Ayúdame que yo te ayudaré (¿o ayudé?)

La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral podría mostrar que la tradición política y las carencias institucionales pesan más que las esperanzas de cambio.

Esta semana el Congreso elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Todo parece indicar que cinco de los actuales magistrados serán reelegidos y que el Partido de Integración Nacional (PIN) logrará elegir, con el apoyo del gobierno y de la coalición, a su candidato. Esto sería lamentable para la democracia y nos mostraría, una vez más, que la tradición política y las carencias institucionales pesan más que las esperanzas de cambio.

La Constitución permite que los partidos presenten, cada cuatro años, candidatos a magistrados del CNE para que el Congreso los elija. Cada partido, según el número de curules que haya obtenido, logra elegir a sus magistrados. Este es el sistema de elección que estableció la reforma política de 2003. La Asamblea Constituyente de 1991 había diseñado un sistema menos politizado en el cual los partidos postulaban y el Consejo de Estado elegía.

Los políticos conocen muy bien la importancia de estas elecciones. Esto es así, porque el CNE es quien regula, inspecciona, vigila y controla toda la actividad de los partidos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos. Esta institución, por ejemplo, se encarga de controlar la financiación de los partidos y campañas; sancionar a los incumplidos; reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos; escrutar las votaciones nacionales; revisar los escrutinios regionales; declarar la elección de los candidatos, etc.

Además de conocer estas funciones, los partidos son conscientes que pueden elegir a sus magistrados. Para ellos es importante que quien los controle sea débil y, para lograrlo, deciden incrustarse en las autoridades electorales. En otras palabras, los partidos eligen a los magistrados del CNE y los magistrados elegidos –al menos en teoría- controlan a los partidos. Este diseño ayuda a comprender por qué todos los partidos quieren un cupo. Esto incluye, por supuesto, a los tristes Alas Equipo Colombia y Convergencia Ciudadana que en 2006 eligieron sus magistrados y al PIN que quiere hacer lo propio ahora. En síntesis, ayúdame que yo te ayudaré.

Todo esto se refuerza, además, con la casi segura reelección de los magistrados que hace un mes verificaron el fraude electoral de las votaciones al Congreso. En una frase: ayúdame que yo te ayudé.

Cuando cada cuatro años se posesiona un Congreso y gobierno nuevos, el ambiente se llena de esperanza. Incautos y cautos creen, o quieren creer, que el mundo político se renovó: que el país por fin cambió. Este momento esperanzador tiende a repetirse cada cuatro años. Así fue en 1998 cuando el ex presidente Ernesto Samper dejó el gobierno. Muchos creyeron que las relaciones entre mafiosos y políticos serían cosa del pasado. Al poco tiempo comprendimos que, por el contrario, en el cuatrienio siguiente los grupos paramilitares se expandieron y se aliaron con buena parte de la clase política y económica del país.

En la actualidad podría estar ocurriendo algo parecido al cambio Samper-Pastrana. Esto es así porque muchos creen que las relaciones entre mafiosos y políticos terminaron. Si bien es verdad que el cambio de presidente es decisivo, también es cierto que fuerzas estructurales persisten. Es por eso que la elección de los magistrados del CNE será una buena oportunidad para comprender si pesa más la tradición política o las esperanzas de cambio. ¿Apoyará el gobierno y la coalición al candidato del PIN?

Cambiar una historia de corrupción e ilegalidad pasa por elegir con responsabilidad a los magistrados del CNE en el corto plazo, y por una reforma estructural de la organización electoral que garantice su independencia de los partidos, del Congreso y del gobierno, en el mediano plazo. En países como Costa Rica, Guatemala y Perú se logró desligar a las autoridades electorales de los partidos políticos. Colombia podría aprender mucho de estas experiencias.

Si no introducimos reformas políticas profundas en este momento, posiblemente debamos lamentarlo en cuatro u ocho años cuando, con suerte, conozcamos qué paso en 2010.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia- (www.dejusticia.org)