Durmiendo con el enemigo

Los colombianos nos quejamos frecuentemente de la ausencia de la buena fe entre nosotros. Cunde la desconfianza en muchas actividades cotidianas y en las transacciones comerciales reina más el inciso y el parágrafo de los contratos que la palabra. Son cada vez menos usuales los acuerdos verbales, las estrechadas de mano. Es una lástima; siempre he creído que el tejido social de una sociedad se construye sobre la confianza.

Paradójicamente esa suspicacia desaparece ante los extranjeros. A ellos sí les damos el beneficio de la duda y proyectamos hacia los foráneos las cualidades positivas que nos negamos a nosotros mismos. Para un país abierto a la inversión y al turismo, es un atributo; como soporte de nuestro relacionamiento con otros gobiernos y organizaciones internacionales, una flaqueza. Quizá no haya una frase más trajinada en la política exterior que la de que “los países no tienen amigos, sino intereses”. Empero, no sólo es cierta sino que la misma lógica aplica a las instituciones supranacionales que han emergido desde la Segunda Guerra Mundial. No existe en la Tierra un tribunal neutro y ajeno a la subjetividad, los prejuicios y las presiones nacionalistas. Por algo los estados se esfuerzan por poblar a esos organismos de sus ciudadanos.

Tres decisiones –dos de estos días y otra, de mayor envergadura del 2012– desnudan los riesgos para Colombia de permitir a otros forjar su destino. La primera, en Washington en la OEA, ya ha sido ampliamente, difundida. Más diciente que el resultado –la no convocatoria a una reunión hemisférica de cancilleres– fueron las explicaciones: “Panamá nos traicionó”, “contábamos con Haití”. Esas palabras no forman parte del lenguaje diplomático. Incluso Colombia, en múltiples ocasiones, ha cambiado su voto en el último momento por razones de Estado. El problema de acudir al OEA es que desde hace años Venezuela maneja las mayorías (el ALBA y los países caribeños son su base). Y el régimen chavista, como buen imperialista, no duda en utilizar el garrote (cortarles el chorro de petróleo) para imponer su voluntad.

La segunda decisión es una pérdida de tiempo. Me refiero, obviamente, a la posibilidad de demandar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por las deportaciones inhumanas de colombianos, promovida tanto por el Fiscal General como por el Procurador. Fuera de obtener los aplausos de la galería, es una acción inoficiosa que no resuelve el problema inmediato, ni el mediano o largo plazo. Ese tribunal es más lento que la justicia colombiana. El resultado de la demanda es incierta y dependerá de la composición de sus miembros y la coyuntura política internacional en el momento que fallen. Dudo, además, que genere un cambio de comportamiento del régimen venezolano; algunos de sus altos oficiales ya tienen procesos abiertos en las cortes de Estados Unidos y ni eso parece haber reducido sus presuntas actividades delictivas.

La tercera decisión, que en el momento parecía lógica, es hoy un lastre que restringe la capacidad de reacción del gobierno colombiano a los desmanes venezolanos: la participación oficial de Venezuela en las conversaciones de paz.  Ha sido documentado el papel favorable que desempeñó Hugo Chávez en persuadir a las Farc de sentarse a negociar. Por ese rol y las aparentes relaciones amistosas entre los dos países –o por lo menos entre Santos y Chávez–, se acordó la designación de un delegado de Caracas como acompañante del proceso.

El involucramiento de Venezuela como observador es más sui géneris de lo que muchos se imaginan. Al consentir la presencia de numerosos comandantes de las FARC y campamentos guerrilleros en su territorio, el gobierno venezolano ha sido y es un actor del conflicto. La efectiva implementación de un acuerdo de paz depende en una altísima proporción a qué hace y qué deja de hacer el régimen de Maduro. Si las FARC pueden seguir utilizando al vecino país como su retaguardia estratégica, lo que se firme en La Habana quedará cojo, muy cojo.

Durante cinco años, la garantía de la buena voluntad y conducta de Venezuela estaba sustentada en la normalización de las relaciones entre las dos naciones y la solidaridad regional con Colombia. Esos dos pilares quedaron destrozados con los acontecimientos de estas semanas. Es ingenuo intentar disgregar el rol venezolano en el proceso de paz de la crisis bilateral, como han pregonado algunos. Son inseparables. El primer delegado venezolano a las negociaciones fue su embajador ante la OEA, Roy Chaderton, quien el lunes pasado dejó claro qué opinaba de los colombianos deportados a la fuerza.

Es evidente que la política de apaciguamiento con el gobierno de Caracas perdió su utilidad. Éste no correspondió a la confianza ofrecida por la administración Santos. La permanencia venezolana en la mesa de La Habana es una amenaza a la seguridad nacional de Colombia. Excluirla será costosa en el corto plazo –las Farc podrían incluso amenazar con levantarse de la mesa– pero peor es no hacer nada. El futuro de la República de Colombia no puede pender de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela.