Chávez: Constitución de bolsillo

No se si recuerdan las famosas imágenes de Hugo Chávez regresando victorioso al palacio presidencial después del golpe de Estado de 2002. Ese golpe militar y mediático que organizó la oposición más inepta del mundo, con la conocida anuencia de Estados Unidos, España y tantos antichavistas criollos que, en el colmo de la doble moral, ahora se sienten autorizados para mandar a callar al mandatario venezolano.

En retrospectiva, lo memorable de esas imágenes no fue tanto el espectáculo del helicóptero de Chávez aterrizando en el palacio, o de las masas que bajaron del cinturón de miseria caraqueño para respaldarlo. Lo extraordinario fue la escena de Chávez sacando una diminuta constitución de su bolsillo mientras anunciaba que los golpistas serían procesados por los medios legales y que, con su regreso, restablecía el orden constitucional y democrático que aquellos habían quebrantado.

Digo que eso es lo memorable porque la próxima semana –cuando los venezolanos aprueben la reforma que eternizará a su Presidente en el poder–, asistiremos a la escena contraria: Chávez se echará la nueva constitución venezolana al bolsillo. Al “articulito” de la reelección indefinida (Chávez dice que le gustaría gobernar hasta 2031), se suman otras perlas, como la potestad del Presidente de nombrar a dedo a los gobernadores de regiones creadas a su medida. Con ello, los venezolanos le dirán adiós a la descentralización y a la democracia representativa local. Para rematar, se da rienda suelta al ejecutivo para suspender las libertades y los derechos ciudadanos bajo el conocido pretexto de los estados de excepción.

Chávez, claro, no es una rareza antidemocrática: lo mismo han hecho, o por lo menos intentado, otros presidentes latinoamericanos con alta popularidad y aires mesiánicos, desde Fujimori hasta Menem y Uribe. Y la reforma constitucional venezolana tiene cosas buenas, como la seguridad social para los trabajadores informales y la continuación del uso de la renta petrolera para financiar la política social.

Pero nada de eso mitiga el carácter antidemocrático de la reforma y del giro que está tomando el gobierno venezolano, así sea con el aval de las mayorías olvidadas por los gobiernos anteriores. Como lo muestran la teoría y la práctica políticas por lo menos desde la Revolución Francesa, el voto de las mayorías es una condición esencial, pero no suficiente, de un sistema democrático. Sin balance de poderes ni garantía de los derechos humanos –como lo dice la Constitución revolucionaria francesa de 1791–, simplemente no hay democracia ni Constitución que merezca ese nombre. Lo demás es la tiranía de las mayorías o el caudillismo de siempre.

El asunto no es ideológico. No hay que ser de derecha para señalar el creciente autoritarismo de Chávez, ni ser de izquierda para criticar el de Uribe. Todo lo contrario: la democracia en estas tierras andinas se fortalecerá sólo cuando los demócratas de izquierda hablen duro contra la concentración de poder de Chávez (sin dejar de defender con igual ahínco su política social e internacional), y la derecha democrática diga clarito que se opone al personalismo reelectorero de Uribe (sin dejar de apoyar su política económica y de seguridad), y todos se la jueguen a fondo por el Estado de derecho a pesar de sus diferencias políticas.

Así lo han hecho, por ejemplo, las organizaciones internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch ha condenado con igual énfasis la injerencia de Chávez en el poder judicial y la interferencia de Uribe en las valientes investigaciones de la Corte Suprema por la para-política. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta con idéntica preocupación la intimidación de los gobiernos de los dos países contra los periodistas que los critican.

No sorprende, entonces, que Chávez le tenga tanta aversión como Uribe a las ONG e instituciones internacionales de derechos humanos. El año pasado, por ejemplo, el chavismo no permitió la visita de la Comisión Interamericana a Venezuela, acusándola sin fundamento de haber sido cómplice silencioso del golpe de 2002. Cómo es la vida: allá las ONG son acusadas de complicidad con el imperialismo, y acá de complicidad con el terrorismo antiimperialista. Lo que indica que algo deben estar haciendo bien.

Amanecerá y veremos el próximo 2 de diciembre, día del referendo por la reforma constitucional en Venezuela. Pero mucho me temo que este año el regalo navideño más vendido en los semáforos de Caracas será una Constitución de bolsillo.

*Profesor de la Universidad de Los Andes y miembro fundador de Dejusticia (Página web: www.cesarrodriguez.net)

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJusticia– (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.