Enemigos de la paz: ¡Basta Ya!

No son números, no son estadísticas, son personas. Detrás de cada campesino asesinado hay familias, niños, esposas, madres y amigos que hoy viven el profundo dolor de perderlos. Fueron personas que hace poco marcharon y votaron por la paz, que creyeron y trabajaron por un país mejor, eran líderes de juntas de acción comunal, de zonas de reserva campesina o referentes de sus comunidades, en suma personas que esperaban vivir muchos años más para disfrutar un país en paz y seguir trabajando por su región, pero la paz ya no fue para ellos. La brutal maquinaria de muerte usada por los enemigos de la paz, truncó sus sueños.

Sus liderazgos son una gran pérdida para las comunidades donde tenían sus raíces y su experiencia. Eran parte de las potencialidades y acumulados que facilitarán que el acuerdo de paz se apalanque en un formidable tejido social y comunitario que garantice su implementación. Formaban parte de los líderes y lideresas que desde la profundidad de la tierra sembrada, desde las asambleas donde se organiza la vida comunitaria, desde las movilizaciones y protestas reclamando presencia estatal, aportaron a la construcción de un modelo de gestión territorial que permitió resistir seis décadas de guerra, capacidades hoy orientadas a la construcción de paz. Los enemigos del proceso propinan un duro golpe, que no amilana para nada el compromiso con la construcción de paz.

Al momento de escribir esta nota, en pocos días han sido asesinados cinco líderes campesinos de la Marcha Patriótica: Erley Monroy, en San Vicente del Caguán (Caquetá); Didier Losada, Platanillo, jurisdicción de La Macarena (Meta); José Antonio Velasco y Jhon Jairo Rodríguez ambos en Caloto (Cauca); Rodrigo Cabrera, Policarpa, (Nariño). Además han atentado contra la vida de Danilo Bolaños Díaz (Nariño) y Hugo Cuéllar (Caquetá). También hubo un atentado contra Argemiro Lara, líder de restitución de tierras en Ovejas (Sucre). Los enemigos de la paz han puesto en marcha un plan siniestro al amparo de la incertidumbre que rodea el proceso, el tiempo corre en contra de la posibilidad de consolidarlo.

No hablamos de hechos aislados, para perpetrar estos asesinatos bien sincronizados se necesitó de un plan que requiere que los sicarios hicieran seguimiento a cada una de las víctimas y las tuvieran plenamente ubicadas y establecidos cada uno de sus movimientos. Esto exigió una logística, recursos, dinero, apoyos y sobre todo autores intelectuales que lo planificaron en detalle, las preguntas son: ¿estos enemigos de la paz, pueden impunemente asesinar líderes sociales para impedir la implementación de los acuerdos? ¿Estos enemigos de la paz, pueden torcer el curso de la historia y devolvernos a la guerra y la barbarie? ¿Es el Estado colombiano incapaz de contenerlos?

No creo que diga nada nuevo si señalo que en Colombia hay un sector rural terrateniente al que no le conviene la reforma agraria por tibia que esta sea, les hablo de ese 0,44 por ciento del país que posee el 46 por ciento de la tierra, los mismos a quienes les sirve el campo abandonado e improductivo; esa ultraderecha finquera que financió el paramilitarismo de los años ochenta y noventa; la misma que perpetró más de 1.900 masacres, la misma cuyo interés primordial es mantener la concentración de la tierra y con ella el poder político ¿son estos los enemigos de la paz? ¿Son estos los promotores de la guerra? ¿Puede el Estado colombiano desmantelar eficazmente la oprobiosa maquinaria de la muerte que han desatado? ¿Podrá el acucioso fiscal mostrar resultados contundentes en corto plazo?

¿Qué hacer? En lo inmediato, desde el gobierno y los organismos de control se debe promover un paquete de medidas especiales para proteger a todos los líderes campesinos del país. La Procuraduría debe nombrar procuradores regionales de derechos humanos en Cauca, Meta, Caquetá, Nariño, Santanderes y otras regiones en riesgo, La Fiscalía debe comisionar un cuerpo especial de fiscales y la defensoría debe hacer presencia en estas comunidades. El Ejército y la Policía deben trabajar en equipo para hacer presencia disuasiva y sobre todo se debe crear una nueva Unidad de Protección para líderes rurales y étnicos en sus territorios.

Si la nuez del conflicto es el problema de la tierra y un eje esencial de los acuerdos es la Reforma Rural Integral, un actor determinante de la implementación serán las organizaciones campesinas, además de las garantías de seguridad y protección de la vida de las comunidades campesinas, la respuesta complementaria indispensable para contener los enemigos de la paz, es iniciar ya la implementación de los acuerdos en materia de Reforma Rural Integral. Es con esta institucionalidad campesina, que ha resuelto por su cuenta las necesidades que el Estado nunca atendió, que ha resistido con dignidad a la guerra durante cinco décadas, que se debe proceder a implementar la Reforma Rural Integral que labrará el arduo camino de construcción de paz estable en el campo.

El campesinado como sujeto histórico de las luchas por las transformaciones de los problemas estructurales, que determinaron el surgimiento y dinámicas del conflicto social, político y armado, constituye una fuerza vital para el desarrollo económico, social, político y cultural del mundo rural colombiano, esta reserva histórica, esa capacidad instalada en nuestros territorios, ese modelo de gestión territorial, social y comunitario, puede convertirse en un modelo de construcción territorial de paz.

Presidente, Juan Manuel Santos, nos resistimos a creer que los enemigos de la paz, los promotores de la guerra, sean más poderosos que el Estado colombiano, usted ha adelantado contra viento y marea un proceso que culminó con éxito, porque a pesar de los tropiezos hoy tenemos un nuevo acuerdo. No permita que los enemigos de la paz nos condenen a 50 años más de guerra. No permita que los promotores de la guerra nos impongan sus perversos propósitos. ¡Garantías de seguridad y protección de la vida de los líderes sociales! ¡Implementación ya de los acuerdos! ¡Enemigos de la paz: basta ya!