradición (ver respuesta del gobierno).

“No entiendo por qué si el 30 de julio de 2005 se desmovilizaron 677 hombres del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas, hoy hay más de 2.000 paramilitares activos en todo el departamento. Eso no es un proceso que conduzca a soluciones de fondo. Creo que se les está mintiendo al país y al departamento”, afirma Néstor Montilla, asesor de Paz de la Gobernación de Nariño.

Nueve meses después de los actos de desmovilización, en Nariño persiste la actividad paramilitar bajo nuevas denominaciones: Mano negra, Hombres de negro, Águilas negras y Organización Nueva Generación, así como de Los Rastrojos, que actúan bajo el mando de Wílber Varela, capo del cartel del Norte del Valle solicitado en extradición por Estados Unidos.

“Si se mira bien, ese proceso va por mal camino. La presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se ve por todo el departamento. Yo discrepo de quienes dicen que en Nariño hay nuevos grupos. Los paramilitares no han vuelto por una sencilla razón: nunca se fueron, se quedaron”, advierte Montilla.

Entre otras cosas se quedaron y lograron aumentar su número porque, según denuncias que reposan en las oficinas de las autoridades nariñenses, dos meses antes de la fecha de desmovilización, las Auc reclutaron cerca de 400 jóvenes en Pasto y en los municipios bajo su dominio territorial, quienes debían concentrarse un mes antes de la fecha de dejación de armas a cambio de 18 meses del auxilio económico ofrecido por el gobierno nacional.

En síntesis, se desmovilizaron los nuevos reclutas más un grupo mínimo de antiguos combatientes del Bloque Libertadores del Sur (BLS), pero dejaron intacta y operando la fuerza paramilitar real en dos zonas clave: la llanura pacífica, con Tumaco y el corregimiento Llorente como centros de operaciones, y el norte del departamento, en el área comprendida por los municipios de Rosario, Leiva, Cumbitara y Policarpa.

Aparecen lentamente

“En Nariño le están jugando sucio a la vida”, afirma una fuente gubernamental que solicitó la reserva del nombre. Las denuncias sobre acciones paramilitares en diversas regiones del departamento comenzaron justo una semana después de la desmovilización. Sin embargo, quienes se atrevieron en ese momento a denunciar los hechos en reuniones con autoridades civiles y militares, fueron calificados de “terroristas”.

Sus apreciaciones se basaban en datos entregados por las comunidades que advirtieron que el propio Álex Medellín, uno de los comandantes del BLS, anunció días antes de su desmovilización, a través de una emisora radial de las Auc, que un lugarteniente suyo, un ex policía conocido con el alias de ‘Pedro’, quedaría al mando de por lo menos 60 hombres.

Con el paso de los meses, se reforzaron las versiones. En octubre se supo de la presencia de un comando armado paramilitar llamado Los Rastrojos en el eje vial Tumaco-Junín-Barbacoas y las zonas ribereñas del río Patía. En noviembre, la comunidad Awá del corregimiento Junín, de Barbacoas, denunció la presencia de ese grupo en sus territorios: “son los mismos hombres que estaban antes de la desmovilización”, dicen las autoridades indígenas.

En diciembre, las autoridades del municipio de San Pablo alertaron sobre la presencia de paramilitares en la localidad, bajo el nombre Nueva Generación. Allí, dos meses antes, se conocieron amenazas escritas de las Auc contra la Asociación Agroambiental de la localidad.
Los pobladores de Policarpa, localidad nariñense enclavada en la montaña, a 125 kilómetros de Pasto, tienen fresco en su memoria el arribo de Nueva Generación a la localidad: el 6 de diciembre llegaron a Sotomayor, luego pasaron por Pisanda y se instalaron en los corregimientos de El Ejido y Madrigal. El hecho lo confirma la misma Policía del lugar, que aclara que “son una disidencia del Bloque Libertadores del Sur”.

Entre enero y febrero de 2006 se incrementaron las muertes selectivas por sicariato en Pasto, 28 en total, atribuidas al fenómeno paramilitar; así como las amenazas de muerte y el cobro de ‘vacunas’ a comerciantes y transportadores en varios municipios nariñenses.

En febrero, dos maestros del Sindicato del Magisterio de Nariño de los municipios de La Tola y Roberto Payán fueron amenazados. En ese mes, y no obstante haberse desmovilizado, Álex Medellín, de origen antioqueño, regresó a Policarpa. “Se hospeda siempre en el hotel Carretero y lo cuidan unos 30 hombres armados. El hotel queda cerca de la estación de la Policía”, asevera una fuente estatal.

Pero lo que en un comienzo se consideró como pura especulación, se convirtió en una evidencia incuestionable. En el sexto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA), presentado en Washington el 1º de marzo de este año, se expresó la situación de Nariño.

“[...] fue posible verificar la existencia de un grupo conocido como Mano Negra o Águilas Negras, cuyo centro de operaciones es el corregimiento de El Palmar, municipio de Leiva y que se extiende hacia las veredas Esmeraldas y La Sierra del municipio de El Rosario, el corregimiento de Remolino del municipio de Taminango (Nariño), y posiblemente en los municipios Mercaderes y Balboa (Cauca). Este grupo opera en el área de influencia del ex Bloque Libertadores del Sur, que estaba adscrito al Bloque Central Bolívar (BCB). Este grupo estaría conformado por un número de hombres que oscila entre 80 y 150. Están en proceso de reclutamiento de nuevos combatientes, tanto de desmovilizados como de población de la zona”.

Hay más datos

Otras evidencias llegan en pequeños relatos. El pasado 23 de marzo, una comisión mixta conformada por funcionarios de los gobiernos nacional y departamental, y de una organización no gubernamental, viajaba del municipio de Barbacoas a Tumaco, a través del río Patía, cuando fueron requeridos por hombres armados ubicados en la rivera del afluente. Eran 12 hombres vestidos con camisetas negras y pantalones camuflados. Portaban fusiles y explosivos. Le pidieron al lanchero que los llevara aguas abajo hasta Bocas de Guandipa. Al llegar al caserío, los esperaban cerca de 50 hombres de Los Rastrojos.

A comienzos de abril, en el municipio de Policarpa, un comandante paramilitar conocido con el alias de ‘Jhonny’, quien está al frente del grupo Nueva Generación, en el corregimiento Madrigal, les notificó a los transportadores de pasajeros que debían aumentar la “vacuna mensual” de dos a seis millones de pesos.

En Tumaco, un viejo líder campesino expresó su preocupación por los asesinatos de jóvenes que vienen ocurriendo en las últimas semanas en zonas rurales a manos de un grupo que se hace llamar GLS (Grupo de Limpieza Social). Entre el 8 y el 9 de abril enterraron siete muchachos en el cementerio de esa localidad nariñense.

Esta suma de hechos llevó a varios funcionarios de la Gobernación y a líderes sociales nariñenses a concluir que la desmovilización no tuvo ningún resultado. “Fue una fachada para legalizar sus acciones contra las comunidades. Ahora son asesinos a sueldo del Estado, que salen cada mes a cobrar la ayuda del gobierno y retornan al campo a seguir matando”, dice con rabia un comerciante de Policarpa, cansado de pagarles extorsiones cada mes y cansado también de denunciar la situación ante las autoridades, sin resultados concretos.

Pero los desmovilizados también están inconformes. Durante una reunión realizada a comienzos de abril en la Gobernación de Nariño, un hombre identificado como Juan Carlos, comandante militar del Bloque Libertadores del Sur, conocido con el alias de ‘JC’ y de origen antioqueño, fue enfático en advertirles a las autoridades regionales que ni el gobierno nacional ni el Alto Comisionado para la Paz les han cumplido, y afirmó que había regresado a Nariño a coordinar a sus hombres, muchos de los cuales, según él, “regresaron a las montañas”.

Lo que pretenden los paramilitares, de acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas, “es preservar el control del mercado de la droga que detentaba el desmovilizado Bloque Libertadores del Sur”, y coinciden en admitir que “estas actividades ilícitas se hacen con la complacencia de la fuerza pública”.

Se sabía desde 2003

Lo que viene ocurriendo en Nariño desde el 30 de julio de 2005 ya había sido advertido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en un informe subregional de riesgo fechado en enero de 2004 y que no fue dado a conocer por la entidad.

“El escenario tendencial que se configura es que la concentración de una parte de los combatientes estaría acompañada del copamiento territorial por combatientes del mismo Bloque Libertadores del Sur que no se articulan al proceso (de desmovilización) y por parte de unidades pertenecientes al Bloque Central Bolívar, cuya presencia ha sido menos perceptible en el departamento”, afirma el SAT en el informe.

Y agrega: “Ello se explica por varios factores: de un lado, se ha venido produciendo una descentralización del Bloque Central Bolívar en contingentes que buscan garantizar o lograr el control de las zonas de producción de cultivos de uso ilícito y las rutas de embarque (ver artículo sobre la coca); de otra parte, el carácter gradual del proceso de desmovilización está acompañado del copamiento de los territorios donde se tiene hegemonía por otras unidades militares como una forma de garantizar su seguridad; por último, dado que la disputa por el control del circuito de cultivos está aún en curso y es central al financiamiento de la guerra, lo que produce es un relevo militar que no deja espacios vacíos”.

El informe del SAT coincide con la afirmaciones del Asesor de Paz de la Gobernación de Nariño: “Los paramilitares no han vuelto, por una sencilla razón, nunca se fueron, se quedaron”.

Pero tras las realidades bélicas de Nariño, que se ven agravadas por el desplazamiento masivo y las víctimas de las minas antipersonales (ver artículo sobre las minas), también hay expresiones de resistencia civil que pretenden hacerle frente a la confrontación armada. En Samaniego, localidad en la que sus autoridades y habitantes, trabajan desde hace tres años en su Pacto de Local de Paz (ver artículo sobre Samaniego). Allí le apuestan a un modelo en el que prime el respeto por la población civil y el derecho a gobernar sin presiones. Algo que se requiere en Nariño con particular intensidad.