Hemos vuelto a la era del comercio como privilegio. En los años 90, el mundo quiso transitar con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hacia un modelo de libre comercio multilateral igualitario con “un país, un voto”. Pero los países en vías de desarrollo necesitaban más que la igualdad de voto para compensar las desigualdades de poder.
Muchos de esos países criticaron entonces la creación de la OMC argumentando que respondía sobre todo a los intereses de países ricos. En especial, el
Acuerdo sobre Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que era un anexo del convenio que creó la OMC, fue objeto de fuertes críticas por imponer a países menos desarrollados unos estándares de propiedad intelectual que limitaban su acceso a nuevas tecnologías, entre ellas medicamentos esenciales.
Sin embargo, aquellos que alguna vez fueron críticos de la OMC y del ADPIC han empezado a extrañar la década de los 90 y sus ideales de multilateralismo.
Esta nostalgia no es del todo infundada. Por ejemplo, gracias a ese multilateralismo en la primera década del siglo XXI,
Ecuador logró retar a la Unión Europea para que eliminara los subsidios que se aplicaban al ingreso de bananos a la zona comunitaria. Así mismo, en el 2001 EE. UU. elevó ante la OMC una demanda contra Brasil, alegando violaciones a acuerdos comerciales.
Según EE. UU., Brasil había desconocido los derechos de patentes de laboratorios farmacéuticos norteamericanos. Brasil sostenía, por su parte, que dicha medida era indispensable para producir localmente medicamentos antirretrovirales más baratos y así frenar el avance de la epidemia del VIH. En esa oportunidad
Estados Unidos tuvo que retirar la demanda de la OMC en tanto se hizo evidente que el derecho a la salud y a la vida debían primar sobre el interés comercial de empresas transnacionales.
Fue precisamente gracias a casos como el de Ecuador y Brasil que, también en el contexto de la OMC, los países en vías de desarrollo impulsaron la
Declaración de Doha. En esta, los países con menos poder plantearon cuestionamientos al modelo de comercio multilateral impuesto por las naciones del norte.
Pero el mundo en el que vivimos actualmente le ha quitado protagonismo a la OMC y al comercio mundial (sólo la revista
The Economist sigue pensando en el libre comercio multilateral). En su lugar, somos testigos de la creciente importancia de acuerdos regionales que operan como exclusivos clubes de los que todos quieren ser socios. Ejemplos recientes de estos nuevos clubes del comercio son el ALCA y el TPP.
El problema de los clubes del comercio es que tienen todos los defectos de los acuerdos multilaterales y ninguna de sus virtudes. En los nuevos clubes los poderosos siguen definiendo la agenda. Los débiles, por su parte, ya no tienen capacidad de asociación ni pueden hacer ruido para defenderse. Así, dividiendo para reinar, los EE. UU. y la Unión Europea han logrado negociar concesiones en materia de propiedad intelectual que van
más allá de las que estaban contempladas en el acuerdo multilateral.
Así mismo, mientras en los tiempos del multilateralismo el apoyo técnico estaba institucionalizado a través de cursos y asesorías realizados por la misma OMC o por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en los tiempos del bilateralismo el socio comercial poderoso envía comisiones como las de la
oficina comercial de los EE. UU. (USTR) a Colombia para que “revisen” el cumplimiento de lo pactado. De estas visitas emergen recomendaciones y agendas poco transparentes, las cuales pocas veces son sometidas al análisis de expertos y organizaciones de la sociedad civil locales.
Por último, los códigos que definen los malos comportamientos de los nuevos socios—como Colombia—son cada vez más detallados y draconianos. Por ejemplo, la semana pasada el USTR publicó su famoso
reporte especial 301, en donde enumera los países que incumplen compromisos de propiedad intelectual relativos al comercio.
En dicho reporte Colombia aparece como un mal socio en materia de propiedad intelectual. Según este reporte, Colombia violó el código de conducta ya que se atrevió, por una parte, a regular los precios de medicamentos, y por otra parte, tuvo la idea descabellada—algo así como botarse borracho y desnudo a la piscina del club—de redactar el borrador de un decreto que pretende promover la competencia en el sector de medicamentos biotecnológicos.
Una de las lecciones que deja el reporte del USTR es que los nuevos clubes del comercio son muy peligrosos para países en vías de desarrollo. No sólo las cuotas de mantenimiento de estos clubes son muy costosas, sino que implican un sacrificio desproporcionado. Al pertenecer a tan exclusivas organizaciones, los nuevos socios limitan su libertad de implementar políticas públicas en áreas como la salud pública. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en un país como Colombia, entusiasmado con la posible membrecía en los nuevos clubes del comercio como el
acuerdo de asociación transpacífico (TPP), al que vecinos como México, Perú y Chile ya se sumaron.
*Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJusticia