La barbarie

Como es costumbre cuando se comete en Colombia un crimen particularmente mediático –esta vez la violación y asesinato de la niña de 7 años Yuliana Samboní– sale la gente a la calle con pancartas de indignación y gritos de protesta. ¡Sociedad enferma!, clama alguien. ¡Nuestros niños y nuestras niñas!, denuncia otro. Los caricaturistas se sienten obligados a dibujar una lágrima. Los más reputados penalistas saltan a ofrecerse como

abogados de la víctima. Los periodistas de la radio se exaltan hasta la histeria. Los columnistas de la prensa escrita comentamos el caso con mayor o menor sensibilidad, sensiblería o sensatez. ¡Todo el peso de la ley!, prometen con saña las autoridades. Un senador pide prisión perpetua, otro castración química, otro más pena de muerte, y varios una reforma de la Constitución: el habitual sanalotodo. La sociedad reclama venganza. ¡Que el culpable se pudra en la cárcel! –pues además de la cárcel, se pide la pudrición; y es verdad que es un común agregado de las infernales cárceles de Colombia.

Y es costumbre también que alguien hable en nombre del sentido común –esta vez el exministro de Justicia Yesid Reyes en una columna de periódico– y recuerde la famosa opinión de un campesino sobre la pena de muerte: “Que la quiten”.

Pero gritan más fuerte las mayorías exaltadas. A Rafael Uribe Noguera, el asesino de la niña, trataron de lincharlo las turbas enfurecidas cuando la Policía lo sacó de la clínica en que se había escondido. La aterradora muchedumbre sedienta de sangre no solo está en el Congreso, sino también en la calle. Y en la cárcel: los presos de La Picota no reciben al violador y asesino de la niña en sus patios, y lo amenazan de muerte.

Una cifra: cada nueve horas es asesinado un niño en Colombia. Como sucede con todos los demás delitos, en este la impunidad debe ser cercana al ciento por ciento. ¿O es que acaso son juzgados y condenados por los tribunales 1.000 asesinos de niños cada año? “Nosotros también tenemos hijos y familia”, se justifica uno de los presos de La Picota que rechazan a Rafael Uribe. Pero la inmensa mayoría de los abusos sexuales contra los niños son cometidos por un familiar cercano. La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, registra nada menos que 25.000 casos en los últimos tres años. Ella ha sido una de las más esforzadas partidarias de la cadena perpetua para los violadores, con un doble argumento: que suelen ser reincidentes, y no se puede permitir que “las calles sigan llenas de confesos predadores que ya cumplieron su pena”; y que las penas actuales no se cumplen por “la poca efectividad de nuestro paquidérmico aparato judicial y la laxitud de algunos de nuestros jueces y los vaivenes jurisprudenciales que ponen en la calle con prontitud a los predadores sexuales de menores”. Lo cual sin duda es cierto; pero es también el caso de cualquier otro tipo de delincuentes. Es de sobra sabido que en Colombia la impunidad es descomunal, pero es poco probable que el agravamiento de los castigos sirva para disminuirla. Como señala el exministro Reyes, “en Colombia desde l980 hasta hoy hemos sextuplicado las penas sin que ello haya sido suficiente para reducir la criminalidad”.

¿La justicia por mano propia, como querían los que esperaban a Rafael Uribe a la salida de la clínica para lincharlo?

Otra cifra: cada tres días ocurre un linchamiento en Bogotá. No conozco el dato para el país entero. Y este lo tomo de un informe publicado hace seis meses en El Espectador por el periodista Jaime Flórez Suárez: entre junio de 2014 y junio de 2015, 140 personas murieron linchadas y otras 600 fueron rescatadas por la Policía de las garras violentas de muchedumbres enfurecidas. Más: no hay un solo detenido por linchamiento (y no sé si el hecho está tipificado como delito en el Código Penal). La barbarie está en el Congreso y en la calle y en la cárcel, y también en los códigos.