Bombardear a las bandas criminales

Todo arrancó con unas declaraciones donde Uribe llamaba a bombardear a las bandas criminales y sus territorios. Fue una reacción del expresidente ante la proliferación de acciones y la expansión territorial de los herederos de los paramilitares. Tenía además un filo crítico. Le recriminaba a Santos su inacción ante estas fuerzas. La propuesta caló en los mandos militares y de allí saltó a las manos del senador Juan Lozano, quien hizo una documentada exposición de motivos. 

El proyecto de ley ha tomado un nuevo impulso en los últimos días debido a la variedad de informaciones sobre el accionar de las bandas criminales o neoparamilitares. En los últimos meses reaparecieron las masacres que habían desaparecido desde 2005. El Tiempo a su vez, en un informe especial, recrea el impacto de la extorsión en el territorio nacional y dice que el fenómeno acorrala a sectores clave de la economía en medio país y mueve 2 billones de pesos. Arco Iris en su informe anual trae otro dato escandaloso: las Bacrim pasaron en 2012 de tener una influencia en 209 municipios a tenerla en 337. Y el Ministerio de Defensa, advertido de una nueva ofensiva del crimen organizado en Cali y en Medellín, lanzó envolventes jornadas de intervención en esas ciudades. 

Entiendo perfectamente la gran preocupación del gobierno Nacional y del ministro de Defensa ante la arremetida del crimen organizado, entiendo el desconcierto, pero el aporte del proyecto de ley a la contención y desarticulación de las bandas criminales es ninguno y los problemas que traerá con la comunidad internacional y con los organismos de derechos humanos serán muy graves. 

Los propósitos, las estructuras, las acciones, las disputas y los apoyos del crimen organizado han cambiado desde 2008 cuando se cerró el ciclo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ahora busca los mercados internos y las rentas legales e ilegales. Participa del tráfico internacional de las drogas, pero ese no es su fuerte. Tampoco está interesado en hacer presencia directa en la política. Su portafolio es diverso: el microtráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, la captura de los recursos públicos a través de operadores políticos indirectos, los juegos de azar, la influencia en las centrales de abasto. De las grandes estructuras, que se asemejaron a un Ejército distribuido en bloques regionales, pasaron a una compleja telaraña de redes, en las que sobresalen Los Urabeños y Los Rastrojos, con presencia en las principales ciudades, sin espectaculares despliegues armados, pero con importantes nexos con algunos miembros de la Fuerza Pública. 

No hay grandes confrontaciones militares al frente. No es posible bombardear barrios o veredas donde se diluyen estas redes. Hay una compleja labor de persecución e inteligencia. Una penosa depuración de la Fuerza Pública. Una estrategia de ruptura de los nexos de líderes políticos con estas fuerzas ilegales. Un proyecto serio de sometimiento a la Justicia. En esto pueden participar activamente las Fuerzas Militares, como en tiempos pasados contra el narcotráfico. Eso es lo que necesita con urgencia el país. 

En la génesis del proyecto de ley hay una impresionante ironía. En la exposición de motivos el paramilitar alias Eduardo 400 cuenta: que “en 1997 entrenó alrededor de 2.000 hombres en la finca La 35. Era un campo de 100 hectáreas, dos casas, pastos y ganado. Estaba ubicada en los corregimientos de El Tomate y San Pablo, en Antioquia”. Era gobernador Álvaro Uribe. Así se formó el Ejército paramilitar en todo el país. Eran grandes estructuras uniformadas, tenían una flotilla de helicópteros, se desplazaban en caravanas de camiones. Las Fuerzas Militares no bombardearon ni atacaron a estas organizaciones cuando legítimamente podían, ahora quieren meterse a grandes operaciones contra redes diversas, inasibles y difusas. Nada bueno resultará de eso.