"No planear también es corrupción": directora del IDU sobre los retrasos del deprimido de la 94

El deprimido de la calle 94 es una muestra de los males mayores que aquejan a la ejecución de obras públicas: la corrupción se juntó con la falta de planeación y el resultado fue el retraso de una obra que se viene anunciando desde 2005, y que apenas este miércoles 22 de marzo será entregada. Como si fuera poco, la ciudadanía terminó pagando $166.000 millones por un proyecto que inicialmente fue tasado en $45.000 millones.

La obra, que es considerada un ícono de las falencias en la contratación pública, deja lecciones sobre lo que no debe hacerse en esa materia. Yaneth Mantilla, directora del IDU, fue la encargada de dirigir la finalización de la construcción, que finalmente será entregada. Para ella, uno de los aprendizajes en este caso es que no se puede contratar un proyecto sin haberlo estudiado hasta etapas de factibilidad.

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"En el país, en Bogotá, no se puede empezar a construir si no se diseña en detalle, si no se sabe cómo se va a hacer la vía, cuáles son los riesgos, etc. Si todo se tiene planeado, reducen los tiempos y los costos. Pero detrás de las obras tiene que haber planeación", sostiene la funcionaria.

Y es que el deprimido le fue adjudicado al consorcio Conexión -del que hacían parte empresas de Julio Gómez, hoy condenado por el carrusel de la contratación- para que él mismo diseñara la obra y la ejecutara. Es decir, no se sabía a ciencia cierta lo que debía hacerse y ya se estaban firmado los compromisos contractuales.

"El deprimido se empezó a construir y en el camino vieron que lo que se necesitaba eran otras cosas. No planear también es corrupción porque así se producen sobrecostos y retrasos", explica Mantilla. Efectivamente, cuando arrancó la obra aparecieron imprevistos que retrasaron los tiempos. El más determinante fue la identificación de las redes de servicios públicos que debían ser reubicadas, como la red del Tibitoc, por donde circula el agua de millones de bogotanos.

En 2011 se decretó la caducidad del contrato y al año siguiente la obra se puso en manos de un nuevo consorcio. Los plazos se fueron alargando y los habitantes de Bogotá tuvieron que pagar los platos rotos: no solo no podían hacer uso de una obra que habían pagado a través de su impuesto predial, sino que tuvieron que aguantar los traumatismos de una paquidérmica construcción.

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"Si la obra hubiera tenido diseños apropiados y se hubiera ajustado al cronograma, habría estado lista en un plazo máximo de tres años. Pero inició en 2005 cuando aprobaron los recursos, luego vino el carrusel y despúes no se avanzó tanto como se debía", dice Mantilla.

Teniendo en cuenta ese episodio, y otros que marcaron la corrupción en contratación durante el mandato de Samuel Moreno Rojas, como el de la fase III de Transmilenio, el IDU está ajustando sus procesos. Por ejemplo, ha creado pliegos estandarizados para licitar los diseños y las obras, con los que se pretende evitar que sean manipulados de acuerdo a las condiciones de alguno de los oferentes.

El alcalde Enrique Peñalosa durante la apertura del deprimido de la calle 94. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA

Así mismo, están instalando cámaras en las obras -lo hicieron en los últimos meses del deprimido de la 94- para monitorear el avance de los proyectos y evitar que los contratistas pidan prórrogas injustificadas.

Las lecciones recogidas por el IDU incluyen una vigilancia mayor no solo a los procesos de contratación, sino también en el día a día, cuando se ejecutan las obras. También son conscientes de que las multas y los castigos frente a los incumplimientos contractuales deben ser más fuertes.

Luego de una década de espera, la ciudadanía podrá hacer uso pleno del deprimido, compuesto por vías y pasos subterráneos que suman más de 6 kilómetros de construcción, y alrededor de 30.000 metros cuadrados de espacio público. La obra, que mejorará los tiempos de desplazamiento en la calle 94 con avenida NQS, quedará como un recuerdo para la ciudad sobre lo que no se puede repetir en materia de contratación de infraestructura vial.