Candidatos: la educación como política de Estado

‘Desgraciadas ocurrencias‘ (El Tiempo, abril 21, 2017), fue el titular de la columna del maestro Wasserman en la que describe algunas de las que han sido las políticas en materia de educación, ciencia y tecnología en las últimas décadas, donde ha prevalecido la improvisación sobre la reflexión o el conocimiento.

Estas ocurrencias disfrazadas de buenas ideas las caracterizan la omisión al no considerar la complejidad de factores que inciden en los problemas de la educación. La audacia, lo taquillero, lo mediático han estado por encima del análisis riguroso y holístico que se requiere para reglar estos temas. Cada Gobierno -o ministro- viene con su carpeta de ocurrencias debajo del brazo.

A propósito del año que terminó, enfocado en la corrupción rampante y el "patos al agua" en materia de candidaturas presidenciales reflexionamos sobre lo que planteó Julián de Zubiría recientemente en este medio, “Si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato”, surge la reflexión sobre qué retos tienen los candidatos frente a la construcción de una política pública para formar en Colombia una generación de paz y cumplir con el Plan Decenal de Educación que plantea el perfil del ciudadano colombiano a 2026.

Es fundamental no desistir de considerar la Educación como prioridad y pilar de desarrollo y progreso para el país, pues esta es la vía para fortalecer el desarrollo económico a través de la formación de un capital humano más acorde a las necesidades productivas y a los desafíos de un entorno que requiere innovadoras respuestas a nuevas demandas. Una mejor educación, además, contribuye a disminuir el desempleo y la informalidad, y posibilita una mayor remuneración de los agentes productivos del país, lo que se refleja en el bienestar de su población y en el crecimiento de la economía.

De igual forma, tal como lo manifiesta el Consejo Privado de Competitividad, la educación es clave en el marco del posconflicto, pues esta es un pilar esencial para lograr una paz estable y duradera en aquellas zonas azotadas por la violencia y la criminalidad durante décadas. El acceso, la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación en esos territorios determinarán en buena medida la generación de riqueza, la atracción de inversión productiva y la creación del empleo formal que apalancará su desarrollo en los próximos años.

Estos retos no hay necesidad de sacarlos debajo de la manga. Ya Colombia está más que sobrediagnosticada y cuenta con referentes educativos muy bien documentados que darán pista a los candidatos sobre las prioridades que deben atenderse de forma planificada y no reactiva.

En primer lugar, se requiere la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. Es urgente organizar el sistema educativo en todos sus niveles, de tal manera que estos respondan a las necesidades propias de los contextos, promuevan la investigación, el desarrollo de proyectos, la articulación de los niveles, la promoción de los valores culturales regionales y nacionales y la participación del estado y los actores sociales (Plan Decenal de Educación-PDE).

Así mismo, como lo establece el PDE, hay que garantizar, fortalecer y mejorar el sistema educativo estatal, de modo que asegure, en todos los niveles de formación, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, permanencia, inclusión de toda la población y, por ende, la calidad de la educación, brindando las condiciones adecuadas de financiación e infraestructura.

Pero, además, es menester trabajar en conjunto con otras carteras para mitigar los factores económicos que pueden afectar la posibilidad de que los jóvenes completen su educación. Estrategias integrales para suplir el NBI podrían incrementar su acceso y permanencia en el sistema hasta culminar la educación media. Sin duda, esto incluye extirpar de una vez por siempre la corrupción en estrategias como el Programa de Alimentación Escolar.

Otro aspecto critico es garantizar la financiación e implementación de la Ley 1804/2016 que convirtió la estrategia De Cero a Siempre en una política de Estado para establecer el preescolar integral, fortalecer las competencias y cualificaciones del personal de las modalidades de educación inicial y su sistema de evaluación, y observar con detenimiento las condiciones de certificación de los prestadores de servicios.

El rezago nacional en medidas internacionales como las pruebas Prisa obliga a fortalecer la educación primaria, secundaria y media a través del establecimiento de un currículo nacional con lineamientos generales, pertinentes y flexibles, e incentivar su adopción por parte de los establecimientos educativos. De igual forma, dar un impulso más contundente a la implementación de la Ley 1753/2015 que estableció que el servicio público educativo debe prestarse en jornada única y que su implementación será gradual hasta el año 2025 en zonas urbanas y hasta 2030 en zonas rurales.

No puede haber estudiantes de excelencia sin docentes de excelencia y por esto es inaplazable la construcción una política pública para la formación de educadores, que promueva la profesionalización y el aprendizaje continuo.

Ante el imperativo de que estamos en medio de la cuarta revolución industrial, donde la automatización y la inteligencia artificial son sus pilares, debemos fortalecer la apropiación tecnológica a través de procesos de enseñanza y aprendizaje, proveyendo la infraestructura física y tecnológica a todo el sistema educativo colombiano con criterios de calidad, transversal a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y generar cobertura educativa.

De igual manera hemos de implementar el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) con la oferta de programas, en sintonía con la política de desarrollo productivo y avanzar en el reconocimiento de aprendizajes previos tanto en la educación terciaria como en la superior.

Candidatos, urge leer y atender el Acuerdo por lo Superior -2034, que establece lo que requiere el país para las próximas dos décadas materializando 10 apuestas que condensan los retos en materia de educación superior. Entre otras, se destaca la Educación inclusiva, de calidad y pertinencia y la Investigación (ciencia, tecnología e innovación). En este último ítem debe formularse una política unificada de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para articular los esfuerzos que hacen los distintos actores y tomar acciones reales para garantizar la destinación de recursos estimados a la ciencia, producción cultural y artística llegue al menos el 0,7 por ciento del PIB, y no terminen financiando vías terciarias.

En línea con lo anterior es urgente reglamentar el Acto Legislativo No 10/2017 que reforma el Sistema General de Regalías para mejorar la asignación y ejecución de los recursos. La reducción de los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación, incluida la innovación social, compiten con la corrupción del país. Y para ser un país educado y que trasforme sus estructura de desarrollo económico y tecnológico, es urgente analizar las políticas y recursos de Colciencias, por el impacto de la investigación en la calidad de la educación superior, el apoyo en la formación de alto nivel y en el desarrollo e innovación del sector productivo.

Finalmente, es necesario que como país desarmemos las palabras y los ánimos en aras de construir un futuro reconciliado y promisorio, y eso nos exige entre muchas otras cosas, asumir los compromisos que en materia educativa se establecieron en los acuerdos de paz.

La hoja de ruta ha sido suficientemente discutida y diseñada, lo demás serán solo "ocurrencias".

*Ramsés Vargas Lamadrid, MPA, MSc - Rector Universidad Autonoma del Caribe