El castigo

Colombia es un país de delincuentes. De ladrones, se ha dicho desde los tiempos en que la descubrió Rodrigo de Bastidas: aquí se roban un hueco. De asesinos, como es sabido también desde entonces: desde que los conquistadores españoles degollaron a los indios y se destriparon entre sí, hasta el Monstruo del Modelaje que acaban de capturar en La Guajira, pasando por los cortes de franela de la Violencia partidista y las motosierras de los paramilitares. Un país de violadores, de secuestradores, de estafadores, de calumniadores, de falsarios, de abigeos, de terroristas, de encubridores, de parricidas, de prevaricadores. Aquí se han inventado delitos que no existían desde los días del Paraíso Terrenal. A veces, movidos por el asombro, los reporteros de sucesos se los atribuyen a la vesania ritual de alguna secta satánica. “¡Colombiana!”, clamaba hace años una señora escandalizada. “¡Una secta colombiana! ¡Que no vengan ahora a echarle la culpa de lo que hacemos los colombianos al pobre Satanás…!”.

Y cada día peor. Es natural. Un país que lleva casi medio siglo teniendo por principal fuente de ingresos y de empleo una sustancia cuya producción, comercialización y consumo están prohibidos por las leyes locales e internacionales no puede menos que haberse criminalizado en todos los aspectos. La prohibición de la droga es la raíz de la corrupción generalizada de las conciencias.

Me repito, ya lo sé. La realidad colombiana se repite, y escribo sobre la realidad colombiana (o satánica).

La más reciente alharaca es la de los delincuentes que contratan con el Estado las comidas escolares, y las sirven podridas. Mezcla varios delitos: fraude, tentativa de envenenamiento, detrimento patrimonial, abuso de confianza, concierto para delinquir… En Colombia, como he observado muchas veces, un delito suele ocultar otros varios. Hablo de alharaca porque detrás no hay escándalo verdadero: pasará en un par de días sin que pase nada. Algún juez prevaricador absolverá fraudulentamente a los responsables, que procederán a renovar sus contratos de provisión de alimentos para los colegios oficiales, desde su casa por cárcel en el peor de los casos.

Mientras lo que entendemos los colombianos como castigo a los delincuentes sea la cárcel, eso seguirá igual. Mientras lo que se pida es que los culpables -de lo que sea: el robo de un celular o la violación de cien niños, un ‘falso positivo’ o un atentado terrorista- vayan a “pudrirse en la cárcel”, aquí se seguirán cometiendo alegremente todos los delitos sin temor al castigo. No solo porque en la práctica el castigo no llega casi nunca (noventa y nueve de cada cien delitos quedan impunes, o se negocian), sino porque ese castigo de cárcel que pide la sociedad no asusta a los delincuentes. Ni a los pequeños: pasar de El Cartucho a La Modelo, de uno a otro círculo dentro del mismo infierno, no implica mucha diferencia, y hasta puede parecer un mejoramiento de estatus. Ni a los grandes: seguir manejando los contratos o la política desde las instalaciones del hotel-boutique de Aquimindia o desde el resort de Tolemaida no es muy distinto de hacerlo desde las montañas de Colombia o desde las oficinas de, pongamos, una Alcaldía. Aquí se extorsiona desde las celdas de alta seguridad, se hace trasteo de votos desde las unidades de cuidados intensivos de las clínicas por cárcel. La cárcel no es un estorbo ni una amenaza. Lo único que puede atemorizar a un delincuente colombiano grande o chico, tal vez hasta el punto de disuadirlo del delito, es que le quiten la plata ganada gracias a él. Y eso no sucede nunca.

Supongo que para que suceda algo así se requiere la convocatoria de una Asamblea Constituyente, como se requiere para hacer cualquier cosa en Colombia: arreglar un semáforo, cambiar de banco, sacar un carro de los patios, terminar una guerra, tapar un hueco, resucitar a un muerto. Si es así, que se haga la convocatoria. Porque la reforma que necesita la justicia en Colombia no está en las funciones de las altas cortes ni en los modos de la elección de magistrados, sino que consiste en algo elemental: en que a los delincuentes, sean raponeros de TransMilenio o determinadores de masacres, e incluyendo a los jueces que absuelven a los unos y a los otros, los obliguen a devolver la plata.

Ahora:¿quién va a administrar toda esa plata?