JUSTICIA
La Nación es responsable de la masacre de Bojayá
Un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó determinó en dos sentencias que la nación es “administrativamente responsable” por no haber protegido a la población civil, a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría. Los familiares de las víctimas recibirán más de 1552 millones de indemnización.
El Juzgado Primero Administrativo de Quibdo determinó en dos sentencias que el estado es responsable de la masacre ocurrida en Bojayá el 2 de mayo de 2001 en donde murieron 119 personas, y 114 resultaron heridas, entre ellos más de 40 niños.
Precisamente, uno de los fallos hace referencia al niño Candelario Valencia Palomeque, quien murió a los 7 años cuando la pipeta cargada de explosivos que lanzó las Farc, se desvió y cayó sobre la Iglesia de Bellavista, en donde la población civil se encontraba refugiada para protegerse de los enfrentamientos entre guerrilleros de las Farc y paramilitares. Las víctimas de la masacre fueron enterradas en una fosa común a orillas del río Bojayá.
El fallo declara a la Nación como “administrativamente responsable” por la muerte de Candelario Valencia y otro habitante de Bojayá, por no haber protegido a la población civil, a pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana el 24 de abril, ocho días antes de que ocurriera la masacre.
El Defensor del Pueblo de ese entonces, Eduardo Cifuentes, había enviado una carta en la que advertía que las autodefensas habían anunciado que se estaban desplazando hacia Bojayá y Murindó en Chocó para ganar el control de ese territorio que estaban disputando con las Farc. La carta había sido enviada al comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias; al ministro del Interior, Armando Estrada; al comandante de la Policía Nacional, general Luis Ernesto Gilibert; al comandante de la cuarta Brigada del Ejército, al comandante de la Policía del Chocó, al gobernador del Chocó y al gerente de la Red de Solidaridad Social.
Por eso la Nación tendrá que pagar más de 1552 millones de pesos como indemnización a los familiares de las víctimas. El gobierno también ha tenido que invertir más de 15 millones de dólares para reconstruir la localidad, a la que regresaron sus sobrevivientes en 2007. Es probable sin embargo que apele la decisión.
Todavía están pendientes de fallo otras 11 demandas contra la Nación por la muerte de otros habitantes de Bojayá.
