Ante los defensores desprotegidos, ¿el Estado qué?

La semana pasada estaba programada una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en Colombia para las y los defensores de derechos humanos quienes padecen una preocupante situación con relación a la Procuraduría General de la Nación que, además de entorpecer su labor en la protección de derechos humanos, pone en riesgo su integridad y seguridad. La audiencia examinaría cómo la agenda político-religiosa del Procurador Alejandro Ordóñez deja desprotegidas a las mujeres y a la población LGBTI.

No obstante, la audiencia nunca se realizó, porque el Estado Colombiano se excusó de asistir, con la disculpa del huracán Sandy. De esto se enteraron las otras personas citadas al llegar a Washington D.C., y ante la cancelación las y los defensores atendieron en su lugar a una reunión con algunos representantes de la CIDH, ante quienes expusieron la situación. Cabe destacar que la CIDH, ni ese día, ni antes, anunció la suspensión de sus audiencias para esa fecha por el huracán Sandy. Tan es así, que el mismo día que se iba a realizar la audiencia cancelada, representantes del Estado Colombiano participaron en audiencias sobre otros temas.

Ahora bien, no era necesaria la participación de representantes de la Procuraduría para la realización de la audiencia, sino solamente la delegación del Gobierno. Sin embargo, ninguna de las dos partes asistió o hizo algún esfuerzo para reprogramar la audiencia. Asimismo, por más que no sea obligatoria la participación de la misma Procuraduría, es una institución pública con un deber de rendir cuentas frente a la sociedad civil, y es inoportuna su actitud evasiva frente a denuncias legítimas por parte de la misma.

Pero lo que es realmente inexcusable es la conducta del Gobierno, que deja muchas inquietudes. ¿Por qué canceló solamente esa audiencia y no las demás? ¿Qué tipo de intereses hay detrás? ¿Tuvo la Procuraduría alguna influencia? ¿Están siendo los defensores doblemente victimizados porque la Procuraduría ha capturado no solamente las instancias domésticas y sino que vía la delegación del Estado también está controlando las internacionales?

Como si lo anterior fuera poco, aún más preocupante de la situación, resulta lo vivido por las y los peticionarios a raíz del evento. Han sido víctimas de amenazas, represalias y acciones de descrédito de tal forma que la CIDH se vio en la obligación de sacar un comunicado exhortando al Estado garantizar su seguridad. En el comunicado se puede leer que dichas acciones fueron “tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de altas autoridades estatales”, sin mencionar cuáles serían estas autoridades estatales.

El día antes de la audiencia programada llegó a todos los correos de las Relatorías de la Comisión Interamericana un mensaje solicitando la defensa del Procurador ante la “amargada” Mónica Roa, defensora de los derechos de las mujeres y una de las peticionarias y un powerpoint de 20 páginas encaminado a su difamación ante los miembros de la CIDH.

La misma CIDH sostiene que las y los defensores de derechos en la sociedad civil y su participación en instancias internacionales constituyen una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos en la región. Sin embargo, reclamos legítimos de derechos son cada vez más objetos de una persecución sistemática por parte de funcionarios públicos y grupos de derecha con tinte religioso dogmáticos. Y ante esto, ¿qué hace el Estado Colombiano cuando ni siguiera cumple su compromiso de aparecer para debatir el tema?
 
*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia (www.dejusticia.org)