OPINIÓN

Otra estúpida revocatoria

Odiar a Enrique Peñalosa no puede ser una causal para embarcar a Bogotá en semejante proceso inoficioso y absurdo.

Alfonso Cuéllar, Alfonso Cuéllar
6 de enero de 2017

En el árbol de Navidad que se convirtió la Constitución de 1991 la revocatoria de mandato de gobernadores y alcaldes es uno de los adornos más perniciosos. Es el típico derecho que en papel suena maravilloso y democrático, mas en su implementación es un desastre anunciado. 

El primero en sufrir es la ciudadanía; el gobernante se ve obligado a defenderse, en vez de dedicar todo su tiempo y recursos a resolver los problemas cotidianos por el cual fue elegido. La campaña genera incertidumbre, el peor mal para el desarrollo urbano y rural.

Todo se vuelve más lento y las decisiones pierden su carácter técnico-político. Es un proceso destructivo donde las administraciones municipales quedan en un limbo, una situación nada halagadora en un país como Colombia donde —con contadas excepciones— el atraso en la provisión de servicios en las ciudades es aberrante.

No hay un acto que produzca más polarización que una revocatoria. Su esencia es negativa: impedir que el gobernante elegido complete su período para el cual fue contratado. Es buscar un despido a los trancazos. De allí no se construye concordia.

Lo que es verdaderamente paradójico diría hasta trágico es que incluso el desenlace esperado la revocatoria termina siendo también nefasto para la ciudad. Se requieren nuevas elecciones más incertidumbre y no hay garantía alguna de que el que triunfe no aplique las mismas políticas que causaron el malestar inicial.

Con un problema adicional: al nuevo gobernante le quedarían máximo dos años de mandato. Mientras nombra a su equipo, define los detalles de su programa de gobierno, se va un año. Y el otro transcurre en medio de la campaña para elegir a su sucesor. En fin, una pérdida de recursos y de tiempo valioso.

La fascinación por una figura tan disruptiva como la revocatoria refleja la inmadurez política propia de un país que lleva apenas tres décadas ensayando con la elección directa de alcaldes e incluso menos tiempo, de gobernadores.

Venimos de una cultura centralista donde la responsabilidad de todo recaía en el Presidente quien nombraba a dedo a gobernadores y alcaldes. Aún le reclamamos al jefe de Estado asuntos cotidianos como la educación y la seguridad ciudadana, que son más del resorte de los alcaldes que del gobierno nacional.

En Colombia queremos caminar antes de gatear, correr antes que caminar. Roma no se hizo en un día. Estamos biches en la rendición de cuentas de nuestros gobernantes locales y regionales y por ello, preferimos opciones tremendistas y extremas como las revocatorias, antes de utilizar el sinnúmero de herramientas de monitoreo y control.

Subestimamos los roles de los concejos municipales y asambleas departamentales, de las juntas de acción local, de las personerías y contralorías, de las corporaciones autónomas regionales. Todas forman la base del sistema de controles y balances. La revocatoria, en cambio, funciona como una bomba nuclear, sólo deja devastación por su camino.

Lo irónico es que en Colombia ya existe la opción de revocatoria cada cuatro años. Se llaman elecciones y logra el mismo fin. En Bogotá la tuvimos en 2015: el 80 por ciento votó en contra de la candidata que prometía continuar las políticas del entonces alcalde Gustavo Petro. Y en los comicios para el concejo los bogotanos fueron aún más: el movimiento petrista apenas quedó con un concejal de 45. Uno.

Por eso es ridículo que Gustavo Petro esté ahora promoviendo la revocatoria del actual mandatario de Bogotá porque “si Peñalosa continúa su mandato destruirá la reserva forestal del norte y usará la financiación del metro en Transmilenio. Daños irreversibles”.

Es importante recordarle a Petro y a los otros que quieren sacar a Peñalosa del Palacio de Liévano, que la consecuencia de una elección es que el que gana no sólo tiene el derecho sino el deber de ejecutar su programa.

Es tan poco seria la iniciativa de la revocatoria que el primer comité promotor nació en noviembre de 2015, antes de que Peñalosa se posesionara. Odiar a Enrique Peñalosa no puede ser una causal para embarcar a Bogotá en semejante proceso inoficioso y absurdo.

Como lo dijo magistralmente Moisés Wasserman: “promueven la revocatoria de Enrique Peñalosa por hacer lo que prometió y no lo que propusieron quienes perdieron”. Qué inmadurez democrática.

Twitter: @Fonzi65

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