La marcha del Primero de Mayo en Bogotá terminó en disturbios con un saldo de 12 heridos

La marcha del Primero de Mayo en Bogotá concluyó con un violento ataque de encapuchados contra miembros de la Fuerza Pública. El saldo: doce heridos, entre ellos nueve uniformados y tres civiles. Además, 24 personas fueron detenidas mientras que numerosos locales del centro de la ciudad fueron destruidos.
 
Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGT, una de las organizaciones sindicales que convocó a la marcha, rechazó la violencia como forma de protesta. “No estamos de acuerdo, de ninguna manera, con la agresión física a los agentes de Policía o a los soldados. Ellos son humildes trabajadores, hijos de trabajadores, con familiares trabajadores. Condenamos la violencia contra ellos”, dijo.

La marcha se inició de manera tranquila. Los trabajadores que participaron portaron pancartas alusivas a sus movimientos mientras que lanzaban consignas a favor de que se llegue a toda la verdad en el tema de la parapolítica, en contra del TLC y en exigencia de mejores condiciones labores. Igual, se pidió discutir de nuevo un aumento salarial del salario mínimo porque, a su juicio, la inflación superó las metas previstas cuando se realizó el acuerdo. La jornada estuvo tranquila hasta el final con el balance anotado.

Las palabras del Fiscal

Los miles de trabajadores salieron a las calles de las principales ciudades para celebrar el Día Internacional del Trabajo. El ambiente estuvo cargado por el reconocimiento del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien en una visita oficial a Estados Unidos afirmó que “algunos” asesinatos de sindicalistas han sido cometidos por militares.

“Desafortunadamente -digo desafortunadamente porque ¿quién quiere ver a miembros de su fuerza pública en particular, al Ejército de su país, de su patria, involucrado en estos hechos?-, en muchos de los casos encontramos la acción, en ocasión por omisión, pero igualmente censurable, y en actitud criminal, de miembros de la fuerza pública”, señaló Iguarán.

Con esta declaración en el aire, los trabajadores colombianos salieron a las calles. Y a propósito de esta jornada, Semana.com da un vistazo a su situación laboral y sindical.

Historia de un legado

El Primero de Mayo, miles de trabajadores de todo el planeta celebran su día como conmemoración de aquella fecha de 1886, cuando por las calles de Chicago desfiló una manifestación de obreros. Reclamaban una jornada laboral justa que garantizara a diario ocho horas de trabajo, ocho de sueño y ocho para el hogar.

Tres días después, los principales líderes de aquel reclamo fueron detenidos, enjuiciados y ejecutados. Pero su legado quedó para siempre. Hoy, la mayoría de países del mundo contemplan estos tiempos dentro de su normativa laboral.

Aquella heroica historia demuestra que detrás de cada derecho que tienen los empleados, hay toda una lucha. A ese respecto, Colombia no es la excepción.

Sin embargo, las opiniones difieren. “Una cosa es la Colombia que se muestra en el exterior, con una Constitución cargada de derechos y garantías. Otra es la que se vive desde adentro en condiciones difíciles”, coinciden en resaltar varios investigadores en sus informes.

Normas actuales

En materia laboral, hay dos condiciones recientes para mostrar. “En primer lugar, era bien conocido el hecho de que algunos sectores requerían flexibilizar sus jornadas laborales para incrementar su producción de bienes y servicios, y al mismo tiempo el empleo”, dice el Ministerio de la Protección Social.

Entonces se amplió la jornada de trabajo diurno. Ya no es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sino desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así, los empresarios pueden contratar personal para que trabaje mínimo cuatro horas y máximo 10 diarias hasta completar en total 48 a la semana.

También cambió el costo de la indemnización para empleados despedidos sin causa justa. Ya los trabajadores que superen los 10 años en una empresa no tienen un beneficio económico especial, como sucedía antes.

Esto se hizo porque “las empresas, sin importar los efectos sobre productividad, despedían a sus trabajadores antes de cumplir los diez años” para evitar el pago de indemnizaciones altas. En teoría, ahora se puede durar más años dentro de una organización.

¿Quién gana?

Con esto, según las leyes, “no solamente se esperan efectos sobre la generación de empleo, sino también sobre su calidad”. Suena bien. Eso es un supuesto avance en material laboral, digno de mostrar.

Pero la realidad ha revelado otra faceta. “Al contrario, se incrementó el trabajo por prestación de servicios y el subempleo sin horario definido. Como consecuencia, los trabajadores ahora asumen por su cuenta la seguridad social y el pago del impuesto de retención en la fuente”, lamentan las asociaciones de trabajadores.

“La contratación por cuenta de cobro se impone cada vez más sobre la vinculación formal, que le brinde todas las garantías al trabajador”, según el diagnóstico de las centrales obreras.

La conclusión es que de paso, las empresas se libraron de las indemnizaciones o, en caso de pagarlas, son más baratas. Entonces salir de los trabajadores ahora es más fácil y no es necesario tenerlos vinculados para que hagan sus labores.

“Esto ha impedido la organización sindical, porque para que el Ministerio de la Protección Social reconozca un sindicato, exige que sus integrantes tengan vinculación laboral”, explica Fabio Arias, presidente encargado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

A raíz de esa situación, las cifras de sindicalistas han mermado notablemente. Mientras en 1990, 12 de cada 100 empleados pertenecían a un sindicato, hoy sólo lo hacen 4 de cada 100.

Con su argumento, Arias pone en duda quién se beneficia realmente con las nuevas normas laborales del país. “Lo que eso nos dice es que cambiaron las reglas de juego. Ya no se tienen en cuenta los sentimientos de los trabajadores, sino la acumulación de riquezas en quienes tienen más dinero”, opina Jorge Alvín Amaya, dirigente de la CUT.

Arias y Alvín hablan así porque representan a la otra Colombia. La oculta. La oscura. La de los sindicatos, que cada Primero de Mayo salen a las calles para exigir dignidad en salarios, en salud y en pensiones.

Ardua labor

En algunos casos lo hacen en condiciones difíciles. Un informe de la fundación Centro de Estudios Políticos (Ceps) asegura que “los conflictos laborales en Colombia se han resuelto tradicionalmente a través de la violencia. Son numerosísimos los casos denunciados de grandes empresas o poderosos terratenientes que han recurrido a la contratación de sicarios o grupos paramilitares para frenar las reivindicaciones de los trabajadores provocando matanzas o matando a los líderes sindicales”.

Y aunque la situación ha mejorado ostensiblemente aún existen casos que manchan el panorama. Lo que da pie a afirmaciones, en especial de organizaciones extranjeras, como la Ceps, tan dramáticas. “Los asesinatos a trabajadores no han cesado desde que en 1928 se produjo la masacre de las bananeras. En ella, centenares de obreros y sus familias fueron asesinados por el Ejército para acabar con la huelga en la multinacional United Fruit Company”, reza en aquel análisis.

Esto pasa aunque el Estado colombiano ha ratificado los más relevantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en algunos casos la escena se repite. En el mes pasado, la compañía Chiquita Brand aceptó su culpa en el pago a grupos de paramilitares que dieron muerte a trabajadores sindicalizados. Por esos días, se señaló que la Drummond, que explota carbón en Colombia, también tiene acusaciones por hechos similares.

Y así ha pasado con “los petroleros, los mineros del oro y de la plata, los finqueros de la leche, del aceite y de la carne (y por supuesto los traficantes de coca)”, como lo señaló Héctor Abad Faciolince en una columna en la revista Semana.

Todo esto ha hecho que la actividad sindical, la que pide derechos laborales, sea una especie de oficio de alto riesgo.

Las cifras no mienten

Recientes informes de la Escuela Nacional Sindical (ENS), muestran que en los últimos 21 años han sido asesinados en Colombia 2.515 sindicalistas. El balance da cuenta de que en los últimos años, la situación ha sido constante, toda vez que en 2005 fueron muertos 70; en 2006, 72, y nueve en lo que va de 2007.

“Alguno de esos asesinatos son responsabilidad de paramilitares y militares”, como lo reconoció el propio fiscal Mario Iguarán.

Aunque se tienen serios indicios sobre los autores, “se ha mantenido la tendencia histórica de desinformación y silencio en cuanto a los responsables de las violaciones contra los sindicalistas” asegura el informe del Ceps.

Esto ha hecho que el miedo siga latente. Así lo describe Domingo Tovar, director del departamento de derechos humanos de la CUT. “Por ejemplo, los testimonios de los paramilitares que se desmovilizaron nos importan, porque revelan los sitios donde hay cadáveres de sindicalistas, las formas en que murieron y quiénes eran”, dice.

“Pero no hemos vuelto a los recintos donde dan sus declaraciones porque no hay garantías. Uno va allá y personas vestidas de civil lo filman a uno, le toman fotos y todo lo que pasa ahí se está filtrando y llega hasta paramilitares que no se han desmovilizado”, comenta.

Sin embargo, para el gobierno del Presidente Álvaro Uribe la situación ha tenido una fuerte mejoría durante los últimos años. Y, según el Jefe de Estado, esto obedece a su política de Seguridad Democrática. “En 2006, mataron a tan solo 25 sindicalistas y en lo que va del 2007 sólo ha muerto uno. Y todo indica que no es por razones de sindicalismo”, dice el presidente.

Además, Uribe da un ejemplo categórico. “Yo le mostraba al ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton las estadísticas de seguridad sindical y se sorprendía. Me dijo: divúlguelas para que las conozcan”. Seguramente, Uribe mostrará sus cifras durante su visita a Washington, donde se reunirá con congresistas demócratas para luchar por la aprobación del Tratado de Libre Comercio.