Poderosos e invisibles

Mientras los hospitales se declaran en quiebra, los profesionales de la salud se empobrecen y los pacientes reciben atención deficiente, los intermediarios de la salud se enriquecen. En los peores años para el sector Saludcoop multiplicó su tamaño 176 veces, de acuerdo con sus propios papeles.

El gigante de la salud mandaba a los pacientes a sus propias clínicas, surtía con alimentos los centros asistenciales, creaba empresas para autovenderse medicinas, lavar ropa hospitalaria, efectuar los cobros y adelantar los pleitos, entre muchas otras cosas y sin mencionar las excentricidades.

Quizás ese sea el caso más aberrante pero no el único. El modelo de salud actual está hecho para favorecer a los intermediarios financieros que son, al final, los únicos que ganan con el esquema.

Por eso es necesaria una reforma de la salud. Sin embargo, el proyecto de ley que el gobierno impulsa en el Congreso no soluciona el problema de la intermediación –verdadero parásito del sistema– sino que le cambia de nombre. En lugar de llamarse EPS ahora se llamarán Gestores de Servicios de Salud.

El gobierno planea crear una gigantesca entidad oficial llamada Salud Mía que de acuerdo con el proyecto operará directamente “o a través de terceros”. Es decir de intermediarios. 

El trámite en el Congreso puede incluso empeorar el proyecto, de por sí malo, porque varios intermediarios de la salud tienen influencia sobre los legisladores. 

El Consejo Nacional Electoral certificó que varios partidos políticos han recibido financiación de instituciones con intereses en la salud.

El Partido de la Unidad Nacional, o Partido de la U que es el de gobierno, recibió 445 millones. También han recibido aportes los partidos Liberal, Conservador, PIN y Polo Democrático. 

¿Pueden los senadores y representantes que se han beneficiado de esos aportes de campaña legislar con libertad sobre estos asuntos? La risible exculpación de impedimentos no resuelve esa pregunta. 

Al senador Juan Carlos Restrepo le negaron el impedimento sus compañeros, a pesar de que informó que una EPS financió su campaña. A Olga Suárez Mira también le dijeron que se quedara tranquila a pesar de que advirtió que un familiar suyo en primer grado es gerente de una EPS. Y así sucesivamente, el pasado 8 de octubre, se resolvieron a toda carrera y a pupitrazo 42 impedimentos.

Lo peor es que el tema no termina ahí. 

El propio ministro de Salud y de la Protección Social, Alejandro Gaviria, de cuya buena fe estoy convencido, debería establecer si su paso por la junta directiva de Bancolombia puede generarle un conflicto de interés. Bancolombia, como parte del Grupo Empresarial Antioqueño, tiene intereses en el Grupo Asegurador Sura, uno de los grandes actores en el aseguramiento privado de la salud.

Para colmo de confusiones, la doctora Carolina Soto, esposa del señor ministro de Salud, era hasta el año pasado la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda. Ese es el gremio que agrupa a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en el país. Para muchas de esas entidades, el negocio de la salud es crucial.

Reitero que no tengo dudas sobre la honestidad del ministro Gaviria pero le pido, con el respeto debido, que sea un tercero quien despeje las dudas sobre un eventual conflicto de intereses.

A estas dudas se suman otros ingredientes que parecen estar creando la fórmula perfecta para el desastre. 

Los pacientes han sido ignorados en el trámite de la reforma, los médicos vilipendiados y en ocasiones responsabilizados de una situación de la que en realidad son víctimas, nadie está pensando en solucionar la crisis de los grandes hospitales públicos. Mientras tanto, poderosos intermediarios tienen a socios y patrocinados legislando sobre la salud de todos los colombianos.