Lobos feroces contra la caperucita roja de nuestras pensiones

Importante espejo para Colombia el repudio popular que hay en Chile contra los Fondos Privados de Pensiones –las AFP– y contra todo el modelo de pensiones en el cual se inspiró el nuestro. El pasado domingo dos millones de personas desfilaron por las principales ciudades de ese país –la tercera marcha masiva en el último año– para exigir una radical transformación o el desmonte de las AFP.

El sistema chileno fue establecido en 1981 por el dictador Augusto Pinochet y 36 años después tiene a la gente en contra porque incumplió sus promesas. La proyección era que los pensionados recibieran mesadas del 70 % de sus salarios. La realidad hoy es que el 80 % de todos los pensionados reciben menos del salario mínimo.

En contraste, las ganancias por intermediación y comisiones de servicio de las seis empresas que dominan el sistema (entre ellas una colombiana del Grupo Sura) son exorbitantes: el 25 % anual de los ahorros de cinco millones y medio de trabajadores, lo cual convirtió el sistema de pensiones en una desaforada maquinaria de acumulación de capital de los principales conglomerados económicos.

Con la opulenta capacidad de financiamiento que les otorgan los ahorros de los trabajadores -10% de los salarios-, las administradoras de los fondos de pensiones hacen grandes negocios que benefician más sus intereses que a las débiles mesadas de la gente. Han acumulado tanto que sus inversiones determinan la suerte de las grandes empresas y bancos de Chile. Y al mismo tiempo crearon una estructura de protección política y mediática que hasta ahora las hace invulnerables. Ministros y altos funcionarios entran y salen de los directorios de las AFP. Las administradoras de los fondos de pensiones también son grandes anunciantes, lo cual explica que muchos medios de comunicación no se atrevan a fiscalizarlas ni a criticarlas.El modelo chileno, que implantó aquí, en su gobierno, César Gaviria, es de esencia neoliberal y se basa en que cada trabajador ahorre para pensionarse, sin ayudas del Estado ni de nadie. Ningún otro país del mundo llegó tan lejos en la privatización de la seguridad social. Según el Banco Mundial y la OCDE, el 85% de los países tienen sistemas de reparto –con aportes del Estado, los empleadores y los trabajadores– y un marco de solidaridad entre jóvenes y viejos, ricos y pobres.

Colombia tiene un sistema de pensiones caótico, irracional e insostenible, con todos los problemas del modelo chileno, algunos agravados. Es excluyente. Según Asofondos –el gremio de las AFP– y el Ministerio de Hacienda, debido a la informalidad y a la mala calidad del empleo, apenas el 30 % de los colombianos que hoy contribuyen a los fondos de pensiones privados lograrán la pensión mínima. Al 70 % restante los amenaza la vejez en la indigencia.

Pinochet, que supo muy bien lo que hizo, mantuvo en Chile el sistema de reparto sólo para las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones afines que disfrutan de altas pensiones. Aquí el Gobierno mantuvo un sistema de prima media en Colpensiones, que es solidario pero inequitativo. Este año saldrán del presupuesto nacional $37,5 billones (el 4,1 % del PIB), para 2,1 millones de pensionados. Apenas $12,3 billones para los del sistema de reparto de Colpensiones (1,3 millones de pensionados) porque la mayoría de los recursos –$25,2 billones– los acaparan 800.000 personas que están en regímenes especiales (Ministerio de Defensa, magisterio, Cajanal, etc). Y hay una elite de 3.682 pensionados –exjueces, excongresistas, etc.– que legal o ilegalmente se hicieron aprobar mesadas superiores al límite de ley de 16 salarios mínimos mes. Cuestan $565.000 millones por año.

Las expectativas de vida y disminución de las tasas de natalidad amenazan los sistemas de reparto en el mundo. Pero el caso chileno retrata los inconvenientes de soltar el sistema a los privados. En Colombia también hay concentración en ese campo: Porvenir y Protección manejan el 81 % de los ahorros de las AFP y aunque los pensionados de Colpensiones se jubilan con el 75 % del salario y los de los fondos con el 20 %, las AFP presionan para privatizar el sistema y eliminar la prima media.

Tanto allá como acá los trabajadores y la academia abogan por un sistema eficiente, incluyente, basado en la solidaridad, que logre universalidad, equidad de género, integralidad y suficiencia en las prestaciones. Pensiones dignas y justas para los trabajadores, una aspiración legítima y sensata que tropieza con los intereses de algunos poderosos y de sus sólidas redes de respaldo político.

Aunque el tema involucra la suerte de la mayoría de los trabajadores y el futuro del país, aquí las prioridades son otras y todos los años se anuncia y aplaza la reforma pensional. Tal vez el desenlace de Chile –cómo evolucione su crisis y cómo la atiendan– nos aporte las respuestas y los perfiles del nuevo modelo a seguir.

@germanmanga