Un balance: un año de la implementación 

La Fundación Paz y Reconciliación ha construido, después de un año en terreno con decenas de personas recogiendo información, un balance sobre el posconflicto y el estado del país a un año de la firma de los acuerdos. Se analizan 17 ítems, a nivel territorial se hizo el estudio en los 281 municipios del posconflicto, y se realizaron análisis con datos oficiales sobre todos los indicadores de violencia. Algunas cosas que van bien, otras que recién arrancan y otras tantas en estado crítico, ese es el balance. En total 250 páginas de información, con cerca de una veintena de conclusiones generales. Pero destacó tres de ellas.

Tal vez la principal conclusión es que la guerra, entendida como conflicto armado, terminó, es decir, el conflicto armado se acabó, con ello casi todos los indicadores de violencia están descendiendo de forma impresionante. Solamente, en 2017 la violencia homicida ha comenzado a aumentar en los municipios priorizados del posconflicto. Los datos son los siguientes: A. Hubo en 2012 un total de 15.957 homicidios y 12.262 en 2017. En los 281 municipios se pasó de 4.114 a 3.157 homicidios entre los mismos años. B. De 232.000 desplazados en 2012 se pasó a 30.000 en 2017, es decir, 200.000 desplazamientos menos. C. En temas de secuestro se pasó de 3.278 secuestrados en 1998, o 3.306 en el año 2002 a 205 en 2016. D. De poco más de 1.200 afectados por minas antipersonal en 2006 se pasó a 15 en lo que va de 2017.

Como se dijo, en temas de violencia homicida, 2017 comienza a mostrar repuntes con respecto al año 2016. Tal vez esta es la segunda conclusión. De los 281 municipios, un total de 123 muestran incrementos. Hay casos dramáticos y no es únicamente Tumaco. Policarpa, Nariño, pasó de 10 homicidios en zona rural en los primeros 10 meses de 2016 a 25 homicidios en el mismo periodo en 2017. Los 123 municipios con aumento de la violencia homicida se pueden dividir en dos grupos. Uno, de cerca de 76 municipios, que han visto incrementar la violencia homicida producto de la expansión que han realizado organizaciones criminales en las antiguas zonas donde operaban las Farc.

Otros 47 municipios estarían padeciendo lo que el informe denomina, anarquía criminal. Es decir, las Farc durante los años que operaron en sus zonas, crearon una estructura de regulación social, en la cual dirimían disputas entre vecinos, solucionaban problemas de linderos y hasta temas de deudas. Hoy las Farc ya no están y las comunidades se están tomando la justicia por sus manos. Por ejemplo, en Puerto Alvira, departamento del Guaviare, se pasó de cero homicidios en 2016 a cuatro en 2017 y todo por temas de deudas y disputas alrededor del consumo de licor.

La tercera conclusión es el pobre balance de la implementación jurídica de los acuerdos de paz. Se calculó que producto de estos el Congreso debía probar un total de 67 iniciativas legislativas. Al final el gobierno solo presentó 24, de ellas han sido aprobadas 10 y es probable que terminen siendo aprobadas 2 más, para un total de 12. Un balance insuficiente para lograr la implementación territorial de los acuerdos.

El acuerdo de paz tenía tres grandes objetivos. El del Gobierno era que las Farc desaparecieran como grupo armado ilegal, y eso se logró, si bien hay disidencias, lo cual es normal en todo proceso de paz, estos ya son grupos dedicados a la economía ilegal y no tienen relación con la dirigencia del nuevo partido.

El objetivo de las Farc era participar en política, lo cual hasta el momento se va logrando, aunque hay que esperar la estatutaria de la JEP. Pero el objetivo central era acabar con las causas estructurales del conflicto armado, con esas condiciones que han hecho que Colombia, desde su vida republicana, cada tantos años, repita una ola de violencia nueva. Para acabar con estas condiciones estructurales se necesitaba una mejor tarea del Congreso, como los temas de tierras y reforma política y todo eso quedó en nada.