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"Los paras no nos sacaron de la Ciénaga; ¿Nos sacará la contaminación?"

La visita de la Convención de Ramsar a la Ciénaga Grande de Santa Marta es una oportunidad para salvarla. Pero depende de la voluntad política del Estado y de la participación ciudadana.

Semana.Com
31 de agosto de 2016

La Convención de Ramsar es un tratado ambiental para proteger humedales, pues capturan carbono, proveen agua, suministran alimento y mitigan desastres. Colombia es parte y tiene seis sitios Ramsar: el último en ser declarado es la famosa Estrella Fluvial del Inírida, y el primero es la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Ramsar tiene una herramienta conocida como las misiones técnicas de asesoramiento, visitas al terreno de especialistas de distintas disciplinas que dan recomendaciones para mejorar la gestión de humedales en crisis, con fundamento en la experiencia global de la Convención. La misión realiza un informe que, previa revisión del gobierno, es publicado.

La Clínica Jurídica de la Universidad del Norte, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y la Universidad de la Florida solicitaron a la Secretaría de la Convención una Misión Ramsar para la Ciénaga Grande. Para realizarla, debe ser pedida por el Estado colombiano. El Ministerio de Ambiente, en un ejemplo de voluntad política, accedió y la visita tuvo lugar entre el 22 y el 26 de agosto.

El país puede esperar de esta misión recomendaciones de muy buena calidad para superar el colapso ecosistémico de la Ciénaga. Los expertos ya se reunieron con la sociedad civil en Santa Marta. La situación es tan crítica, que los pescadores han dicho que lo que no pudieron los paramilitares, lo puede lograr la contaminación: sacarlos de la zona.

Todo el mundo está a la expectativa de los resultados de la misión. Pero su éxito depende de la voluntad de las autoridades para implementar las recomendaciones y de que la sociedad civil tenga un sitio en la mesa. También, de que la Ciénaga siga siendo visible en los medios. Es por eso que las visitas de Ramsar son técnicas, pero en últimas también son políticas.

La sociedad civil ha pedido buena evaluación de impactos, con muestreos representativos; reconocimiento del saber tradicional de las comunidades y una política criminal consistente. La Misión seguramente recomendará mejorar la coordinación entre instituciones, promover políticas más coherentes y evaluar los impactos acumulativos. Y probablemente examinará con nombre propio los efectos de los proyectos de desarrollo, incluyendo el elefante en la sala: las carreteras.

En el fondo, la situación de la Ciénaga es un problema de incentivos: quiénes la destruyen lo hacen porque pueden y porque no pasa nada. Los poderes detrás de ello deben ser conjurados y para eso se necesita voluntad política, plata y supervisión ciudadana.

* Abogado senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA.

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